Frank Bainimarama, primer ministro de Fiji. Foto: EFE

Escribe Isabel Calle (@icallev) / Directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

Han pasado casi 3 años desde que en Lima se realizó la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20, 2014) y hoy empieza en la ciudad alemana de Bonn la COP23, que se encuentra organizada por Alemania, pero presidida por Fiji. Esta COP es la primera liderada por un país vulnerable por los impactos del cambio climático y es la primera que se realiza desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París, aunque dicha salida no se efectuará sino hasta noviembre de 2020.

Para el primer ministro de Fiji, Frank Bainimarama, presidente de la COP23, las prioridades están enfocadas en aumentar la capacidad de resiliencia de todas las naciones vulnerables ante los impactos del cambio climático, así como impulsar el acceso a la financiación para la adaptación al cambio climático. Ello significa que Fiji tendrá como parte de su agenda en la COP23 avanzar en temas relacionados al mecanismo de pérdidas y daños, así como el financiamiento para la adaptación al cambio climático.

Uno de los primeros temas en los que se requiere avanzar en la COP23 está relacionado a sentar las bases para el Diálogo Facilitador, previsto para realizarse en el 2018 con la finalidad de que los Estados Parte puedan tener la oportunidad de hacer un último balance de sus contribuciones nacionales determinadas (NDC), antes de que sean irreversibles a partir de 2020, ello encaminado a aumentar su nivel de ambición. Para ello, debe considerarse que la Presidencia de la COP23 espera que, en dicho diálogo, los países se guíen por el espíritu de “Talanoa”, una palabra fiyiana que hace referencia a un proceso inclusivo, participativo y transparente que condice a la toma de decisiones para el bien común.

Este Diálogo Facilitador, ahora denominado Diálogo de Talanoa, es aún más importante si consideramos los resultados del reciente reporte de ONU Ambiente “Informe sobre la disparidad en las emisiones (2017)” que señala que para 2030 solo se alcanzaría un tercio de la reducción de emisiones requerida para cumplir los objetivos climáticos; y advierte que para 2100 es muy probable un aumento de la temperatura mundial de al menos 3°C, incluso con la plena implementación de las contribuciones actuales determinadas a nivel nacional por cada Estado.

Durante la COP23 también se busca avanzar en la definición de las guías necesarias para operativizar el Acuerdo de París (también conocido como el Manual de reglas para el Acuerdo de París) que deberán estar finalmente definidas durante la COP24 a realizarse en Polonia. Por ejemplo, si bien es cierto los países han presentado sus contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) aún se requiere trabajar el marco de transparencia para el reporte y monitoreo de las NDC así como establecer las reglas necesarias para aumentar la ambición de las metas que estas se han establecido.

¿Cómo llega Perú?

En el contexto nacional, desde el 2014 se han presentado una serie de iniciativas legislativas encaminadas a aprobar finalmente una Ley Marco de Cambio Climático.  Esperamos que luego de casi 3 años de debate legislativo, finalmente este año podamos contar con la aprobación de esta ley. Sin embargo, si bien esto es un primer paso, aún se tiene una extensa agenda que cumplir por parte de nuestras autoridades.

En el campo de las energías renovables, donde existe un potencial para países como Perú, hemos tenido algunos avances. De un lado, en el 2015 se aprobó el Decreto Legislativo 1221 que permite la generación distribuida desde los usuarios de la red eléctrica, es decir, dispone que “los usuarios del servicio público de electricidad que disponen de equipamiento de generación eléctrica renovable no convencional o de cogeneración (…) tienen derecho a disponer de ellos para su propio consumo o pueden inyectar sus excedentes al sistema de distribución, sujeto a que no afecte la seguridad operacional del sistema de distribución al cual está conectado”. Sin embargo, dicha disposición aún se encuentra pendiente de reglamentación.

Complementario a lo anteriormente mencionado, se requiere que el gobierno peruano desarrolle impuestos al carbono. Po ejemplo, Colombia ha fijado durante el 2017 el denominado ‘impuesto verde’ al carbono con la finalidad de reducir la utilización de combustibles fósiles. 

Finalmente, se requiere tratar de involucrar a las municipalidades en el debate climático, sobre todo si consideramos que las mismas pueden realizar una serie de acciones en el marco de sus competencias que puedan aportar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o que puedan colaborar a través de acciones de adaptación, sobre todo en el caso de ciudades vulnerables.

Esperamos que la COP23 pueda dinamizar un mayor compromiso climático del Perú y que se mantenga vivo el liderazgo del país logrado en la COP20 y en su contribución a la agenda de acción climática de actores no estatales así como a la agenda sobre género y cambio climático y finalmente al Acuerdo de París aprobado en el 2015.