Texto de Kjeld Nielsen / Comunicaciones UA-ICAA

El momento finalmente llegó. Dependiendo de la fuente consultada, entre 12,000 y 20,000 personas llegarán a la capital peruana en los siguientes días, como parte de las delegaciones provenientes de más de 190 países de todos los continentes. Lima, como sede de la COP 20, será escenario del más importante debate que afronta la humanidad en la actualidad, aquel que definirá el futuro del planeta.

Incluso en el contexto mayor de las negociaciones climáticas, esta es una ocasión de particular relevancia. Y es que, tras el fracaso de la COP realizada en Copenhague, Dinamarca en 2009 y del renovado proceso lanzado en 2011 en Durban, Sudáfrica se ha definido a la COP21 a realizarse el próximo año en Paris, como el plazo máximo para alcanzar un nuevo acuerdo climático global. La COP20 en Perú, por tanto, es la última oportunidad para lograr una propuesta preliminar y consensuada de un acuerdo justo, ambicioso y vinculante. Más aún, como latinoamericanos, es una ocasión imperdible para “jugar de local” y aprovechar “nuestra cancha” para incorporar el potencial de la región como una prioridad en las negociaciones.

De acuerdo con la Presidencia de la COP20, el principal objetivo es lograr un borrador de acuerdo sólido, pero también definir un documento de Lima que conduzca la transición – y progresiva reducción de emisiones – hasta el año 2020, en que se implementaría el futuro acuerdo climático global. En este contexto, el liderazgo del Perú y de la región es clave para impulsar modelos de desarrollo que prioricen la sostenibilidad y la Amazonía es, sin ninguna duda, un eje estratégico de dichas negociaciones.

Como es sabido, la Amazonía, abarca el mayor bosque tropical en el planeta – a través de 9 países -, es refugio de la mayor biodiversidad, así como hogar de cientos de pueblos originarios y, sobre todo, provee servicios ambientales invaluables para toda la humanidad, particularmente, como regulador del clima. En términos simples, sin una Amazonía saludable y segura, no hay acuerdo que garantice la estabilidad climática global.

Si bien los países de la región no están entre los principales emisores de gases de efecto invernadero, en países como el Perú, cerca de la mitad de las emisiones provienen de la deforestación y el cambio de uso de suelos, convirtiendo a la pérdida de bosques amazónicos en la principal fuente de emisiones para el país. Afrontar las amenazas y potenciar las oportunidades inherentes a la conservación de la Amazonía, deben ser entonces, hilos conductores de estas conversaciones.

En esa línea, detener los procesos de pérdida de bosques es una prioridad impostergable. Promover la gobernanza de los recursos naturales, a través del fortalecimiento de capacidades y de alianzas entre las autoridades pertinentes – como es el caso de la colaboración entre la Fiscalía y los Ministerios del Ambiente y de Agricultura que vienen impulsando esfuerzos inéditos para monitorear y afrontar efectivamente la pérdida de bosques en el Perú – son ejemplos alentadores que marcan la ruta a seguir.

Asimismo, la valoración de los servicios ambientales de la Amazonía como incentivo a su conservación es un enfoque que debiera dar la pauta también durante las dos semanas que durará la COP20 y más allá. Experiencias pilotos como los esquemas de pago por servicios ambientales hidrológicos que vienen impulsándose en los ríos Gera o Alto Mayo en San Martín o como los mecanismos REDD+ implementados en Ucayali, demuestran cómo con la visión correcta, la conservación y aprovechamiento sostenible de los bosques y ríos de la Amazonía son parte fundamental de la solución a la crisis climática global. Las oportunidades para la Amazonía están planteadas y el momento de impulsarlas llegó.