• Propuesta se dio en el marco de la COP16, a fin de que los gobiernos de Perú y Colombia cumplan con sus metas de conservación.
• Estudio comparativo entre ambos países analizan cómo sus gobiernos abordan el enfoque de conservación basada en derechos para efectivizar derechos territoriales de pueblos indígenas en espacios de conservación de la biodiversidad.

[Descarga el informe aquí]

 

Un reciente informe elaborado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Amazon Conservation Team (ACT), en el marco de la COP16, explora cómo la aplicación efectiva de la conservación basada en derechos en áreas protegidas beneficiaría tanto a la biodiversidad como a los pueblos indígenas en Perú y Colombia.

El informe Conservación Basada en Derechos: Desafíos, brechas y oportunidades del avance en derechos territoriales de pueblos indígenas y su relación con la tenencia de tierras y con la conservación de la biodiversidad, presentado en la COP16, toma como base el enfoque de conservación basada en derechos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Este enfoque, entre otros, implica una conservación con justicia donde “los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados en la conservación de la naturaleza respeten y garanticen los derechos (tanto sustantivos como procedimentales) de las personas que puedan verse afectadas eventualmente con las medidas de conservación”, señala el documento.

Según la UICN, esta perspectiva establece que toda estrategia de conservación debe respetar y promover los derechos humanos de las comunidades locales.

Para Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas, la conservación basada en derechos “es ser justos, ser equitativos, respetarnos y tener en claro que el planeta es para siempre”, afirmó durante la presentación del informe en la COP16.

“Creo que es un largo camino por recorrer. Hemos tratado, tanto la SPDA como la ACT, de empezar a hacer estas reflexiones entre países para identificar estos espacios grises. Nos falta muchísimo por seguir investigando y seguir construyendo como región para  tener esta visión grande y poder ver nuestra Amazonía como algo de todos, para salvaguardar los derechos de nuestros pueblos y seguir construyendo”, explicó.

Existen brechas en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas

Uno de los hallazgos del informe enfatiza que cuando se busca reconocer los derechos indígenas sobre sus territorios dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP) se acrecientan las dificultades ante la falta de articulación interinstitucional y multinivel para llevar a cabo estos procedimientos.

En Colombia, los pueblos indígenas cuentan con 25 millones de hectáreas tituladas bajo el régimen de resguardos. Sin embargo, el informe explica que esta protección excluye el subsuelo y los cuerpos de agua, que siguen siendo de propiedad estatal. Esto ha generado tensiones con las comunidades indígenas, ya que el Estado puede otorgar licencias a terceros para la explotación de estos recursos.

La investigación de la SPDA y ACT aclara que «el derecho formal se distancia del concepto de territorio que tienen los grupos étnicos”, dado que la cosmovisión de los pueblos indígenas concibe el territorio como un todo indivisible, que incluye tanto elementos visibles como espirituales.

En tanto, en Perú, las limitaciones normativas para reconocer derechos indígenas plenos en ANP son aún más complejas. A pesar de la figura de reservas comunales, que permite la cogestión, las comunidades indígenas tienen dificultades para  contar con titularidad sobre sus tierras en estas áreas. El informe destaca que cerrar estas brechas es clave para respetar los derechos indígenas y cumplir con compromisos internacionales en materia de derechos humanos y conservación ambiental.

La cogestión fortalece la conservación basada en derechos

En Perú, las reservas comunales representan un intento por establecer mecanismos de administración compartida de áreas protegidas entre el Estado y las comunidades indígenas.

El modelo de cogestión implementado en estos espacios es señalado como una oportunidad para promover la conservación inclusiva y sostenible. A la vez, el informe sugiere que esta experiencia tiene que replicarse en otros tipos de ANP, lo cual permitiría una mayor participación indígena en la administración de sus territorios ancestrales.

La cogestión contribuye a una gobernanza ambiental que no solo respeta los derechos indígenas, sino que también beneficia la biodiversidad y promueve un uso sostenible de los recursos.

Superposiciones en áreas de conservación y territorio de pueblos indígenas en aislamiento

La superposición de las ANP con territorios de los pueblos indígenas en aislamiento representa un trabajo pendiente para alinear las zonificaciones de estos espacios de conservación con el principio de no contacto que exige la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y en situación de contacto inicial (PIACI).

En Colombia, aunque los avances en cogestión de áreas protegidas han sido significativos, el informe enfatiza que la falta de claridad en la normativa sobre la administración de estos territorios sigue siendo un desafío.

La normativa ambiental permite una coexistencia en algunos casos, pero aún no se ha alcanzado una estructura que garantice una equidad efectiva entre las decisiones del Estado y los derechos de los pueblos indígenas en las áreas de conservación.

Falta fortalecer la protección de los PIACI y PIA

La protección de los pueblos indígenas en aislamiento y en situación de contacto inicial (PIACI) es un tema de alta prioridad en ambos países, según el informe. En Perú, los PIACI han recibido reconocimiento formal de su derecho de posesión a través de la creación de reservas territoriales exclusivas que buscan proteger sus derechos y su hábitat.

Sin embargo, se explica que estas reservas son vulnerables debido a la falta de claridad en la normativa y a mecanismos de protección insuficientes. En este contexto, se identifica una debilidad estructural en el mandato de intangibilidad de estos espacios, así como una institucionalidad que requiere ser fortalecida debido a limitaciones presupuestarias y técnica la Dirección de los Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (DACI) del Mincul.

En tanto, en Colombia, los pueblos indígenas en aislamiento (PIA) también están protegidos mediante normativas específicas que buscan establecer áreas de intangibilidad para garantizar su seguridad y subsistencia.

A pesar de estas medidas, el informe destaca la persistencia de presiones externas sobre los recursos naturales de estas áreas, lo cual representa una amenaza constante para este grupo población. El documento sugiere que Colombia fortalezca la coordinación entre las autoridades y las comunidades indígenas para consolidar la protección de estos pueblos vulnerables.

Datos:

• Conservación Basada en Derechos: Desafíos, brechas y oportunidades del avance en derechos territoriales de pueblos indígenas y su relación con la tenencia de tierras y con la conservación de la biodiversidad, ofrece el contexto en ambos países, hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
• Además, contiene dos casos de estudios: Parque Nacional Sierra del Divisor y pueblos indígenas en situación de aislamiento: entre áreas naturales protegidas y pueblos indígenas (Perú); y Protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario yuri-passé (Colombia).