• Durante la COP 16, indígenas amazónicos y especialistas exhortaron a los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela a enfrentar de manera conjunta a la minería ilegal de oro.
• Llamado de acción se dio en medio de un panel que comentó los hallazgos del informe “Minería Ilegal de Oro: Impactos sobre los Derechos Humanos y la Biodiversidad en la Amazonía – Seis países reportan”.

[Descarga el informe sobre minería ilegal aquí]

 

Frente a la afectación causada por la minería ilegal de oro en la Amazonía, representantes de pueblos y gobiernos indígenas afectados por esta actividad ilícita expusieron sus problemáticas en el evento «Justicia ambiental: protegiendo y deteniendo la pérdida de la biodiversidad biológica en la Amazonía», en la zona verde de la COP16, en Colombia.

El evento se desarrolló como parte de la presentación del informe “Minería Ilegal de Oro: Impactos sobre los Derechos Humanos y la Biodiversidad en la Amazonía – Seis países reportan” y fue transmitido en directo a través de las redes de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Previo a la participación de los panelistas, Mariana Rendón, gerenta de People in Need, moderadora del evento, comentó a modo de introducción que el informe desglosa, entre otros, las consecuencias de minería ilegal de oro en la región, entre ellas la destrucción ambiental y social, el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas y la afectación a la salud.

También explicó cómo se prolifera el crimen organizado y corrupción en las zonas afectadas por la actividad ilícita. “La minería ilegal es frecuentemente controlada por redes criminales que se benefician de la corrupción y la débil presencia estatal en las zonas afectadas”.

Posteriormente, Ruth Alipaz, lideresa indígena de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) de Bolivia, destacó que la cuenca del río Beni, hogar de seis naciones indígenas, ha sido contaminada por la minería ilegal, a pesar de que estas comunidades nunca han practicado la minería.

“Somos las comunidades más contaminadas, y Bolivia se ha convertido en el mayor importador de mercurio desde 2015, alimentando tanto la minería ilegal como la legal”, señaló.

 Alipaz advirtió que este mercurio no solo está destruyendo los ecosistemas, sino que está «matando lentamente» a los pueblos indígenas, lo que considera un «proceso de extinción».

Por su parte, Maurício Ye’kwana, director indígena de la Asociación Hutukara Yanomami de Brasil, Mauricio Yekwana, de Brasil, denunció cómo la minería ilegal ha generado destrucción y violencia a las comunidades amazónicas, especialmente bajo el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, que incentivó esta actividad dentro de tierras indígenas.

“Durante ese Gobierno percibimos avances en la invasión de nuestras tierras, presencia de avionetas, helicópteros y crimen organizado”, explicó. También mencionó que la minería ilegal está forzando a jóvenes de las comunidades a trabajar con garimpeiros (como conocen localmente a los mineros), lo que está afectando su cultura y conexión con la naturaleza.

Minería ilegal pone en riesgo a los defensores ambientales

Durante el evento, Walter Quertehuari, presidente del Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA Amarakaeri), informó que la minería, sea formal o informal, daña irreversiblemente la tierra y las comunidades que dependen de ella. «La minería ilegal en Perú es un problema transnacional que afecta a seis países y que debe ser tratado de manera concreta para defender los territorios indígenas», afirmó.

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Quertehuari también hizo hincapié en que Perú, a pesar de haber firmado el Convenio de Minamata para la reducción del uso de mercurio, ha fallado en implementarlo de manera efectiva. Esto ha permitido que la minería ilegal continúe expandiéndose, poniendo en grave riesgo la vida de los defensores ambientales. «Nos están matando a los indígenas, a los defensores ambientales, y no hay una ley que los proteja adecuadamente«, subrayó.

De igual manera, Gastón Schulmeister, director del Departamento Contra la Delincuencia Organizada de la Organización de Estados Americanos (OEA), reconoció el riesgo que enfrentan los pueblos indígenas como guardianes de la naturaleza.

“Es vital incluir a los pueblos indígenas en la promoción de políticas para combatir el crimen organizado, ya que ellos son los verdaderos agentes en el terreno que pueden ayudar a defender la naturaleza”, afirmó.

Schulmeister también comentó la importancia de mejorar la trazabilidad de la producción de oro y fortalecer la cooperación entre gobiernos y comunidades indígenas para garantizar una minería responsable.

“Es crucial involucrar al sector privado en este esfuerzo, promoviendo una mayor responsabilidad en la cadena de valor del oro, de modo que podamos identificar si el mineral ha sido extraído de manera legal y sostenible. La cooperación regional y el intercambio de información entre los países amazónicos serán clave para frenar las actividades de las redes criminales que operan en el sector minero”, concluyó.

Impacto psicológico generado por la minería ilegal

Lisa Henrito, mujer indígena del pueblo Pemon en Venezuela, abordó el impacto de la minería ilegal en la salud mental y económica de las mujeres. “Estamos siendo obligados a ser mineros, queramos o no. Y esto causa un gran estrés especialmente a las mujeres, porque es mucho más fácil que un hombre agarre su mochila y vaya a la mina”, apuntó.

La lideresa indígena también señaló que “la mujer se queda en la casa lidiando, no solamente que su marido haya ido a una actividad ilegal, sino que sus hijos no quieren estudiar, salen de la escuela y van directamente a la mina”.

“El estrés ha generado un aumento en los casos de ACV y muertes a edades muy jóvenes”, lamentó.

Henrito también acusó al gobierno venezolano de utilizar bandas criminales como “brazos operativos” para intimidar a las comunidades indígenas y justificar una intervención militar bajo el pretexto de protegerlas.

Llamado a la acción en la COP16

El evento también tuvo llamado a la acción liderado. Mariana Rendón, como parte de las recomendaciones del informe de minería ilegal, instó a los países amazónicos a coordinar esfuerzos para monitorear y sancionar la minería ilegal y reducir progresivamente el uso de mercurio.

«Es imprescindible promover una acción conjunta contra las redes criminales que facilitan esta actividad, pero también garantizar la seguridad de los defensores ambientales y periodistas que denuncian estos crímenes», afirmó Rendón.

Además, subrayó la necesidad de priorizar la delimitación y titulación de los territorios indígenas, ya que «sin una aplicación efectiva de la ley, los pueblos indígenas seguirán siendo vulnerables».

Rendón también destacó la importancia de incluir a las comunidades indígenas en la toma de decisiones sobre políticas ambientales, respetando su conocimiento tradicional y su capacidad de gestionar sus territorios. “Los pueblos indígenas son los verdaderos guardianes de la Amazonía, y su participación es crucial para detener la pérdida de biodiversidad y proteger nuestros ecosistemas”.

En esa línea, Sebastián Anaya, de Gaia Amazonas (Colombia), enfatizó que cualquier solución debe surgir de un diálogo intercultural con los gobiernos indígenas. “El territorio para los pueblos indígenas es uno solo; la minería es una actividad económica completamente ajena a sus sistemas de conocimiento”, explicó. Anaya también subrayó la necesidad de una coordinación interinstitucional que respete las relaciones de reciprocidad entre los elementos vivos del territorio y las comunidades indígenas.