Escribe Marc Dourojeanni / Profesor Emérito de la Universidad Agraria de La Molina
Todo el mundo sabe que en Madre de Dios ya son muchos los años en que las malas noticias superan las buenas para el ambiente y para la mayoría de la gente. La minería salvaje y la explotación de madera, la expansión del narcotráfico, la contaminación de las aguas, las invasiones de tierra indígena y la pública son lugar común en la prensa. Nadie más que el autor hubiera querido poder aplaudir alguna noticia positiva de esa región. Pero, con tristeza, hay que hablar de otro asunto preocupante, que ya está dando la vuelta al mundo aunque en el Perú ha sido mantenido en reserva o no ha sido bien explicado.
Ocurre que el Gobierno Regional está expandiendo una serie de carreteras en forma abiertamente ilegal, es decir sin los estudios ni las autorizaciones requeridas, a pesar de estar usando fondos públicos. Esas obras responden obviamente y exclusivamente al objetivo de abrir nuevas áreas para la minería informal y para la extracción de madera valiosa, aunque se las disimula como de “utilidad pública” y se alega que responden a demandas de pobladores locales.
Lo más grave de esas obras tan informales como la minería que las origina y sustenta, es que están amenazando las áreas protegidas de Madre de Dios al fragmentar la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, que es un sitio de Patrimonio Mundial decretado por la UNESCO. Del mismo modo afecta el territorio tradicional de los Mashco-Piro, un pueblo en aislamiento voluntario, así como la Reserva Comunal Amarakaeri. También implican amenazas para el Parque Nacional Bahuaja-Sonene y la Reserva Nacional Tambopata. Es decir, esas carreteras inconsultas son una verdadera bomba de tiempo para toda la estrategia de conservación de la biodiversidad cuidadosamente montada por el Estado peruano a lo largo de décadas, con grande esfuerzo y alto costo.
Se repite una vez más eso de “borrar con el codo lo que se escribió con la mano”, tan común en la historia amazónica peruana. En este caso, además de encaminar la destrucción de la biodiversidad de una región que es famosa en el mundo por su riqueza y belleza naturales, se está contrariando descaradamente la política de reducción de la deforestación prometida por el Gobierno peruano a las NNUU y reiterada con ocasión de la próxima reunión sobre cambio climático de Paris. Lo peor es que se está comprometiendo para siempre la posibilidad de un desarrollo sostenible socialmente deseable.
La explotación informal de oro, que en verdad es simplemente ilegal, ya ha causado directamente la deforestación de unas 53 mil hectáreas de bosques en Madre de Dios y ha resistido a todos los esfuerzos del Gobierno Nacional para controlarla o encausarla. La actividad minera no solamente elimina el bosque sino que ocasiona la destrucción del suelo que es reducido a un paisaje lunar dominado por el cascajo. La contaminación del agua por los sedimentos y por el uso de mercurio y de combustibles fósiles prácticamente ha esterilizado los ríos, ya casi sin peces ni otras formas de vida. Además, los mineros están armados y matan cuanto ‘bicho’ se pone a su alcance para complementar sus raciones. En años recientes, la actividad minera se ha concentrado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata y en la Reserva Comunal Amarakaeri.
Hoy está incontestablemente demostrado que la Carretera Interoceánica, por la que nunca pasó siquiera una tonelada de la prometida soya brasileña, ha sido el principal vector de la devastación y pillaje de los recursos naturales de Madre de Dios, especialmente facilitando la extracción de oro y de madera, así como la expansión de cultivos ilícitos, además de la consabida ganadería extensiva. Con la evidencia de esa obra, que costó mucho más del doble de lo que fue anunciado y cuya rentabilidad es nula, inclusive sin considerar sus costos socioambientales, hacer más carreteras es pues un crimen que va mucho más lejos que su ilegalidad o informalidad. El actual Gobernador de Madre de Dios era, antes de su elección, el Presidente de la Federación de Mineros de la región, es un férreo enemigo de las áreas naturales protegidas y ya ha amenazado públicamente abrir carreteras en medio de los parques nacionales del Manu y del Purús. Es decir, el problema no se limita a las que están actualmente en construcción.
En este punto es necesario recordar dos temas. Primero, en países donde se respeta la ley pueden hacerse carreteras hasta en medio de los parques nacionales e, inclusive, pueden ser un apoyo al turismo y a la conservación de la naturaleza. Pero como bien se sabe, ese no es el caso de América Latina ni del Perú donde las leyes no son cumplidas y, por eso, las carreteras nuevas en la Selva son sinónimo de invasiones, destrucción, pillaje y malgasto. Segundo, la minería ilegal de oro en Madre de Dios rinde miles de millones de dólares a unos pocos que son los que impulsan y obtienen apoyo para esas carreteras nuevas comprando voluntades. Pero, como no pagan impuestos ni obedecen leyes, hacen un daño irremediable a una región que, bien gobernada, podría asegurar la felicidad duradera de su pueblo.
Aún es tiempo de que el comportamiento imprudente del Gobierno Regional de Madre de Dios sea modificado y que los recursos públicos y los otros que aparentemente tiene a su disposición, sean utilizados para las innumerables obras de las que desesperadamente precisa Madre de Dios. Las ciudades y villas carecen de servicios de salud, las escuelas están en pésimo estado, las carreteras existentes que deben servir a evacuar la producción agropecuaria están descuidadas y, peor, la mayor parte de la tierra ya deforestada no produce nada… ¿Cuál es, pues, la justificación para dar prioridad a gastar tanto dinero en carreteras nuevas en medio del bosque? Se sabe la respuesta… ¡Pero no es aceptable!
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