Escribe Carmen Heck / Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la SPDA

El Acuerdo Energético entre Perú y Brasil ha sido promovido por el gobierno haciendo referencia a un argumento central: la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en el marco del Acuerdo permitirá garantizar la cobertura de nuestra creciente demanda energética en el largo plazo, requisito indispensable para mantener el crecimiento económico del país.

Sin embargo, este supuesto beneficio es dudoso si se analiza el contenido del Acuerdo Energético. Según como está redactado el texto, una vez otorgadas las concesiones definitivas a favor de las empresas brasileñas, y definidos los porcentajes de energía que cada central hidroeléctrica podrá destinar al mercado brasileño, este porcentaje no podrá ser modificado durante los 30 años que dure cada concesión, aún en caso nuestra demanda energética crezca más de lo inicialmente proyectado.

Esta condición del Acuerdo se torna todavía más preocupante si consideramos que a la fecha no se han hecho los estudios necesarios para determinar de forma precisa cuáles serán los requerimientos energéticos nacionales en el mediano y largo plazo y el uso de otras fuentes de energía renovables que emplean tecnología “limpia”; y a pesar de ello empresas brasileñas ya tienen identificados los proyectos a construir (CH de Inambari, CH Tambo 40, entre otras) y vienen realizando los trámites para obtener las concesiones correspondientes. Es indispensable saber cuánta energía necesitaremos a futuro y qué fuentes de energía son las más adecuadas para garantizar la seguridad energética del país de forma sostenible, antes de comprometernos a utilizar dicha energía para beneficio de intereses extranjeros. De lo contrario corremos el riego de cometer el mismo error que cometimos con el gas de Camisea.

Pero además del aspecto energético, es importante resaltar los serios riesgos y costos que el Perú tendrá que asumir por los altos impactos ambientales y sociales negativos que puede generar la construcción de grandes centrales hidroeléctricas de embalse en la Amazonía.

Entre los impactos ambientales podemos citar: la inundación de grandes áreas de bosque (se estima que el embalse de la Central Hidroeléctrica de Inambari tendría una extensión de 37,800 hectáreas aproximadamente), la interrupción del curso normal de los ríos lo que afectaría los procesos reproductivos y migratorios de especies acuáticas, pérdida de hábitats naturales y biodiversidad por la destrucción y fragmentación de ecosistemas, emisión de altas cantidades de gases de efecto invernadero como el metano producido por la biomasa y suelos que quedan sumergidos y el CO2 liberado por la tala de los bosques antes de la inundación. Asimismo hay que considerar los impactos acumulativos que podrían producirse a lo largo de cada cuenca hidrográfica, por ejemplo por la contaminación del agua por acumulación de sedimentos tóxicos.

Por otro lado, entre los impactos sociales el más importante es el desplazamiento de miles de personas que sufrirían la alteración de su forma de vida; seguido por el incremento de la migración desordenada, con los problemas que esta acarrea, entre otros.

En vista de los graves impactos negativos, que aislada y acumulativamente, pueden tener los proyectos hidroeléctricos promovidos por el Acuerdo Energético, nuestra preocupación radica en que el Acuerdo no ha incorporado las medidas preventivas necesarias para mitigar estos impactos, asimismo, tampoco incluye las condiciones necesarias para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

En ese sentido, consideramos que antes de decidir sobre la aprobación del Acuerdo Energético, el Congreso debe evaluar la conveniencia estratégica de comprometer nuestro potencial energético a favor de Brasil, y tener en cuenta la necesidad de fortalecer nuestro marco legal e incluir en el texto del Acuerdo una serie de salvaguardas explicitas, para garantizar la protección ambiental y el respeto a los derechos de los afectados. Para ello, se requiere un debate abierto, transparente, multisectorial, participativo y sin apresuramientos; por lo que consideramos que los actuales congresistas deben optar por que sea el próximo Congreso el que lleve a cabo este proceso.

Finalmente, cabe precisar que estas recomendaciones se centran en garantizar que los proyectos de infraestructura que se promuevan en la Amazonía sean acordes con la búsqueda de su desarrollo sostenible, para lo cual se requiere respetar los más altos estándares sociales y ambientales, pasar por un proceso de evaluación y toma de decisiones participativo y transparente, y respetar el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas recogido en el Convenio 169 de la OIT. De lo contrario, la implementación de los proyectos hidroeléctricos en el marco del Acuerdo Energético podría generar una crisis ambiental y de gobernabilidad que el nuevo gobierno deberá afrontar.

————————-

Foto: Thomas Müller / SPDA