El Consejo Regional de Cusco aprobó una ordenanza que establece a Cusco como área de no admisión de denuncios mineros.

La norma ya ha entrado en vigencia, pese a que el presidente regional de Cusco, Hugo González, se ha mostrado en contra.

De acuerdo al diario Gestión, en su edición de hoy, el Consejo Regional argumentó que la medida se basa en la “trascendencia histórica” de Cusco y en el hecho que esta región se dedique casi exclusivamente a la actividad turística y agropecuaria.

Además, la ordenanza considera que las tierras de las comunidades campesinas de la región vienen siendo concesionadas a favor de empresas mineras y, además, que existe un temor creciente de la población a ser desalojados de sus tierras, o que las mismas lleguen a desertificarse.

EN CONTRA DE LA MEDIDA

En declaraciones a Gestión, el director de promoción minera del Ministerio de Energía, Henry Luna, señaló que para su sector no está clara aún la aplicación de la medida. Recordó, incluso, que el MEM se encarga a escala nacional de manejo minero a escala pequeña y grande.

Para el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, es una falacia que todo el territorio cusqueño esté concesionado, pues el área de exploración y explotación minera es menor al 1%.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Hans Flury, consideró ilegal e inconstitucional la decisión del Consejo Regional y dijo esperar una respuesta oportuna por parte del MEM.

Gestión indica que, actualmente, existen 49 mineros de explotación minera en Cusco. Entre ellos destacan los proyectos cupríferos Antapacay, de Xtrata Tintaya (US$ 1300 millones); Constancia, de Norsemont Perú (US$ 846 millones) y Quechua, de Pan Pacific Copper Nipón Mining Holding (US$ 490 millones).

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Foto: mercadoenergia.com