Pese al reclamo de distintas organizaciones indígenas y sociales, el Congreso de la República aún sigue pensando si evaluar o no el Acuerdo Energético entre Perú y Brasil, que supone la creación de una serie de centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana.

Para la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el acuerdo “permitiría la exportación de por lo menos la tercera parte de la energía hidroeléctrica que se produzca en el Perú”.

Además, según se lee en Servindi…

La obligación de que el Congreso revise el acuerdo se sustenta en la Constitución Política, que establece dicha condición para casos que comprometan el dominio del Estado sobre los recursos naturales, la modificación de marcos normativos, entre otros (artículo 56, inciso 2).

La Dirección de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, la entidad responsable de evaluar la revisión del acuerdo, informó que el mismo sigue en etapa de “perfeccionamiento” y consulta a los diversos sectores involucrados.

Una de las preocupaciones de la sociedad civil son los malos antecedentes de las hidroeléctricas en el Brasil. Según informes, sólo en los últimos 30 años, más de un millón de personas han sido desplazadas en dicho país por proyectos hidroeléctricos.

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