Fotos: Gore Loreto y Sernanp

• Una de las carreteras atravesaría el Parque Nacional Cerros de Amotape (Tumbes), y el otro pasaría por el Abanico del Pastaza (Loreto), el sitio Ramsar más grande de toda la Amazonía peruana.
• En el 2015, el Congreso ya había aprobado el recorte de 277.5 hectáreas de Cerros de Amotape, lo cual fue un mal precedente para la conservación en el país.
• En el Perú, existen 14 humedales reconocidos como sitios Ramsar, una denominación que se da solo a los ecosistemas de importancia internacional, y el Abanico del Pastaza es uno de ellos.

A través de dos propuestas legislativas, el Congreso de la República promueve dos carreteras que podrían afectar a dos áreas biodiversas de importancia nacional y fomentar actividades ilegales como la deforestación y la minería ilegal.

Uno de los casos está relacionado con el Proyecto de Ley 6628/2023-CR, presentado por el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), el cual propone declarar de “interés nacional la construcción de la carretera Bocapán-Casitas-Capitán Hoyle en el departamento de Tumbes para fortalecer el turismo”.

Esta carretera atravesaría el Parque Nacional Cerros de Amotape, un área creada para proteger los bosques secos del norte del país, y que presenta especies únicas de flora y fauna. En el 2015, a través de una propuesta legislativa, el parque nacional fue recortado en 277.5 hectáreas; luego, en el 2020, hubo otro intento de recorte, también a través del Congreso.

Cerros de Amotape es una de las pocas áreas naturales protegidas que alberga el ecosistema de bosques secos a nivel nacional, además protege el recurso hídrico de las quebradas de la región Tumbes, y es la zona núcleo de la Reserva de Biósfera del Noroeste (reconocimiento internacional de la UNESCO) y está incluida entre las zonas prioritarias para la conservación a nivel global como la Zona de Endemismo Tumbesino (especies que no se ven en otras latitudes).

Carretera atravesaría el parque nacional, considerado zona intangible. Imagen: PL 6628/2023-CR

Según Alfredo Gálvez, asesor legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), si se aprueba este proyecto de ley “se generaría un precedente negativo para la conservación de la biodiversidad y nuestro sistema de áreas naturales protegidas (ANP); lo desestabilizaría y generaría inestabilidad jurídica en otras ANP como parques nacionales (Manu, Sierra del Divisor, Bahuaja Sonene, etc.)”.

“El marco legal peruano es claro en que los parques nacionales, como Cerros de Amotape, son áreas protegidas de uso indirecto y son el primer nivel de categoría más restrictiva en nuestra legislación. Estos no pueden ser pasibles de priorizar en su interior la construcción de carreteras, así como otros grandes proyectos de infraestructura, a costas de perder espacios de importantísima biodiversidad y probablemente única a nivel de región y a nivel mundial”, señaló el especialista.

Cabe precisar que la legislación peruana establece dos grandes opciones y nueve categorías en cuanto a la condición legal, finalidad y usos permitidos de las ANP: Uso Directo (como las reservas nacionales, reservas paisajísticas) y las de Uso Indirecto (intangible, solamente investigación, turismo especializado, etc.) como en el caso del Parque Nacional Cerros de Amotape. “Por ello, la categoría de parque nacional constituye el primer nivel de ANP intangible en nuestra legislación”, concluyó Alfredo Gálvez.

Abanico del Pastaza. Foto: Diego Pérez

Abanico del Pastaza

Por otro lado, el Proyecto de Ley 6625/2023-CR, presentado por la bancada Alianza por el Progreso, propone declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción de la carretera San Lorenzo-Saramiriza, en la provincia Datem del Marañón (Loreto). Esta carretera busca la conectividad entre los distritos Barranca y Manseriche; sin embargo, la construcción de esta vía podría afectar el Abanico del Pastaza, el sitio Ramsar más grande de la Amazonía peruana.

El Abanico del Pastaza contiene por lo menos el 10 % del carbono almacenado en las turberas de toda la Amazonía. Se estima que este sitio almacena más de 182 millones de toneladas de carbono en biomasa de árboles por encima y por debajo del suelo, según un estudio elaborado por la Wildlife Conservation Society (WCS) y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). En un contexto de crisis climática la conservación de estos humedales es fundamental.

La afectación a este sitio Ramsar (conformado por humedales y catalogados como ecosistema frágil), denominado así debido a su importancia internacional para la vida humana (en Perú solo existen 14), se daría porque una carretera fomentaría la tala, las invasiones, la minería ilegal, entre otras actividades ilegales.

En el Abanico del Pastaza se han registrado cerca de 300 especies de peces que son fuente de alimento para los pueblos indígenas étnias achuar, kandozi, quechua, cocama, cocamilla y urarina.

Carretera afectaría el Abanico del Pastaza. Imagen referencial: Fernando Arévalo / SPDA

Según la SPDA, una carretera de estas características puede tener consecuencias graves y de largo alcance para el bienestar de las personas, el medio ambiente y la biodiversidad que dependen de esos ecosistemas para sobrevivir. Asimismo, indicó que es importante considerar cuidadosamente estos riesgos y explorar alternativas que minimicen el impacto negativo en el medio ambiente y las comunidades locales.

La SPDA también agregó que la aprobación de leyes declarativas de necesidad pública e interés nacional no son solo “declarativos”, ya que pueden afectar –por ejemplo– derechos fundamentales como la propiedad debido a las expropiaciones que se autoricen y la transferencia de partidas presupuestales para el cumplimiento de la ley.

“La promoción de este tipo de proyectos no toma en cuenta la labor programática que el Ejecutivo debe liderar a través de idóneos procesos de planeamiento y sus instrumentos de planificación que se sustenten en la necesidad de atención de brechas sociales, de conectividad e inversión en general de manera comprobada, ya que la mirada proyecto a proyecto no permite realizar una adecuada evaluación de las implicancias sinérgicas y acumulativas de las intervenciones que se autorizan mediante leyes del Congreso”, señaló Bryan Jara, especialista legal de la SPDA.