(Foto: Andina)

En el mensaje presidencial de julio de 2017, el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, anunció la presentación del Proyecto de Ley 1718. El mismo que ayudaría a conectar mejor el país y promover la inversión pública. Sin embargo, desde ese día, comunidades indígenas y campesinas en todo el Perú, levantaron su protesta. ¿El motivo? Esta regularía la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas. En palabras sencillas del asesor legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Carlos Trinidad, “aun cuando la reactivación de la economía nacional puede verse favorecida con la habilitación de infraestructura, son necesarias salvaguardas mínimas, considerando sus impactos ambientales y en derechos de los pueblos indígenas. Lamentablemente, las salvaguardas contempladas en este proyecto de ley son muy débiles e imprecisas” . En esto coinciden las agrupaciones indígenas y campesinas, que indican que este proyecto de ley, a debatir hoy en el Congreso, tiene muchos vacíos.

“Puede sonar bien, ya que esta ley contempla que los territorios en posesión o propiedad de los pueblos indígenas no se toquen. Sin embargo, sabemos que muchas de las comunidades indígenas no están tituladas y existen muchos problemas de tierras en todo el Perú, por falta de georreferenciación y por no encontrarse en el catastro de la SUNARP. Y el tema de las titulaciones de las comunidades nativas es un pendiente que tiene el Estado por décadas. No hay garantía que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Si se aprueba este proyecto de ley, traería muchos problemas sociales”, declaró Julio Cusurichi, Presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad). Cusurichi espera que las Comisiones de Economía y de Descentralización del Congreso de la República no respalden este proyecto en el pleno, a pesar de que ya dictaminaron favorablemente. “Es necesaria la inversión, pero tenemos que pensar en las personas y sus derechos. Mientras la posesión del territorio no esté bien clara y delimitada en todo el país, no se puede promover estas leyes. Sería abrir la puerta al caos”, sentenció Cusurichi.

Así también, Jorge Prado, de la Confederación Campesina del Perú, declaró en su momento que “de ninguna manera esto garantiza la propiedad y posesión sobre las tierras de las comunidades campesinas y nativas, o los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, dado que faltan muchas comunidades por titular y la base de datos del MINCUL no reconoce a más de 3000 comunidades campesinas como pueblos indígenas”.

Todos en contra

El año pasado, apenas PPK  anunció este proyecto, distintas organizaciones en todo el país, se opusieron. La Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap) y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (Cunarc), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), fueron algunas en pronunciarse tajantemente. Sin embargo, nunca hubo una respuesta clara del Ejecutivo, que con este proyecto de ley estaría afectando los derechos territoriales de los pueblos indígenas, reconocidos en la Constitución peruana, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.

Ante esta coyuntura, la congresista Tania Pariona, de la bancada de Nuevo Perú, también rechaza este Proyecto de Ley. “Por más cambios y retoques que se hayan producido, consideramos que la única forma de hacer viable una propuesta como esta, pasa por resolver, de manera efectiva, los irresueltos problemas que tienen las comunidades sobre su territorio. Para promover proyectos de inversión que sean sostenibles y obtener su licencia social, se deben dar todas las garantías y seguridad jurídica que en estos momentos no existen en el país. Lamentablemente, en estos últimos dos años, este gobierno ha priorizado la seguridad jurídica de los inversionistas sobre los derechos de la población”, sentenció la parlamentaria.

“Este Proyecto de Ley amenaza derechos territoriales indígenas. Impone expropiación, aún sin que haya inversión. Le otorga impunidad de la inversión, sin lugar a reclamo, ya que se anulan los procedimientos administrativos, judiciales y hasta de contraloría. Y así se generarían distintas situaciones que irían contra los derechos de los peruanos y los pueblos indígenas”, afirmó tajante Lizardo Cauper, Presidente de Aidesep.

Al cierre de este informe, aún no se han publicado los dictámenes del proyecto de ley 1718 provenientes de las comisiones de Economía y Descentralización, por lo que se desconoce cuál es el texto final que se debatirá hoy.