Con el fin de erradicar la tala ilegal que depreda el Patrimonio Forestal de la Nación, el pasado setiembre se emitió el Decreto Legislativo 1220, el cual regula las interdicciones (operativos) contra esta ilícita actividad y el tráfico de productos maderables.

El ámbito de aplicación, según la norma, es dentro de las áreas naturales protegidas, zonas reservadas, áreas de conservación regional, zonas de amortiguamiento, y demás zonas del patrimonio forestal y de fauna silvestre en donde se desarrollen actividades que no cuenten con los permisos correspondientes.

Jean Pierre Araujo, abogado del Programa Forestal de la SPDA, explicó que la mencionada norma establece cómo el Ministerio Público puede disponer acciones (destrucción, reducción de valor o incautación) contra los bienes utilizados para cometer delitos, como las herramientas, los medios de transporte o cualquier otro instrumento utilizado para cometer conductas criminales.

Para el abogado, esta norma era necesaria porque antes, en casos de flagrancia, “el Ministerio Público necesitaba, por ejemplo, una orden judicial que lo autorice a destruir o reducir el valor de la maquinaria o equipos que a la vista estaban siendo usados para cometer un acto ilegal. O sea, tenía que hacer una serie de trámites ante el juzgado para poder implementar una medida inmediata. Ahora, con esta norma puede disponer de una acción de manera rápida y luego informar al Poder Judicial qué es lo que ha hecho”.

El 1220 también regula otros temas como el relacionamiento del Ministerio Público con otros funcionarios públicos para la obtención de pruebas o la participación en los procesos penales, o la intervención de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI) para administrar estos bienes que puedan ser intervenidos o retenidos a favor del Estado.

CONGRESISTAS PIDEN DEROGACIÓN

Frente a esta iniciativa para combatir la tala ilegal, los congresistas Carlos Tubino y Amado Romero presentaron, por separado, dos proyectos de ley contra el DL 1220. El primero (Descargar) busca la derogación completa; el segundo (Descargar), solo la derogación del artículo 7, referido a la interdicción.

Tubino sostiene que el mencionado decreto vulnera el derecho a la Consulta Previa y los principios rectores de la Ley Forestal. Sin embargo, Jean Pierre Araujo sostiene que el DL no la requiere, por cuanto el DL 1220 es una norma de alcance general que regula una serie de mecanismos para combatir la tala ilegal y el tráfico ilegal de productos forestales maderables, durante los procesos iniciados por el Ministerio Público como consecuencia de la persecución de ilícitos penales debidamente tipificados en el Código Penal.

Por su parte el congresista Romero considera que la implementación del DL 1220 afectará las actividades económicas de pequeños productores.

“Si el congresista está pensando que el decreto va a impedir que las comunidades nativas y los pequeños productores formales puedan hacer un aprovechamiento legal, está olvidando que para ello existen las diferentes modalidades que regula la Ley Forestal. Ellos pueden pedir un permiso, tienen un plan de manejo de acuerdo a la escala o la intensidad que vayan a realizar el aprovechamiento y ya está. Toda esa actividad es totalmente formal. No hay que confundir el tema de tala ilegal con aprovechamiento de recursos forestales, o sea la tala de árboles no es mala por sí misma, sino que existen reglas para hacerlo y para eso está la Ley Forestal y su Reglamento, además ahora te da más opciones que la legislación anterior”, explicó