Congresista Oracio Pacori: La institucionalidad ambiental debe ser tangible y no solo un discurso

Foto: web del congresista Oracio Pacori.

En abril de este año, el congresista Oracio Pacori (“Nuevo Perú”) presentó el proyecto de ley Nº 1246-2016-CR, “Ley que garantiza la evaluación del impacto ambiental de proyectos de inversión por parte del Senace”. El objetivo de su iniciativa era modificar un numeral de la ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace (Ley 29968) para asegurar que todos los proyectos de inversión, sean públicos, privados o de capital mixto, que puedan causar impactos ambientales significativos, presenten su estudio de impacto ambiental detallado (EIA-d) ante el Senace.

Actualmente ese es el procedimiento regular. Sin embargo, había una salvedad en la norma que el congresista Pacori calificó como un candado. En ella se señala que el Senace se hará cargo de esos EIA-d, salvo los que “expresamente se excluyan por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta del sector correspondiente, los que serán evaluados por el sector que disponga el referido decreto supremo”. Esta disposición podía permitir que un proyecto, sin ningún criterio técnico señalado, no presentara su estudio de impacto ambiental al Senace para que fuera evaluado y aprobado.

El proyecto de ley Nº 1246 del congresista Pacori contó con el respaldo del Ministerio del Ambiente, la Defensoría del Pueblo, el mismo Senace y organizaciones de la sociedad civil. La semana pasada, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. Actualidad Ambiental conversó con el congresista para recoger más detalles de su iniciativa.

Imagen: Senace.

¿Cómo nace este proyecto de ley 1246?

Revisamos las competencias que tenía el Senace para evaluar y darle viabilidad a los estudios de impacto ambiental, y vimos que no tenía plenas competencias porque al final había como un pequeño candado que ponía ciertas restricciones y que podía darle capacidades a otros organismos para que aprueben los estudios de impacto ambiental, en este caso la Presidencia del Consejo de Ministros. Se tenía que sacar ese candado para que en verdad el Senace tuviera plenas facultades. Esa es la iniciativa por la que nace este proyecto de ley.

¿Por qué es importante este proyecto de ley?

Porque fortalece la institucionalidad ambiental a través de un ente (Senace) que desde su creación no tenía plenas facultades y ahora las va a tener. Lo que estamos haciendo es sacarle ese candado que le habían puesto para que sea verdaderamente el Senace el organismo técnico con competencias para dar viabilidad y aprobar los estudios de impacto ambiental de cualquier proyecto de inversión, de carácter público o privado, que pueda tener cierta injerencia en el ejercicio de derechos.

Esto va a tener mucha incidencia en lo social porque el Senace tiene que ser garante de derechos colectivos como la protección del medio ambiente, garante de derechos de pueblos indígenas y también como un mecanismo para reducir los conflictos socioambientales que tienen estas grandes inversiones en su proceso de ejecución.

Imagen: Senace.

El PL 1246 ha recibido varias opiniones que se han alineado a su propuesta

Este proyecto de ley tiene opiniones favorables del Ministerio del Ambiente, que es el órgano rector en materia ambiental, y del órgano competente, que en este caso es el propio Senace. Pero más allá de las opiniones favorables, tenemos que destacar que la iniciativa no solamente va al tema de la institucionalidad sino a la principal preocupación en situación de conflictividad que tienen los pobladores. Ha habido una serie de atenuantes que han sido procesos de conflictividad. Uno de estos claros ejemplos es lo que ha ocurrido en el proyecto Las Bambas. La modificación de los informes técnicos sustentatorios que tienen que ver claramente con los estudios de impacto ambiental, que no han sido socializados ni delimitados, genera mecanismos de conflictividad. Este proyecto de ley permitiría que esto se reduzca.

Foto: Actualidad Ambiental.

La iniciativa ha sido aprobada en la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso ¿Cuál es el proceso para que se convierta en ley?

El trámite es que una vez que se apruebe este dictamen esperamos que sea agendado en el pleno del Congreso para ser debatido y veamos verdaderamente cuál es la postura política que tienen las diferentes fuerzas para ser aprobado y su posterior promulgación, que debe darse por el Ejecutivo.

¿Cómo ha recibido el Senace esta iniciativa?

(El director del Senace) ha acogido este proyecto de ley de manera positiva. Ha manifestado que va a fortalecer la institucionalidad del Senace, entendiendo que es una institución nueva que tiene solo 2 años de funcionamiento. Esperemos que esto sea un aporte para que se puedan plantear nuevos desafíos. Para nosotros, en lo político, nos plantea un asunto mucho más importante: que el tema de la institucionalidad ambiental no sea solamente un mero discurso que sale cuando lo debatimos sino que sea tangible, con normas que puedan ser aplicables.

Una vez aprobado este proyecto de ley todavía va a ser sujeto a mecanismos de seguimiento, en este caso el rol fiscalizador, para ver si verdaderamente esta dimensión está siendo o no evaluada, o está siendo considerada esta ley en su aplicación. Digo que tiene que ser más que un discurso porque hay que separar las funciones técnicas de una institución que pueden estar sujetas a decisiones políticas. Con las competencias que tenía el Senace para poder aprobar un estudio de impacto ambiental, estaba sujeto a decisiones políticas que la hacía un ente como la Presidencia del Consejo de Ministros. Con este proyecto de ley se está cerrando esa brecha para que tengamos una institución técnica, competente, que pueda viabilizar estudios de impacto ambiental garantes de derechos colectivos como la defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, que son necesarios ser considerados donde hay principalmente inversión minera.