• Durante la reunión, miembros del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata expresaron que no confían en las autoridades regionales.
• A la fecha, tres defensores vinculados al Comité de Gestión han sido asesinados. 

 

Este martes 29 de marzo representantes de tres ministerios se reunieron con miembros del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, entre ellos Germán Fernández, defensor ambiental y hermano de Juan Julio Fernández, asesinado el pasado 20 de marzo tras recibir dos impactos de bala. La reunión se dio como parte del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, que fue activado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos luego de dicho crimen. A la fecha son 17 defensores asesinados durante la pandemia según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Esta cifra reúne casos reportados por organizaciones indígenas y entidades del Estado.

«Por primera vez estamos acercándonos a sectores para conocer la situación y darles una propuesta, queremos conformar una mesa regional para atender la problemática de las personas defensoras de derechos humanos en Madre de Dios. Producto del trabajo, hemos identificado dos zonas más vulnerables para los defensores: la frontera entre Ucayali y Huánuco, es una zona de riesgo para las personas defensoras porque se enfrentan al narcotráfico. Y, en segundo lugar, Madre de Dios porque se enfrentan a la minería ilegal, tala ilegal, que son factores que generan peligro», indicó el representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Gonzalez.

Una comisión conformada por representantes del @MinjusDH_Peru, @MininterPeru, @minculturape, @MinamPeru y de la @FiscaliaPeru viajó a Madre de Dios para articular y conformar una Mesa Regional para la protección de las personas defensoras de derechos humanos. pic.twitter.com/tFzGCQ7wEk

— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) March 30, 2022

 

«Hemos perdido la confianza en nuestras autoridades»

Luego de hacerse público el crimen, representantes del Comité de Gestión han sostenido en los últimos días diversas reuniones con los diferentes actores vinculados a detener el avance de actividades ilegales en el sector. La semana pasada se reunieron con autoridades regionales, así como representantes de la Policía Nacional del Perú; sin embargo, para el presidente del Comité de Gestión, Víctor Zambrano, esto no es suficiente.

«Nunca hemos parado de denunciar y al no obtener respuestas lo hemos derivado con el único que nos ha atendido siempre: el representante de la Defensoría del Pueblo. Por eso se tienen que hacer acciones concretas desde la más alta instancia para lograr una salida. Queremos buscar una salida, porque ya no confiamos en nuestras autoridades», enfatizó el defensor ambiental Víctor Zambrano.

Uno de los pedidos del comité fue, en primer lugar, solicitar una intervención oportuna a las denuncias ambientales; y, en segundo lugar, abordar desde la raíz toda la problemática relacionada a tráfico de tierras, en específico, que se retire la atribución a las municipalidades de otorgar certificados de posesión al asegurar que eso solo suma al conflicto. Asimismo, coincidieron en establecer una mesa de diálogo en Madre de Dios, pero solicitaron que esta sea liderada no solo sea a nivel regional, sino nacional.

Entre los participantes estuvieron Ramón Rivero, asesor del viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente; Brenda Tornero, especialista de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Angel Gonzalez, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y encargado del mecanismo; y Juan Gil, Especialista de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Interior.