• Ruth Buendía, dirigente asháninka manifestó la necesidad de incorporar los derechos de los pueblos indígenas en el acuerdo regional.
• Patricia Madrigal, viceministra del Ministerio del Ambiente de Costa Rica, señaló que si bien la elaboración del el texto final es complejo, la participación del público ha sido de mucha ayuda.

El pasado 25 de noviembre culminó la “V Reunión de Negociación del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales”, que convocó en Santiago de Chile, durante 5 días, a 23 países de América Latina y el Caribe, entre ellos el Perú.

En la reunión, los representantes de los países trabajaron en la revisión de la cuarta versión del Acuerdo Regional sobre los Derechos de Acceso en Cuestiones Ambientales, concluyendo específicamente con la revisión de los artículos 7° (derecho de acceso a la información) y 8° (derecho de acceso a la información).

Los representantes de los países asistentes acordaron: establecer expresamente que la participación pública es un derecho, que el procedimiento de participación contemplará plazos razonables para que las entidades del Estado informen al público para que este participe en forma efectiva y sobre la presentación de observaciones, se estableció como una posibilidad más que como un derecho de acuerdo a lo propuesto por el público. Finalmente, los países convinieron en que una vez adoptada la decisión, el público será oportunamente informado de los motivos y fundamentos que la sustenten.

Lo particular de este proceso de negociación fue la participación del público, que si bien destacó la celeridad de la negociación, señaló que en aras de la simplificación del texto y de avanzar en el proceso, se debe optar por otra metodología que impida la pérdida de elementos esenciales para garantizar los derechos acceso en cuestiones ambientales. Por ello, en más de una oportunidad los representantes de la sociedad civil hicieron un llamado para recordar a los delegados de cada país que el objetivo es lograr un acuerdo consistente que contribuya con el mejoramiento de los estándares de nuestra región y que sea acorde a las necesidades de la población.

Por otro lado, Ruth Buendía, lideresa de la Central Asháninka del Río Ene del Perú, manifestó la necesidad de incorporar los derechos de los pueblos indígenas en el acuerdo regional en tanto también les resultará aplicable.

Actualidad Ambiental conversó con Patricia Madrigal, viceministra del Ministerio del Ambiente de Costa Rica, quien señaló que “el texto es complejo. Hay muchas asimetrías entre los países de la región y es difícil buscar consensos, pero la participación del público ha sido determinante porque fue una participación activa, proactiva, informada y fortalecida, igual que todas las partes que hemos participado, porque este proceso nos ha permitido aprender mucho de las experiencias de cada uno de los países”.

También precisó que “estamos en un punto crítico porque debemos avanzar para lograr consensuar el texto y definir los pasos que vamos a seguir, toda vez que se esperaba que en diciembre de este año tuviésemos un producto más acabado, y la forma en que podemos lograr este acuerdo regional es muy importante para fortalecer la democracia y para evitar los conflictos socioambientales en la región”. Con relación a la vinculatoriedad del acuerdo mencionó que “desde Costa Rica no nos imaginamos cómo podría un acuerdo regional voluntario tener el nivel de incidencia que se debe tener en este tema”.

<23 países se reúnen para lograr un acuerdo regional sobre derechos ambientales>

Siguientes pasos

La VI reunión de negociación se realizará del 27 al 30 de marzo en Brasilia, donde se continuará el debate del contenido del acuerdo regional, específicamente sobre los artículos 9° (derecho de acceso a la justicia ambiental) y 10° (fortalecimiento de capacidades y cooperación). Luego, los 23 países de América Latina y el Caribe procederán a revisar nuevamente los artículos del 1° al 10° para su aprobación. Para ello, al inicio de la VI reunión los países determinarán la metodología que adoptarán para asegurar un proceso más ágil y efectivo, que se espera culmine a más tardar a fines del 2017.

Si bien durante la discusión no se mencionó la relevancia de determinar la naturaleza del acuerdo regional, los representantes de la sociedad civil destacaron la importancia de que sea un acuerdo de cumplimiento obligatorio para todos los países. Al respecto, Carlos de Miguel, Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, indicó que optar por un acuerdo vinculante facilitará la búsqueda de financiamiento para su implementación, no teniendo el mismo resultado si se aprueba como una simple declaración.

¿Qué es la Declaración de América Latina y el Caribe sobre el Principio 10?

Es un compromiso político firmado inicialmente por 10 países de América Latina y el Caribe en el 2012, siendo hoy 23 gobiernos de la región que buscan negociar un acuerdo regional que incluirá estándares en materia de acceso a la información, participación y justicia en sus países, conocidos como derechos de acceso en cuestiones ambientales establecidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este compromiso se materializó hace dos años con las reuniones de negociación, a través de las cuales se busca asegurar que todas las personas en América Latina y el Caribe participen en las decisiones ambientales, por lo que ayudará a los ciudadanos a obtener información, participar en la toma de decisiones y prevenir la proliferación de conflictos sociales y ambientales.

Cualquier país de América Latina y el Caribe puede unirse al proceso de negociación del Acuerdo Regional mediante la firma de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10, solo tiene que ponerse en contacto con la Secretaría Técnica de este proceso, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en principio10.lac@cepal.org.

<Conoce más sobre el Principio 10>