A la opinión pública

DECRETOS DE URGENCIA DESNATURALIZAN INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL Y PODRÍAN GENERAR CONFLICTOS SOCIALES

El día 18 de enero de 2011, se publicó el Decreto de Urgencia (DU) N° 001-2011, que dicta disposiciones extraordinarias a ser aplicadas durante el año 2011 para promover la inversión privada en determinados proyectos de inversión, asociaciones público-privadas y en la concesión de obras públicas de infraestructura y servicios por parte del Gobierno Nacional.

Este DU señala en su artículo 5.3. que las certificaciones ambientales “(…) no serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial (…) para el ejercicio de las actividades económicas materia del proyecto adjudicado”, y señala de necesidad nacional y ejecución prioritaria por parte de PROINVERSION la promoción de la inversión privada en una lista de 30 proyectos. El día 21 de enero, mediante el DU N° 002-2011, esta lista se expandió a 33 proyectos, entre los que se incluyen los de  “Energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas”.

La eliminación de las certificaciones ambientales para la obtención de autorizaciones administrativas es un grave retroceso en materia ambiental, en tanto se desvirtúa el rol de la evaluación de impacto ambiental  (EIA) como herramienta de política pública en la toma de decisiones sobre los proyectos. Según el procedimiento establecido en los DU, con las autorizaciones otorgadas, la EIA se convierte en un instrumento ineficaz y postergado.

Además, la Constitución Política del Perú establece que los DU sólo pueden emitirse para materias económicas y financieras. Un DU no puede modificar regulaciones ambientales, por lo que el artículo 5.3 del DU es inconstitucional.

Las EIA tienen un componente social y de consulta a las poblaciones afectadas e interesadas. Al postergar su aplicación, se está reduciendo las garantías y los derechos de la población de asegurar que los proyectos no van a impactar negativamente en su vida, creando así condiciones de incertidumbre que propician conflictos sociales, como es bien sabido.

Entre la lista de proyectos priorizados llama poderosamente la atención la inclusión los proyectos de “Energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas”, pues no se especifica a qué proyecto se está haciendo referencia. Esta generalidad debilita el argumento de urgencia que ampara los DU; y permite interpretar que podrían estar incluidos proyectos hidroeléctricos controversiales, como los que pretenden ejecutarse en la Amazonía como parte del Acuerdo de exportación de energía a Brasil. En este sentido, estos DU buscarían eludir el rechazo social  a estos proyectos que ya se registra en Madre de Dios, Puno y Junín.
Los abajo firmantes consideramos que el contenido de estos DU afecta gravemente la regulación ambiental en el país y propicia conflictos sociales que trascenderán el periodo de gobierno actual. En consecuencia, invocamos al actual gobierno a corregir su intento de debilitar las salvaguardas ambientales y sociales en el Perú, pues podría significar una “bomba de tiempo” para la siguiente administración.

Lima 27 de Enero de 2011

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); Asociación Servicios Educativos Rurales (SER); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR); Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA); ProNaturaleza-Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza; WWF; Central Asháninka del Río Ene (CARE).