1. Tanto la llamada actividad minera artesanal, como la pequeña minería, son inaceptables si se desarrollan al margen del cumplimiento de las obligaciones legales que corresponden a cualquier operación minera, convirtiéndose estas en simples actividades ilegales.

2. En Madre de Dios las actividades derivadas de la extracción informal de oro, han generado la pérdida del mayor activo para el desarrollo sostenible de la región como son los cuerpos de agua, los bosques y la biodiversidad.

3. Los gobiernos regionales que cuentan con la facultad de regular estas actividades han mostrado incapacidad en el cumplimiento de sus funciones. Resulta preocupante que el Gobierno Regional de Madre de Dios no haya atendido desde el inicio de su gestión de manera oportuna, directa y dentro del marco legal que le asiste, el problema del ordenamiento minero en su región. Igual responsabilidad recae sobre un Poder Ejecutivo que desde hace varias administraciones tolera la expansión de la minería ilegal.

4. Saludamos la decisión del Ejecutivo, como resultado de la activa participación del Ministro del Ambiente Antonio Brack, de aplicar medidas encaminadas a buscar soluciones permanentes ante los múltiples problemas derivados de la extracción informal e ilegal de oro en Madre de Dios.

5. Frente al marco legal que existe para la pequeña minería y minería artesanal, rechazamos las actitudes de aquellos que no cumplen con estos requisitos y que además atentan contra los derechos de aquellos que desean realizar actividades productivas compatibles con la gestión sostenible de nuestra biodiversidad y las buenas prácticas ambientales.

6. Consideramos peligrosas y alarmistas las comparaciones realizadas por algunos actores políticos entre los sucesos registrados en Chala, Arequipa, con los ocurridos el pasado 5 de junio del 2009 en Bagua. Debemos reconocer que las protestas y el conflicto socio ambiental generado por los mineros ilegales de Madre de Dios y de otras provincias del Perú, no tienen por objeto defender derechos legítimos como sucediera en el caso de los pueblos amazónicos que ampararon sus acciones en el derecho a ser consultados cuando se legisla sobre el destino de sus tierras.

7. Deploramos el enfrentamiento irracional e ilegal propiciado por los líderes del paro de Chala, contra la paz y el orden público mediante acciones condenables como el bloqueo de vías de comunicación, situación claramente delictiva e inaceptable como mecanismo de protesta para lograr la derogatoria de un decreto de urgencia que precisamente pretende poner orden en Madre de Dios.

8. Lamentamos las muertes de peruanos acontecidas en los días precedentes. Frente a esto, hacemos un llamado a las partes involucradas en el conflicto a adoptar actitudes abiertas al diálogo luego de deponer las acciones violentas, respetando el estado de derecho.

9. Confiamos que en la brevísima “tregua” de 48 horas que se ha abierto, se arribe a acuerdos sólidos, sin renuncia alguna por parte del Estado a principios básicos que sustentan la vida en sociedad y el concepto de Nación. El proceso de formalización no puede postergarse y extenderse en el tiempo para luego convertirse en norma prorrogable, ni debe desconocerse el respeto a las zonas de exclusión minera dispuestas por el D.U 012-2010.

10. Finalmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones comprometidas con la defensa del ambiente y el desarrollo sostenible de nuestro país, a no ceder frente a acciones que atentan contra la vulneración de nuestros derechos y nuestros valiosos ecosistemas, incluyendo el desarrollo y consolidación de actividades productivas sostenibles respetuosas del patrimonio natural.

Lima, 07 de abril de 2010

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

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