• El XIII Foro de Empresas y Derechos Humanos dejó reflexiones que resultan aplicables al caso peruano para mejorar el desempeño de las empresas en el Perú y mitigar las posibles vulneraciones a derechos humanos. 

Escriben: Wendy Ancieta y Fátima Contreras / Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

 

Del 25 al 27 de noviembre, en Ginebra, Suiza, se llevó a cabo el XIII Foro de Empresas y Derechos Humanos cuyo tema fue realizar una “combinación inteligente de medidas” para proteger los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. Este evento de clase mundial agrupa a Estados, empresas, representantes de la sociedad civil, pueblos indígenas, academia, entre otros, para debatir respecto de medidas que ayuden a reducir el riesgo de vulneración de derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a gozar de un ambiente sano.

En los paneles se discutieron diversos temas relacionados con diversos sectores empresariales como agricultura, minería, energía, industria, entre otros; así como desafíos globales como el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de actividades económicas. A continuación, presentamos 4 reflexiones de este foro que resultan aplicables al caso peruano, para mejorar el desempeño de las empresas en el Perú y mitigar las posibles vulneraciones a derechos humanos.

“La voluntariedad nos ha fallado”

Una de las frases que más resonó durante los espacios de debate en el XIII Foro, fue “la voluntariedad nos ha fallado”, en referencia a mantener una voluntariedad en la ejecución del proceso de debida diligencia empresarial, tomando en cuenta la cantidad de procesos por país en el que la ciudadanía reclama a nivel judicial el respeto de sus derechos humanos. Así, tener una norma nacional que obligue a las empresas a analizar si es que sus actividades pueden o están afectando derechos humanos, se hace imperante para reducir el riesgo de incurrir o seguir incurriendo en violaciones a derechos humanos.

El proceso de debida diligencia en derechos humanos es una herramienta que las empresas pueden utilizar para determinar si es que la forma en la que ejecutan o piensan ejecutar sus actividades, puede afectar algún derecho humano de los habitantes de los países en los que se encuentran operando. Este análisis permite prevenir, mitigar y establecer medidas para remediar las posibles afectaciones.

La Unión Europea a través de la Directiva 2024/1760 aprobó hacer obligatoria para las empresas la ejecución del análisis de debida diligencia en derechos humanos. Actualmente, en nuestro país, tenemos el Proyecto de Ley 6940/2023 “Ley que regula la actividad empresarial y la debida diligencia”, el cual se encuentra desde febrero en las comisiones de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; y Constitución y Reglamento. Al parecer, aún no hay mucho interés por nuestros legisladores en debatir este tipo de norma. Sobre ello, consideramos que para el Perú una ley de este tipo es necesaria, tomando en cuenta los casos emblemáticos de violación de derechos humanos en materia ambiental que tenemos.

Ahora bien, una regulación (aprobación e implementación) en esta materia va a representar desafíos como lo está haciendo en la Unión Europea. Sin embargo, el Perú puede aprender del caso europeo y adaptar las disposiciones de la Directiva 2024/1760 al caso peruano en lo que corresponda. Esto se alinea con uno de los mensajes de este foro de no replicar idénticamente las disposiciones sino que, los legisladores deben tomar en cuenta la realidad de sus países a nivel económico y social, para poder establecer una norma que sea realmente aplicable y eficiente en sus jurisdicciones.

Un punto que se destacó sobre la regulación sobre los procesos de debida diligencia en derechos humanos es que el foco no debería estar solamente en la ejecución del análisis, sino también en los resultados; es decir, la obligación no debe agotarse solo en la implementación de este proceso, sino que las empresas deben reportar los resultados de dicho análisis. Esto permite medir el éxito de las medidas implementadas, lo cual impacta en el desempeño de las empresas. 

Finalmente, sobre esta reflexión, también se propuso que no solo exista una norma de debida diligencia, sino que también cada país debe evaluar la pertinencia de modificar las leyes que regulan el establecimiento de empresas y gobierno corporativo para incluir el respeto a los derechos humanos como una obligación al momento de crear una empresa y ejecutar actividades, de manera que se instalen responsabilidad al más alto nivel corporativo sobre la vulneración de derechos humanos.

“Una sociedad sin empresas no puede existir, y las empresas sin sociedad no tienen propósito”

Uno de los mensajes más poderosos que dejó el foro fue que las actividades económicas se relacionan estrechamente con el desarrollo de la sociedad, por lo que los derechos humanos y el medio ambiente deben ser el centro de las actividades económicas: “Una sociedad sin empresas no puede existir, y las empresas sin sociedad no tienen propósito”. En tal sentido, las empresas no solo deben agotar esfuerzos para proteger los derechos humanos de sus trabajadores, y de la ciudadanía que consume sus productos y servicios, sino también de la que se encuentra en el ámbito de influencia de sus proyectos. 

No obstante, este mensaje también va dirigido a los Estados, que siempre serán los responsables por la violación de derechos humanos dentro de su jurisdicción, dado que son quienes tienen la obligación de respetar y hacer respetar los derechos de sus ciudadanos. En tal sentido, los Estados deben:

1. Aprobar legislación que proteja los derechos humanos de los ciudadanos.
2. Implementar de manera efectiva la legislación aprobada.
3. Fiscalizar el desarrollo de actividades económicas, sancionando a las empresas que incumplan con la legislación sobre derechos humanos aprobada.

En el Perú el caso más reciente que tenemos que ejemplifica este mensaje es el de La Oroya, en el cual la Corte IDH responsabilizó al Estado peruano por la vulneración del derecho a la salud, a la vida, a gozar de un ambiente sano, entre otros. Así, para la Corte, el Estado peruano falló en su deber de regulación, dado que no solo demoró en aprobar normas en materia ambiental para las actividades mineras, sino que redujo los estándares de calidad ambiental de aire. De igual modo, el Estado peruano no ejecutó una fiscalización correcta al cumplimiento del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental del Complejo Metalúrgico de La Oroya, y se aprobaron ampliaciones a su cronograma, agravando la salud de los ciudadanos y ciudadanos de La Oroya.

Este caso evidencia cómo las actividades económicas pueden afectar de manera irreversible la vida y salud de las personas, si es que no hay una gestión eficiente por parte de las empresas y del Estado. 

Por consiguiente,  los procesos de debida diligencia en derechos humanos son una herramienta adicional que se debe implementar: no obstante, este proceso no será suficiente si es que los Estados no cumplen sus deberes; es por ello, que siempre se resalta que este análisis de debida diligencia es una herramienta necesaria pero adicional, ya que no reemplaza otros deberes del Estado, ni libera a las empresas del cumplimiento de otro tipo de normativa.

“Las actividades económicas se benefician de la paz”

Otro punto destacable de este foro fue el reconocimiento que le dieron los Estados y empresas a la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Todos coincidieron que es necesario que la ciudadanía participe en la toma de decisiones del Estado, y que se garantice su efectividad. 

En diferentes paneles se precisó que la participación ciudadana es un activo empresarial y estatal al que no se le da la debida importancia, y por el contrario, muchos Estados vienen reduciendo los estándares en dicha materia. 

Así, si vemos el caso peruano, se puede observar que, en materia ambiental, no todos los sectores han cumplido con aprobar normas sobre participación ciudadana, originando que la ciudadanía no se sienta ni respetada ni incluida en el proceso de toma de decisiones sobre una actividad económica. Un claro ejemplo de ello es el caso del sector Transportes y Comunicaciones, que no cuenta con un reglamento de participación ciudadana suficientemente garantista, que tome en cuenta perspectivas culturales, de género ni intergeneracionales. Esto es clave en este sector, considerando proyectos de alta envergadura como el Megapuerto de Chancay.

En esa misma línea, ¿qué es participación ciudadana sin transparencia y sin rendición de cuentas? Es importante que los Estados fortalezcan e implementen medidas para garantizar la transparencia en la toma de decisiones, en la aprobación de proyectos y su ejecución, así como la rendición de cuentas de ello. No basta con aprobar normativa relativa a dichas materias, sino que durante la implementación se debe procurar que todos y todas tengamos acceso a información confiable, certera y accesible, y evitar la captura corporativa de la legislación en estos temas.

Por otro lado, también se resaltó la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en el cierre de brechas de participación ciudadana, tomando en cuenta la labor que tienen de movilizar las voces de grupos usualmente vulnerados que no siempre encuentran audiencia en espacios estatales. En tal sentido, siendo que estas organizaciones también son grupos importantes para la ejecución de actividades económicas, el Estado no debe reducir el espacio de actuación de estas entidades.

En el caso peruano, este punto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú, que es un tratado regional que eleva la protección de los derechos humanos de acceso, como lo son la participación ciudadana, la transparencia, la justicia ambiental y la rendición de cuentas; derechos que deben ser garantizados en un contexto como el peruano que está a la mira de implementar proyectos de alta envergadura con impactos ambientales importantes.

“Seamos buenos ancestros”

El impacto ambiental y social que puede tener una actividad económica no puede tener una mirada de corto plazo. Esta es una visión empresarial que ha quedado obsoleta. Actualmente, las empresas deben analizar cómo el desarrollo de sus operaciones puede impactar en las futuras generaciones, quienes también deben estar incluidas en los procesos de debida diligencia en derechos humanos.

En tal sentido, es importante reflexionar como país cuál es el rol y la importancia que se le da a las juventudes y a las niñeces en los procesos de toma de decisiones, considerando que son ellos quienes se enfrentarán a los desafíos del cambio climático e impactos de daños ambientales. 

Por ello, los Estados deben implementar mecanismos que incluyan a estos grupos en la elaboración de políticas públicas que actúan como marco de normas sobre derechos humanos, para que estén informados sobre sus derechos y deberes. Asimismo, la educación en materia ambiental es un factor clave para fortalecer sus capacidades y puedan demandar al Estado y empresas el respeto a sus derechos.

Los jóvenes y las niñeces requieren de herramientas para enfrentar los futuros conflictos que nuestra generación y las pasadas les están dejando.  Ello no significa que debamos dejar de luchar contra cambio climático y enfocarnos solo en la adaptación, ni tampoco significa que debamos dejar de prevenir la ocurrencia de daños ambientales que puedan afectar irreversiblemente, su derecho humano a gozar de un ambiente sano, por el contrario, debemos continuar trabajando en tener actividades económicas que no afecten negativamente al medio ambiente y, por ende, a la vida y dignidad de las futuras generaciones.

El próximo año en abril se llevará a cabo el foro regional en el mes de abril, y esperamos que Perú llegue no solo con lecciones aprendidas a partir de estas reflexiones, sino también con propuestas y cambios, de manera que convivir con actividades económicas no represente una amenaza para la ciudadanía.