Como parte de los eventos organizados por los 30 años de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), se desarrolló el panel “Construyendo justicia ambiental: el caso de Alerta Ambiental y el Consultorio Jurídico Gratuito”, que tuvo como invitados a la Dra. Flor de María Vega, Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental; Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata y ganador del Premio National Geographic de Liderazgo en Conservación 2016; Julio Guzmán, Procurador Público del Ministerio del Ambiente y Carlos Chirinos, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Científica del Sur.

José Luis Capella, Director del Programa Forestal de la SPDA, dijo en la inauguración del panel: “La justicia, y en especial aquella ligada a la relación del hombre con el ambiente, es el tema que nos convoca. Hablamos de aquella justicia ligada a los ciudadanos que se encuentran cerca de los bienes y servicios esenciales para su vida, para nuestra vida, para la subsistencia del hombre en nuestro único hogar. La justicia ambiental no es una quimera, es más bien un concepto tangible, palpable, comprobable y con datos y cifras que hoy nos exigen que actuemos como ciudadanos”.

“En una sociedad justa, los ciudadanos más cercanos a los ecosistemas de los que todos dependemos son valorados y premiados por actuar y beneficiarse del patrimonio natural de tal forma que sus acciones no agredan la vida, la capacidad de desarrollo y los ideales de sus conciudadanos. No son perseguidos, estigmatizados o asesinados. En una sociedad justa y moderna, el más violento no triunfa sobre el más débil. La corrupción no se convierte en la normalidad y se nutre por años. Las autoridades no abusan con su poder, no se les deja privilegiar sus intereses particulares sobre lo colectivo. El derecho puede ser una pieza pequeña para que esa sociedad exista y se desarrolle”, mencionó el Director del Programa Forestal de la SPDA.

En la primera parte del evento, el abogado del Programa Forestal de la SPDA, Jean Pierre Araujo, expuso los casos del Consultorio Jurídico Gratuito y la plataforma Alerta Ambiental como alternativas generadas desde la SPDA para hacerle frente a los delitos ambientales en Madre de Dios.

El Consultorio Jurídico Gratuito se encarga, desde el 2010, de orientar y asesorar a los usuarios del bosque en Madre de Dios e Iquitos (desde el 2012). También realiza y hace seguimiento a denuncias ambientales, atendiendo alrededor de 200 consultas por año. A la fecha ambos consultorios han impulsado y acompañado alrededor de 120 denuncias a nivel administrativo y penal con el objetivo de defender los derechos de los ciudadanos.

Alerta Ambiental, por su parte, visibiliza las denuncias ambientales, las difunde, mide tiempos de respuesta, realiza incidencia y genera información sobre esos procesos. Actualmente Madre de Dios cuenta con 9 fiscales adicionales en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, tema que fue abordado en el Boletín #1 de Alerta Ambiental. En el Boletín #3 se dio cuenta de que un juicio por minería ilegal en Madre de Dios demora en promedio 4 años y le puede costar al denunciante más de 10 mil soles. Actualmente en la plataforma hay más de 60 denuncias ambientales a las que se le puede hacer seguimiento y, en total, hay cerca de 500 hitos (documentos del desarrollo de las denuncias ambientales).

En la segunda parte del evento se desarrolló un panel donde los cuatro especialistas abordaron temas como la dificultad de lograr justicia ambiental en lugares como Madre de Dios, la enorme carga procesal que deben sobrellevar las fiscalías ambientales, el desconocimiento de muchas autoridades sobre los temas ambientales, la necesidad de darle una valoración económica a los daños ambientales, entre otros

A continuación, un resumen de lo más destacado de cada una de las intervenciones:

Julio Guzmán, procurador público del Ministerio del Ambiente. Foto: Actualidad Ambiental.

Julio Guzmán, procurador del Ministerio del Ambiente, destacó la necesidad de contar con medios de prueba válidos para hacerle frente a una denuncia ambiental. Indicó que, por ejemplo, se debería poder usar imágenes satelitales porque “son el camino perfecto. Ya lo está haciendo el Minam, que viene preparando un instrumento con la Fiscalía, que podría ser una resolución ministerial, que apruebe que esas imágenes vayan acompañadas con el informe de un experto donde se explique el caso: el nivel de impacto, tipo de daño, la distancia, las hectáreas, etc. Como es un medio de prueba, y además tiene que ser oficial porque en la resolución ministerial tiene que decir que el ministerio promueve y proporciona esa información, no va a ser cuestionada por ningún juez. Hoy en día estamos ante la eventualidad de conseguir imágenes por internet y proporcionárselas al juez, y la otra parte dice cuál es la certeza de que estas imágenes sean verdaderas. Eso va a acabar muy pronto. Esperamos en los próximos días tener publicada esa resolución”, indicó.

En otro momento, Julio Guzmán se refirió a la necesidad de implementar en el país una Ley de Responsabilidad Ambiental que funcione con un sistema de pólizas ambientales. “En caso de que exista un evento catastrófico, se recurre a la póliza e inmediatamente el Estado invierte para reparar los daños. No se tiene que echar mano a la población para corregir el daño ambiental, lo que con el tiempo ha resultado un negocio (como sucede actualmente con los derrames de petróleo). Las propias empresas, para poder bajar los costos de las pólizas, van a tener que mejorar sus condiciones. Ese sistema de pólizas puede generar un efecto inmediato en el tema de grandes actividades. No está pensada para pequeñas actividades”, concluyó el procurador del Ministerio del Ambiente.

Flor de María Vega, Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. Foto: Actualidad Ambiental.

La Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Flor de María Vega, dijo que los principales obstáculos para acceder a justicia ambiental son la corrupción y el desconocimiento de los jueces en temas ambientales. “Mientras no sea combatida la corrupción, no vamos a lograr nada. Tenemos autoridades que se hacen de la vista gorda o que dicen este tema no nos corresponde y tenemos muchas personas involucradas en temas de corrupción dentro de las instituciones del Estado. En muchos casos el tema ambiental es un tema de criminalidad organizada”, dijo Vega Zapata.

Puntualizó además que el reto es seguir fortaleciendo el sistema de justicia, dotando de un mayor número de jueces que cuenten con una especialización en materia ambiental. De esa manera se podrá complementar los esfuerzos realizados hasta la fecha por el Ministerio Público en lo que respecta a la especialización profesional ambiental. Señaló además su preocupación por la desactivación de los dos juzgados ambientales existentes a nivel nacional, quienes a lo largo de este tiempo emitieron una serie de sentencias importantes en la materia.

Sobre el particular, es preciso indicar que mediante Resolución Administrativa N° 152-2016-CE-PJ se crearon 7 juzgados de investigación preparatoria permanente especializados en delitos aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales en los distritos judiciales de Puno, Tacna, Arequipa, Huánuco, Loreto, Piura y Lambayeque. De esta manera, considera Vega, se estaría debilitando el camino hacia la especialización ambiental en el Poder Judicial.

“Tenemos que levantar la voz y decirle al Poder Judicial que lo que hoy se necesita son jueces especializados en materia ambiental. Necesitamos atacar esos delitos con gente preparada, que conozca qué es el delito ambiental y lograr disuadir con esas sentencias a los que pretenden continuar con este tipo de delitos”, señaló la Coordinadora de las FEMA.

(Der.) Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata. Foto: Actualidad Ambiental.

Víctor Zambrano cuestionó las interdicciones realizadas como estrategia frente a la minería ilegal en Madre de Dios. “No existe, a nivel de gobierno o de Estado, una estrategia para enfrentar los problemas ambientales. Solamente estamos apagando fuegos, no estamos atacando el problema de manera integral porque no hay una política destinada a esto y una estrategia que apunte a solucionar los problemas. ¿Se ha solucionado el problema del desalojo de esos elementos que están destruyendo nuestra Amazonía? Ni un solo minero se ha retirado. Al contrario, están allí y se han expandido mucho más. El tema es por la poca voluntad política que hay de tomar la decisión. No queda otra situación que un estado de excepción. No en todo Madre de Dios, como lamentablemente se hizo un mes y medio antes de que se fuera el gobierno anterior, que se declaró el estado de emergencia ambiental sanitario, totalmente inoportuno y desacertado. ¿Cuál fue el resultado? Absolutamente nada. En la actualidad queremos que se tome una decisión política. El problema no es de todo Madre de Dios, que tiene 8 millones de hectáreas. El punto focal del problema tiene un promedio de 100 mil hectáreas. No estamos atreviéndonos a enfocar el problema específicamente en ese lugar que está irradiando todo el proceso de contaminación por las actividades ilegales. No es justo que una región megadiversa esté sufriendo esas consecuencias. Madre de Dios no se merece el destino que está llevando. La imagen de Madre de Dios no es minería, es biodiversidad”, señaló Zambrano.

Carlos Chirinos, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Científica del Sur. Foto: Actualidad Ambiental.

Carlos Chirinos sostuvo que las alertas tempranas solo son posibles en la medida en que el Estado se organiza y tiene una perspectiva y estrategias preventivas. “Cuando veíamos este tema en el Ministerio del Ambiente notamos que teníamos que convencer al Ministerio de Agricultura, de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua y a Vivienda y Construcción para generar una institucionalidad que pueda estar al tanto, debidamente informada y tenga capacidad de gestionar conflictos y pueda tener intervenciones conjuntas para que todos los temas que están involucrados en un conflicto socioambiental puedan ser debidamente asumidos por estrategias compartidas. Si queremos intervenciones absolutamente individualizadas, nada se va a lograr. Es más, el Estado tiene una increíble capacidad de generación de conflictos. Lo importante es que esa capacidad se remonte y sea un ente que efectivamente pueda solucionar problemas. El Estado tiene que tener estrategias y capacidad de intervención”, concluyó Carlos Chirinos.

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