• Proyecto de ley también incluye a las áreas naturales protegidas de uso indirecto.
• Incorpora la derogatoria de la Ley 30723 que promueve la construcción de carreteras en zonas de frontera de Ucayali y pone en riesgo a seis áreas naturales protegidas y reservas indígenas y territoriales.

El pasado martes 20 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el dictamen del Proyecto de Ley 1344/2016-CR, que tiene como objetivo proteger a los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI), y a las áreas naturales protegidas de uso indirecto, de proyectos de infraestructura terrestre o vial.

Como ya se ha informado, uno de los principales objetivos de esta propuesta legislativa (artículo 2) es evitar que se implementen proyectos de infraestructura terrestre o vial en los siguientes ámbitos: reservas indígenas o territoriales; territorios no categorizados que los PIACI poseen, ocupan o utilizan; y las áreas naturales protegidas de uso indirecto (parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos). El proyecto también contempla otras medidas que refuerzan la protección de los PIACI frente a nuevos y antiguos proyectos de infraestructura vial que los amenazan.

Al respecto el congresista Lenin Bazán, Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso,  señaló: “Este dictamen contribuye a solucionar el grave problema de carreteras que se planifican, diseñan y construyen sin respetar los derechos de los pueblos indígenas, como la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado. Además, con este dictamen el Estado peruano cumple con lo dispuesto por el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre la obligación de adecuar nuestra normativa interna de conformidad con los compromisos internacionales asumidos sobre derechos de los pueblos indígenas, en especial, los principios del derecho internacional para proteger a los pueblos en aislamiento, como los de no contacto, intangibilidad e integridad territorial”.

Otras disposiciones: opinión del Mincul y consulta previa

El dictamen ya aprobado, además, propone que el Ministerio de Cultura emita opinión técnica previa vinculante sobre los proyectos de infraestructura vial terrestre antes del diseño de los proyectos de infraestructura vial terrestre, a fin de dotar de predictibilidad y seguridad jurídica a las inversiones.

También establece que se debe garantizar los derechos a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado en caso de proyectos que impliquen posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas

Además, el proyecto señala un plazo no mayor de sesenta días calendario para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) actualice el Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), con la finalidad de adecuar a la norma todas las carreteras, rutas, trazos y/o proyectos terrestres o viales contenidos en él. Asimismo, se concede un plazo máximo de ciento veinte días calendario al Ministerio de Cultura para actualizar las referencias geográficas de la Base de Datos Oficiales de los pueblos indígenas.

Derogatoria de la Ley 30723 y siguientes pasos

Asimismo, se propone la derogación de la Ley 30723 que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera en Ucayali, y que fue impulsada a pesar de los pronunciamientos de distintas autoridades, ministerios y otras instancias del Estado, así como de representantes de la sociedad civil y los pueblos indígenas.

Ver: Mincul y Minam en contra de proyecto de ley que amenaza indígenas en aislamiento

Esta Ley expone a un alto riesgo a seis Áreas Naturales Protegidas por el Estado (los Parques Nacionales Alto Purús, Cordillera Azul, Sierra del Divisor, las Reservas Comunales Purús y El Sira y el Área de Conservación Regional Imiria), tres reservas indígenas (Murunahua, Isconahua, Mashco Piro) y una reserva territorial para pueblos en situación de aislamiento o en contacto inicial (Kugapakori Nahua, Nanti). Asimismo, pone en muy alto riesgo a los PIACI no categorizados.

Ver también: CIDH y ONU expresan preocupación ante ley sobre carreteras en la Amazonía

Al respecto Dino Delgado, abogado de la SPDA comentó “quisiera destacar el apoyo que ha recibido esta iniciativa legislativa, recolectando desde sus inicios diversas opiniones favorables de instituciones como el Mincul, Sernanp, Defensoría del Pueblo y las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, todas ellas reafirmando la importancia de continuar con la protección hacia los PIACI”.

“Finalmente, con respecto a la derogación de la ley 30723 propuesta dentro de este Proyecto de Ley, el mensaje es que el Perú debe hacer cumplir su legislación de Consulta Previa y otras leyes que aseguran la protección de los derechos humanos de sus habitantes (sean PIACI o no), y que todo esto pone en relevancia la necesidad de tener reglas claras para habilitar proyectos de infraestructura terrestre en zonas cultural y biológicamente mega diversas y por consiguiente muy sensibles”.

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