• Tal como lo hizo el 2020, el Congreso le dio nuevamente la espalda al tratado internacional sobre transparencia, participación ciudadana, justicia ambiental y protección de defensores ambientales.

 

Por amplia mayoría, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso decidió archivar nuevamente (como en octubre de 2020) el documento que proponía la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que tiene como objetivo fortalecer los derechos ligados a la participación ciudadana, la transparencia, justicia ambiental y la protección de los defensores ambientales.

Como se recuerda, el Perú y otros países de América Latina suscribieron dicho tratado en el 2018. Sin embargo, para adherirse formalmente, cada país debe ratificar el acuerdo a través de su respectivo poder Legislativo. Hasta el momento son 13 los países que han ratificado este tratado que ya entró en vigor en abril del año pasado, e incluso ya celebró su primera Conferencia de las Partes (COP) en Chile este año.

En la sesión realizada hoy, 11 de julio, el presidente de la mencionada comisión, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), expresó su rechazo al Acuerdo de Escazú y propuso votar nuevamente a favor del dictamen que rechazó la ratificación de dicho tratado, en octubre de 2020.

El legislador Bustamante consideró al acuerdo “innecesario” para el país y repitió los mismos argumentos usados en el 2020 por quienes se oponían a Escazú: la supuesta existencia de normas nacionales que ya regulan lo que propone el tratado, el presunto atentado contra nuestra soberanía, la presunta intromisión de organizaciones no gubernamentales en las decisiones del país, entre otras suposiciones–que respondían a una campaña de desinformación– que fueron desmentidas por diversos especialistas.

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Mira la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores donde se rechazó el Acuerdo de Escazú: 

Perú y su larga espera

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue suscrito por 24 países, entre ellos Perú, el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú y entró en vigor en abril de 2021. Sin embargo, solo 13 países lo han ratificado a través de sus parlamentos.

El acuerdo es considerado como uno de los instrumentos ambientales más importantes para evitar las amenazas y los asesinatos de defensores ambientales e incluye, entre sus disposiciones, una perspectiva de género, gobierno abierto y criterios de prioridad en su aplicación para personas en situación de vulnerabilidad.

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En el 2020, el Legislativo peruano rechazó ratificar este acuerdo. La Comisión de Relaciones Exteriores –luego de un largo debate y diversas sesiones informativas del tema– decidió archivar el Proyecto de Resolución Legislativa 4645/2019-PE, documento que proponía la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Pleno.

“Al no ratificar Escazú, Perú está perdiendo la oportunidad de no participar en la definición de estos instrumentos internos. Además, estamos desperdiciando un espacio de retroalimentación y cooperación internacional a favor de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la justicia ambiental, cuya implementación no es efectiva, como lo hemos podido ver en el manejo del derrame de petróleo”, comentó Fátima Contreras, especialista legal de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA.