Foto: Diego Pérez / SPDA

• La autógrafa que fue observada por el Poder Ejecutivo, así como rechazada por organizaciones indígenas, entidades especializadas y comunidad internacional, fue aprobada nuevamente por insistencia en la Comisión Agraria.
• Queda pendiente la emisión del dictamen de la Comisión de Pueblos para su próximo debate en el Pleno del Congreso.

A pesar de los cuestionamientos que motivaron su retorno a comisiones y la solicitud de la Defensoría del Pueblo de archivar el texto sustitutorio de los proyectos de ley 649, 894 y 2315/2021-CR, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763), este último viernes la Comisión Agraria decidió aprobar el dictamen de insistencia por unanimidad. 

Como se recuerda, el 29 de agosto el Congreso de la República decidió retornar a la Comisión Agraria y derivar además a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), la propuesta legislativa que incluye una Disposición Complementaria Final Única (DCFU) que pone en riesgo  a la Amazonía  y los derechos de los pueblos indígenas.

El análisis de la Comisión Agraria señala que, “desde la puesta en vigencia de la Ley Forestal y su reglamento (vigente desde el 2015), no existe evidencia de que esta haya contribuido a detener la tasa de deforestación en nuestra Amazonía”. Asimismo, indica que el proyecto de norma estaría buscando «garantizar la seguridad jurídica de los predios rurales» y reducir la «incertidumbre en la actividad productiva». 

Patricia Torres, especialista legal del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA, señala que aprobar esta propuesta legislativa en el Pleno del Congreso sería peligroso para nuestros bosques.

“Decisiones como la adoptada por la Comisión Agraria precisamente son las promueven la deforestación, al avalar títulos de propiedad y constancias de posesión ilegalmente otorgados. La Ley 29763 establece las reglas para gestionar el patrimonio forestal y de fauna silvestre, pero ello es en vano si las autoridades no observan su cumplimiento y si no se promueve la reconducción de conductas para una gestión adecuada del territorio. Tan consciente de ello es la propia Comisión Agraria, que la fórmula legal ahora indica que no exime a los funcionarios de las responsabilidades relacionadas al tráfico de tierras. Si la tenencia de la tierra a la que se refieren fuera legal, no sería necesaria la propuesta normativa y menos efectuar ese tipo de precisiones. Lo aprobado es grave y debilita nuestra actual participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, resaltó la especialista.  

Finalmente, indica que “la Comisión Agraria insiste en respaldar DCFU con la opinión de expertos en la materia pero distorsionando el sentido de lo expresado por ellos, como es el caso de Marc Jean Dourojeanni quien públicamente ha marcado distancia de lo promovido por la comisión”.