• Ya son 17 los países de América Latina y El Caribe que ratificaron este tratado ambiental que fomenta la participación ciudadana y la protección a los defensores ambientales.

 

La Corte Constitucional de Colombia aprobó la Ley 2273 de 2022, norma que propone la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado que fortalece la participación ciudadana, la transparencia, la justicia ambiental y la protección a los defensores ambientales.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, saludó esta decisión y resaltó la importancia de este acuerdo internacional.

“Es una excelente noticia ad portas de la COP16, la decisión de la Corte Constitucional de darle luz verde al Acuerdo de Escazú. ¿Qué implica el Acuerdo de Escazú para la ciudadanía? Significa la garantía de sus derechos de participación en las decisiones ambientales, que las autoridades ambientales, las empresas, tenemos que dar información transparente sobre esas decisiones y además que tenemos que garantizar los derechos de los defensores ambientales para que no sean estigmatizados y defender también su vida”, manifestó.

La ministra también aseguró que “esto genera una capacidad mayor de la ciudadanía de incidir en las decisiones ambientales y también, obviamente, una mayor democracia para el país. Nuestro reconocimiento a todas las organizaciones ambientales y ciudadanías que por varios años se movilizaron para que esto hoy sea una realidad. Con el Acuerdo de Escazú, Colombia se vuelve corresponsable con otros estados que ya ratificaron el acuerdo en América Latina y por lo tanto rendiremos cuentas ante el mundo sobre la democracia ambiental en el país”.

La decisión de la Corte Constitucional se da tras dos años de la ratificación del acuerdo en el Congreso de la República de Colombia. En este tiempo, el Gobierno colombiano señaló que ha trabajado en las condiciones necesarias para la implementación efectiva de este tratado. Asimismo, resaltó que el Ministerio de Ambiente lideró este proceso, diseñando una ruta estratégica que incluye la realización de talleres, mesas de socialización y la creación de un protocolo de reacción ante situaciones de riesgo o agresión contra defensores ambientales.

El Gobierno colombiano también se refirió al trabajo que actualmente realiza para fortalecer la protección de quienes defienden el ambiente y el territorio ante diversas actividades que destruyen la biodiversidad. En ese sentido, resaltó el desarrollo del Protocolo de Reacción ante situaciones de riesgo para defensores ambientales, que tiene como fin garantizar la seguridad de quienes dedican su vida a la protección del ambiente.

“La ratificación del Acuerdo de Escazú marca un antes y un después en la historia ambiental de Colombia. Este acuerdo no solo es un triunfo para la democracia ambiental, sino que también ratifica el compromiso del país con el desarrollo sostenible, el crecimiento económico inclusivo y la protección de la biodiversidad. Con esta decisión, Colombia avanza en la construcción de un futuro más justo y equitativo para las presentes y futuras generaciones”, informó el Gobierno de Gustavo Petro.

[Ver además►Democracia ambiental en crisis: lo que pierde el Perú por no ratificar el Acuerdo de Escazú]

Perú en la lista de espera

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú, fue adoptado en el 2018, y el Perú fue uno de los países que suscribieron este tratado.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Acuerdo de Escazú es el primero de su tipo en el mundo que incluye disposiciones vinculantes específicas para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

Con esta decisión de la Corte Constitucional, Colombia se convirtió en el país número 17 en ratificar dicho acuerdo. En el caso peruano, el Congreso de la República es el encargado de la ratificación de este tratado ambiental, pero lo ha rechazado en dos oportunidades.

«Este paso gigante de Colombia es un ejemplo de que, cuando hay voluntad, el sistema sí puede jugar a favor de la ciudadanía, de la transparencia, de la democracia y de la justicia”, señaló Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA.

“Casos tan lamentables como los derrames de hidrocarburos en el mar y en nuestra Amazonía, así como los asesinatos de defensores ambientales solo nos demuestran que la ratificación del Acuerdo de Escazú es una deuda del Congreso de la República, de los ministerios del Ambiente, así como de Relaciones Exteriores, y de todo el Estado para con los peruanos y peruanas. Y esta deuda cobra intereses cada vez que nuestros derechos siguen siendo vulnerados sistemáticamente», añadió.