Un colectivo de organizaciones dedicadas a la defensa del ambiente y los derechos humanos, envió al Congreso de la República una carta para solicitar la observación del proyecto de ley 636/2011-CR , que pretende ampliar por tercera vez el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del complejo metalúrgico de La Oroya, operado por Doe Run Perú.

Según el documento, dirigido al Presidente del Congreso, Daniel Abugattás, y al Presidente de la Comisión de Energía y Minas, Martin Rivas, el proyecto de ley busca dar “una amplia flexibilidad para que el complejo metalúrgico La Oroya renueve sus actividades” sin contemplar las “medidas para la protección a la salud y al ambiente que pueden verse afectadas”.

Al respecto Carmen Heck, de la sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señala que «con este proyecto de ley se pretende regular un caso particular, cuando las leyes deben tener alcances generales. Una ley destinada a otorgar beneficios especiales a Doe Run sería irregular».

REANUDACIÓN EN MANOS DEL CONGRESO

La carta del colectivo también indica que al autorizar la reapertura del Complejo de la manera como estaba operando anteriormente, “el Congreso estaría autorizando también el reinicio de la contaminación y de la violación de los estándares ambientales diarios, con los consecuentes daños al ambiente y a la salud humana y el aumento del riesgo a la salud y al ambiente a futuro”.

Cabe recordar que el gerente general de Doe Run Perú, Juan Carlos Huayhua, en declaraciones a un diario local, anunció el inicio de operaciones del complejo metalúrgico para el mes de mayo de 2012, en “honor al día de los trabajadores”.

El proyecto de ley, impulsado por el congresista Casio Huaire, busca ampliar el plazo para la culminación de la construcción del proyecto de planta de ácido sulfúrico y modificación del circuito de cobre del complejo por un plazo de 24 meses, siendo posible la adopción de posteriores prórrogas. Sin embargo, el proyecto omite establecer un cronograma de avances, medidas para verificar el cumplimiento del mismo, y las sanciones a las que habría lugar en caso Doe Run incumpliera nuevamente con el PAMA.

Asimismo, establece que la minera cumplirá con los estándares de plomo y niveles máximos permisibles de emisión de dióxido de azufre, sólo después de haber culminado el proyecto de dicha planta. Por último, busca la exoneración de multas, indemnizaciones y sanciones impuestas a la empresa durante su funcionamiento.

Para Carmen Heck, una de las principales preocupaciones respecto al proyecto de ley es que exonera a la empresa de cumplir con cualquier modificación de los estándares o límites permisibles por un plazo de 5 años contados desde terminada la planta de ácido sulfúrico.

“No hay justificación alguna para que se les dé ese beneficio, ya que cuando se modifica un estándar ambiental o límite máximo permisible por regla general se establece un plazo de adecuación al que se pueden acoger las empresas. Entonces, ¿por qué dar un trato diferenciado a Doe Run?”, señaló la especialista de la SDPA.

La operación del complejo metalúrgico, ha ocasionado graves impactos a la salud y al ambiente en La Oroya y esto fue reconocidos por el Tribunal Constitucional, la CIDH e incluso por una comisión del Congreso Peruano. Por ello el colectivo señala que es necesario que la reapertura del complejo contemple medidas efectivas mientras se termina el PAMA en su totalidad.

La carta fue firmada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Ver carta:
Carta al Presidente del Congreso sobre reanudación de Doe Run
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Foto: Michael Mullday