Foto: SPDA
- “No hay que dejar pasar esta oportunidad para combatir la desigualdad y avanzar hacia la sostenibilidad ambiental del desarrollo del país”, señala la iniciativa de la PUCP.
La Clínica Jurídica de Derecho Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) informó que, al igual que la Defensoría del Pueblo, envió una carta al presidente y miembros de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República con el fin de solicitar la priorización del debate de ratificación del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, más conocido como el Acuerdo de Escazú.
Como se recuerda, el Acuerdo de Escazú fue suscrito por 22 países de América Latina y El Caribe y cuenta hasta el momento con 9 ratificaciones. Para que entre en vigor, se requiere que al menos 11 países ratifiquen el acuerdo, sino se alcanza esta cifra, “se pierde una valiosa oportunidad de avanzar en el fortalecimiento de los derechos humanos y el medio ambiente”.
“El Acuerdo contribuye a mejorar la democracia ambiental porque desarrolla tres derechos interdependientes: el derecho a acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental; el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente, y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el resarcimiento por daños. Además, incluye disposiciones específicas sobre los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, un tema muy descuidado por la legislación nacional”, explica la Clínica Jurídica.
“La ratificación depende exclusivamente del Congreso de la Republica, y para ello cuenta, desde el 2 de agosto del 2019, con el proyecto de Resolución Legislativa 4645/2019-PE, remitido por el Poder Ejecutivo, con el debido sustento político y técnico para la ratificación del Acuerdo de Escazú. No hay que dejar pasar esta oportunidad para combatir la desigualdad y avanzar hacia la sostenibilidad ambiental del desarrollo del país, contribuyendo a la mejora de las capacidades nacionales y regionales para atender las diversas prioridades ambientales y climáticas que afectan a la población”, agrega.
Según informó la clínica Jurídica de la PUCP, esta iniciativa se suma a la propuesta de varias organizaciones ambientalistas, juveniles y organizaciones dedicadas a promover la ética y lucha contra la corrupción, quienes, en los meses de campaña parlamentaria, promovieron que los candidatos firmen el compromiso con los electores de ratificar el Acuerdo de Escazú durante periodo parlamentario 2020-2021.
Cabe destacar que, entre los que se comprometieron a trabajar por esta ratificación, figuraban candidatos del Partido Morado, Acción Popular, Somos Perú, Alianza por el Progreso, Juntos por el Perú, Partido Popular Cristiano y el Frente Amplio.
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