• Enfrentar la contaminación del aire, mejorar la gestión de residuos sólidos, incrementar las áreas verdes y espacios públicos, son algunos de los desafíos de la capital peruana.

 

Hoy Lima, la capital del país, cumple 487 años. Sin embargo, si hablamos de calidad de vida de sus habitantes, de una gestión ambiental adecuada y de proyectos que aseguren la sostenibilidad de los recursos, no hay muchos motivos para celebrar.

En Lima viven más de diez millones de personas, lo que significa un tercio de la población total del país. Por décadas, el crecimiento de esta gran ciudad no ha obedecido necesariamente a un orden y, por tanto, no siempre ha ofrecido un lugar digno para sus huéspedes.

La falta de recursos como el agua potable, la escasez de áreas verdes, el aire contaminado, la mala gestión de residuos sólidos, la apropiación ilícita de espacios públicos, la destrucción de zonas frágiles, entre otros factores, han alejado a la capital de convertirse en una ciudad sostenible.

¿Qué falta para que Lima por fin se convierta en una ciudad sostenible? Si bien, por encima de todo, se necesita la voluntad política y de sus propios ciudadanos, también se requiere acciones claves y concretas en diversos aspectos.

Por ello, la SPDA planteó propuestas para que tanto Lima como otras ciudades del país alcancen este estado donde los ciudadanos puedan vivir con calidad de vida, sin poner en riesgo los recursos y asegurando este bienestar para las generaciones futuras.

Las propuestas figuran en el documento 10 temas claves para la agenda ambiental, una publicación que busca generar acciones entre los tomadores de decisión y la propia ciudadanía. Además de propuestas para lograr ciudades sostenibles, figuran temas como bosques, justicia ambiental, biodiversidad y áreas protegidas, pesca sostenible, infraestructura natural, entre otros.

A continuación, los 7 retos pendientes y las propuestas de la SPDA:

Reto 1: Priorizar la promulgación de normas marco que sienten las bases para el desarrollo de ciudades sostenibles

Según la SPDA, es necesario contar con un régimen legal marco que ordene y delimite las competencias de las autoridades gubernamentales regionales y locales para propiciar el desarrollo de ciudades sostenibles.

Para ello debe ser prioridad revisar, debatir y aprobar el Proyecto de Ley 6794/2020-CR sobre gestión y promoción de ciudades sostenibles, así como el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. La aprobación de esta iniciativa parlamentaria significará contar con el primer marco normativo e institucional que establezca un orden común para la planificación y creación de condiciones adecuadas, con miras al desarrollo sostenible de ciudades en el territorio nacional.

Por otro lado, y en estrecha coordinación con dicho proyecto de ley, la aprobación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible es un avance en materia de acondicionamiento y planificación urbana. Determina cuáles son los instrumentos de planificación urbana que pueden usarse e incluye principios que rigen el desarrollo de las urbes. Lo pendiente es su reglamentación.

“En los últimos años, el Perú enfrenta diversos desafíos para la gestación de ciudades realmente sostenibles para la calidad de vida de la ciudadanía. A pesar de los esfuerzos de algunas entidades, es evidente la necesidad de contar con una visión común y transversal de sostenibilidad y resiliencia urbana en el desarrollo de las ciudades, garantizando siempre la participación de una ciudadanía activa, despierta, comprometida y con poder de decisión para el cambio”, señala Carol Mora Paniagua, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA.

Reto 2: Aprobar el reglamento y priorizar la implementación de la Ley de Espacios Públicos

Con la promulgación de la Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos se estableció un hito importante para la gestión, defensa y sostenibilidad de los espacios públicos, destinados a mejorar la calidad de la vida de las personas a través de su uso y disfrute. Con ello, además, se define un orden común para que las municipalidades y el sector privado tengan muy claro que el interés público siempre debe ser priorizado frente al interés privado al momento de gestionar los espacios que nos pertenecen.

Sin embargo, aún está pendiente la reglamentación de dicha norma por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Se espera que el reglamento disponga las condiciones necesarias para gestionar, proteger, supervisar, recuperar y velar por la sostenibilidad de los espacios públicos, con la finalidad de garantizar el equilibrio ambiental de las ciudades para el bienestar del ser humano.

“Los espacios públicos han jugado un rol fundamental en el contexto de la pandemia para el bienestar humano y su salud mental y física. Pese a su considerable valor en los últimos años, al ser espacios vitales para la recreación, intercambio social y manifestación cultural, han sido sacrificados, recortados o desnaturalizados. Esta situación debe revertirse y debemos apostar por la puesta en valor de estas áreas, promoviendo inversión pública y privada para expandirlas y potenciar sus atributos y valores”, explica Carol Mora.

Reto 3: Defensa de ecosistemas frágiles y de espacios que conecten la naturaleza y zonas urbanas

En los últimos años, la ciudadanía preocupada por la afectación de ecosistemas frágiles –como humedales y lomas– ha realizado diversas denuncias públicas ante la construcción de edificaciones o habilitaciones en zonas urbanas.

A ello se suma que la Ley 31056 amplía los plazos de titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y no considera las consecuencias reales, tampoco el tráfico de terrenos en ecosistemas frágiles ni las actividades extractivas que los amenazan. Por ello, esta ley debe modificarse a fin de incluir los candados legales que impidan posesiones de terrenos que pongan en riesgo este tipo de ecosistemas estratégicos para la biodiversidad urbana.

Adicionalmente, es necesario incluir medidas de prevención en el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencia de Edificación, de manera que el desarrollo urbano inmobiliario esté enfocado en la prevención, reducción y mitigación de la degradación de los ecosistemas frágiles por la realización de actividades de construcción.

Es indispensable también que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) promueva el otorgamiento de concesiones para conservación o para ecoturismo de áreas reconocidas como ecosistemas frágiles, incluso en regiones donde no se haya completado la clasificación forestal.

Actualmente, ello no está ocurriendo debido a una interpretación literal de la norma. Finalmente, será determinante fortalecer las capacidades de los municipios locales y del Minam, con la finalidad de que sitios clave para la educación ambiental puedan ser identificados. De esa manera, se dispondrá de condiciones de uso que prioricen acciones de conservación, restauración y educación.

“Nuestras ciudades se benefician por los diversos servicios ecosistémicos que brindan las zonas frágiles urbanas, como las lomas costeras, que se han convertido en uno de los principales espacios de recreación. Urge implementar medidas legales que respalden las acciones de defensa frente a invasiones y que establezcan la necesidad de desarrollar medidas para su conservación y protección jurídica”, señala Fátima Contreras, abogada del Programa de Política y Gobernanza Ambiental.

Reto 4: Mejorar la gestión de residuos sólidos y promocionar la economía circular

Incrementar el número de rellenos sanitarios es una necesidad impostergable, tanto como contar con al menos una escombrera por provincia e implementar programas municipales para asegurar la buena gestión de residuos. Igualmente, urge la construcción de infraestructuras de valorización de residuos sólidos y plantas de tratamiento de aguas residuales.

La principal barrera en la actualidad es la capacidad de gestión de las municipalidades provinciales, en especial de aquellos equipos encargados de gestionar proyectos que permitan la construcción de tales infraestructuras y lograr que se implementen las estrategias y planes aprobados.

Por otro lado, los recicladores desempeñan un papel esencial para la efectividad de la economía circular de residuos sólidos. A pesar de los logros alcanzados en su proceso de formalización e institucionalidad, aún es necesario crear incentivos que los inserten en el ciclo circular de los residuos como actores competentes para realizar actividades de segregación y valorización.

Una oportunidad para ello es promover un marco normativo que regule la actividad del reciclaje. Así, una nueva regulación debe desarrollar mecanismos de incentivos que fomenten la asociatividad y formalización de la actividad de reciclaje a través de la creación de programas municipales y la celebración de contratos y convenios con municipios para la realización de servicios. Todo esto de la mano con la implementación de incentivos de carácter social y económico que permitan que las asociaciones de recicladores puedan aumentar su capacidad y despliegue.

Reto 5: Movilidad sostenible y calidad de aire

El Minam ha trabajado en un proyecto de ley de aire limpio que hasta la fecha no ha sido aprobado. Como se sabe, uno de los temas prioritarios que se debe atender en las ciudades es la contaminación del aire causada por el parque automotor. En tal sentido, fortalecer las normas técnicas, estándares y requisitos que deben cumplir los automóviles que son importados y que transitan en el Perú es una tarea de suma urgencia. Debe ser una obligación que todo vehículo cuente con un catalizador que cumpla con medidas internacionales y en perfecto estado de funcionamiento, para que reduzca significativamente las emisiones de gases nocivos. Para ello es clave mejorar el sistema de las revisiones técnicas y las regulaciones relacionadas a emisiones en diversos sectores.

Sumado a ello, en el 2019 se aprobó la Ley que regula y promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. La pandemia del COVID-19 incrementó el número de ciclistas y de ciclovías, pero hace falta definir estándares de cumplimiento para los municipios a cargo de su implementación y mantenimiento. Ello va de la mano con fiscalizar la ejecución de las medidas dispuestas en la normativa mencionada. Por ejemplo, se señala un plazo de 3 años para que las entidades públicas y privadas adecúen sus estacionamientos y que al menos un 5 % sea para bicicletas. Del mismo modo, se requieren incentivos para la importación de autos híbridos, eléctricos y de bajo consumo, así como desincentivos para los que usan diésel.

“En retrospectiva, la principal medida que resaltan especialistas de Suiza como la más importante para mejorar la calidad de aire en sus ciudades, fue el establecimiento de estándares rigurosos para el debido funcionamiento de los catalizadores de los vehículos. Todos y todas hemos observado el cambio en la calidad del aire en nuestras ciudades durante la pandemia. Bajo el mismo principio de priorizar la salud pública, se debe tomar acción decidida para mejorar la calidad del aire que respiramos”, explica Bruno Monteferri, director de Conservamos por Naturaleza.

Reto 6: Reducir la contaminación plástica

En el 2018 se aprobó la Ley de plásticos y fue reglamentada al año siguiente. Sin embargo, la aplicación de esta norma aún requiere hacerse extensiva. Para ello, hace falta mayor fiscalización a los distribuidores de las bolsas plásticas de un solo uso por parte de los municipios.

Asimismo, la norma se limitó a establecer regulaciones respecto a ciertos plásticos de un solo uso, requiriéndose el dictado de nuevas medidas asociadas a los microplásticos, film, entre otros productos de un solo uso que no han sido regulados.

“La Ley de plásticos es solo el comienzo de lo que debe ser una política integral para reducir la contaminación por plásticos de un solo uso en el país. Si bien ha tenido un importante impacto en supermercados y centros comerciales, aún es necesario aumentar el nivel de cumplimiento de la norma en aquellos espacios en los que prima la informalidad”, indica Percy Grandez, abogado de Gobernanza Marina de la SPDA.

Reto 7: Reglamentar la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Lumínica

Recientemente se aprobó la ley para regular la contaminación lumínica. Sin embargo, su implementación dependerá de que el Minam lidere su adecuada reglamentación. Ello incluye la aprobación de Límites Máximos Permisibles de Luminancia, un Protocolo de Monitoreo de los Elementos de Publicidad Exterior, una tipificación de infracciones, entre otras normas reglamentarias.

Esta norma es de obligatorio cumplimiento a nivel nacional, por lo que será clave el rol de acompañamiento que deberá brindar el Minam a las autoridades locales.

“La contaminación lumínica ha sido un problema ambiental que se ha invisibilizado. Durante el Congreso Mundial de la Naturaleza desarrollado en Marsella, la Asamblea General de Miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza aprobó una moción en la que se exhorta a todos los países y organizaciones miembro a tomar medidas para reducir este tipo de contaminación”, afirma Christel Scheske, especialista de Conservamos por Naturaleza.

Datos:

• De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una ciudad sostenible debe contar con al menos 9 m2 de áreas verdes y espacios públicos por habitante; sin embargo, en Lima Metropolitana solo contamos con poco más de 3 m2 por habitante.
• En Lima Metropolitana apenas el 17% de la ciudadanía se traslada con medios de transporte sostenibles.
• A nivel nacional, a la fecha contamos con un parque automotor de 13 años de antigüedad, causante de cerca del 23% de la contaminación en las ciudades.
• Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), hasta el 2020 solo el 22% de la producción energética nacional era renovable.
• En el país, cada año se generan más de 7 millones de toneladas de residuos sólidos municipales; no obstante, solo 0.6% se recicla, según el Minam.
• Actualmente, reporta también el Minam, al año se usan aproximadamente 30 kilos de plástico por ciudadano. Es decir, solo en Lima Metropolitana y el Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día, que representan el 46% de residuos a nivel nacional.
• En todo el país, al 2021, únicamente existen 63 rellenos sanitarios para la disposición final de residuos sólidos; y, al 2018, con 157 puntos de acopio de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Asimismo, aún no existen escombreras para residuos de la construcción y la demolición debidamente habilitadas.