Cinco retos para el 2025 en materia forestal y de fauna silvestre
- El 2025 se presenta como un año decisivo para la conservación de nuestros bosques y fauna silvestre. Entre desafíos legales, urgencias ambientales y la necesidad de un liderazgo sólido, conoce los puntos claves para proteger nuestros ecosistemas.
lunes 20 de enero, 2025
Fotos: Serfor y SPDA
Escriben: Rocío Mancha y Claudia Cueva / Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA
El 2024 ha sido un periodo lleno de desafíos para la protección de la fauna silvestre y los bosques, lo que evidencia la necesidad de enfrentar problemas urgentes. Por ello, es crucial establecer prioridades en este nuevo ciclo anual. En ese sentido, compartimos cinco retos para este 2025, con el objetivo de fomentar la reflexión y la acción.
1. Aprobar el Plan de Acción hasta 2027 de la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre
Ha pasado más de un año desde que venciera el Plan de Acción 2017-2022 tras la aprobación de esta estrategia. Serfor ya ha iniciado el proceso de actualización de dicho plan; no obstante, aún está pendiente su publicación. El 2024 evidenció la necesidad de implementar decisiones estratégicas para reducir el comercio ilegal de especies: un reciente estudio mostró el potencial de las estrategias de cambio de conducta para reducir el comercio ilegal. Esto supone tener enfoques diferenciados para abordar esta actividad, generando alternativas viables y sostenibles sin estigmatizar a las poblaciones vulnerables y, por otro lado, investigar correctamente las cadenas asociadas al crimen organizado.
Asimismo, el nuevo plan de acción debe considerar enfoques transversales como el de “Una sola salud” para abordar la problemática de manera multisectorial. Todo ello debe ir de la mano con capacitación y financiamiento que fomente su implementación.
Foto: Marlon Dag
2. Implementar el EUDR sin promover más deforestación
En enero del 2024 se publicó la Ley 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS), cuestionada ampliamente debido a que se trata de una norma que legaliza la deforestación y pone en riesgo a cientos de miles de agricultores familiares y productores cuyos productos no podrán cumplir con el Reglamento de la Unión Europea sobre cero deforestación (Reglamento (UE) 2023/1115 – EUDR)[1], por haber sido producidos en tierras que no han cumplido con los estándares de protección ambiental nacionales y a los que se les ha dado una legalidad aparente.
El EUDR fue publicado el 31 de mayo del 2023 y, establece que no se permitirá el ingreso de materias primas o productos que provengan de deforestación[2] o que no hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción y que estén amparados por una declaración de debida diligencia. Cabe indicar que entra en vigencia en diciembre de 2025.
Este contexto no debe ser una justificación para emitir normas que legalicen actividades ilegales que, posteriormente afecten a las comunidades locales. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ya ha impulsado una serie de medidas[3] que buscan dotar de un marco institucional para la implementación del EUDR, pero lo cierto es que el país se encuentra ante diversos desafíos, principalmente en el sector del café y cacao[4] quienes han expresado su preocupación ante la lenta implementación del reglamento[5]. Estos desafíos deben enfrentarse de forma estratégica y sin debilitar la legislación nacional en torno a la protección de los bosques, incluyendo la participación de los pueblos indígenas de ser el caso y de las comunidades locales, como pequeños productores.
Foto: NYT
3. Reducir la deforestación por cambio de uso.
En línea con lo anterior, la modificación de la Ley Forestal, en contra de lo indicado en su art. 38, permite que en tierras con uso para cultivos o pastos que cuenten con bosques, no se exija las autorizaciones de cambio de uso del suelo. Asimismo, como el Ministerio Público ya ha indicado, aproximadamente 1265 casos por la comisión de delitos contra los bosques y/o tráfico ilegal de producto forestal maderable, podrían verse “legalizados” por la aplicación de la Ley 31973[6].
En 2023, más de 54 mil hectáreas se perdieron en áreas inferiores a una hectárea[7]. En ese sentido, urge dar una respuesta que atienda al problema de la deforestación en pequeñas parcelas, pero que incluya a las comunidades locales y agricultores familiares como parte de la solución. Para ello, es necesario resolver la brecha en la tenencia de la tierra, fortaleciendo herramientas como las Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales (CUSAF), que actualmente, no es el derecho ideal y costo-efectivo que se necesita para mejorar la seguridad territorial en tierras forestales o de protección. A la fecha, se encuentran algunas iniciativas legislativas en marcha que pueden impulsar cambios y mejoras en la LFFS, pero también a iniciativa del Serfor se puede promover la modificación del Decreto Supremo que regula esta herramienta.
Foto: PCM
4. Prevenir y controlar incendios forestales
Todos los años ocurren incendios forestales, siendo septiembre el mes más crítico[8]. El año pasado, esta situación se tornó especialmente grave afectando las regiones de Ucayali, Áncash, Madre de Dios, Amazonas, entre otros; más de 20 personas fallecidas y más de 5 mil hectáreas de cultivos afectadas[9]. Las causas son diversas y deben ser atendidas de manera integral: condiciones ambientales, ausencia de planificación, manejo del fuego o falta de coordinación interinstitucional.
El problema de los incendios forestales además, no debe suponer una estigmatización o responsabilidad a las poblaciones más vulnerables. En Perú está prohibido cualquier uso del fuego y no contamos con una política clara para transitar y enseñar a usar el fuego correctamente, desincentivar prácticas insostenibles y mejorar la práctica agrícola o alternativas para la preparación de terrenos. Esta línea de acción se encontraba en el “Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Incendios Forestales, Periodo 2019-2022”, el cual ya no se encuentra vigente y debe ser actualizado incluyendo roles bien definidos de todos los sectores involucrados.
La institucionalidad y articulación va a resultar clave para que este año desde el nivel local hasta el nacional, se pueda tener claridad respecto a la toma de decisiones y funciones para el control y mitigación. Finalmente, es clave contar una hoja de ruta clara en materia de restauración de ecosistemas afectados por los incendios, lo que supone implementar correctamente la “Estrategia Nacional de Restauración de Ecosistemas y Tierras Forestales Degradadas Periodo 2021 – 2030”.
Lee y descarga la publicación: Incendios forestales: qué pasó, qué hacer y cómo evitar que vuelva a ocurrir.
Foto: Serfor
5. Fortalecer la institucionalidad del sector
El fortalecimiento de la institucionalidad en el sector forestal y de fauna silvestre es un reto clave para este 2025. El año pasado se llevaron a cabo cambios significativos en la dirección ejecutiva de Serfor y en la jefatura del Osinfor, lo cual trajo a su vez diferentes cambios en las respectivas direcciones generales y/o de línea.
En un contexto de débil gobernanza y amenazas legislativas al sector forestal y de fauna silvestre, resulta fundamental contar con instituciones del sector fortalecidas, con un gran nivel de autonomía y presupuesto asignado para poder hacer frente a todos los retos mencionados anteriormente. Es importante que las competencias estén bien definidas y que el nivel de articulación sea óptimo, tanto a nivel nacional, como las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre.
Por lo indicado y especialmente en el caso de Serfor, se debe garantizar la idoneidad y estabilidad en el cargo de los representantes de las autoridades sectoriales estratégicas, mediante procesos de designación y remoción regulados y transparentes. Teniendo en consideración que se encuentra pendiente la aprobación de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el fortalecimiento institucional para su correcta implementación, es prioritario.
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