Escribe Fátima Contreras / Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

 

En diciembre de 2018 se promulgó la Ley 30884, norma que regula el consumo de plásticos de un solo uso en el país, la cual fue aprobada tras un largo debate entre el Ejecutivo, el Congreso, el gremio empresarial y la sociedad civil, sectores que hallaron un consenso en las evidencias de la contaminación ambiental ocasionada por el uso indiscriminado de plásticos y sus impactos en la flora y fauna.

Como parte del proceso de implementación de esta norma, el pasado 2 de junio de este año se prepublicó el Reglamento de la Ley, mediante la Resolución Ministerial 166-2019-MINAM, y puesto a consulta pública hasta el 14 de junio.

Para conocer los detalles de la ley, los objetivos claves y en qué parte del proceso de implementación se encuentra en la actualidad, presentamos cinco puntos a tomar en cuenta.

1. La implementación de la ley es progresiva

Se busca reducir el uso de bolsas de plástico en toda la cadena de uso de bolsas, sorbetes, recipientes o envases, platos, vasos, utensilios, botellas PET y similares. Existen excepciones para el uso de estos productos por personas con atenciones especiales o cuestiones de aseo y asepsia o inocuidad.

Para ello se plantean dos mecanismos: la prohibición y la imposición de un impuesto para bolsas plásticas. Ambos mecanismos se implementan de manera progresiva.

En el caso de la imposición del impuesto, se iniciará el cobro de 10 céntimos (desde el 1 de agosto) a bolsas entregadas en establecimientos comerciales o de servicios.

Para dar seguimiento a la implementación de esta y otras medidas, el Ministerio del ambiente (Minam) propone la creación de una Comisión Multisectorial permanente para la gestión integral del plástico de un solo uso a cargo del Viceministerio de Gestión Ambiental del Minam.

2. La sensibilización y educación ambiental son un eje esencial para la acción ciudadana

Con la aprobación de la ley se propuso celebrar el “Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico”, cada 3 de julio, y los miércoles como el “Día del Reciclaje del Plástico” a fin de minimizar la generación de los residuos de este tipo.

Las medidas de educación, capacitación y sensibilización demandarán del despliegue de distintos sectores y organismos especializados, así como del trabajo coordinado con autoridades locales. Las acciones de educación y sensibilización están orientados a todos los ciudadanos y ciudadanas de todas las edades, con particularidad en los menores, y medidas especiales para ámbitos de protección especial como áreas naturales protegidas, patrimonio natural y cultural, playas, ríos, lagos, lagunas, entre otros.

3. El sector privado es actor clave para la implementación de la ley

Se creó un registro de fabricantes, importadores y distribuidores de bienes plásticos con la finalidad de generar información estadística del mercado y verificar la efectividad de la ley a cargo del Minam, en coordinación con el Ministerio de la Producción y la Sunat.

Si bien la norma establece que el registro no es obligatorio, sí será obligatorio que los fabricantes, distribuidores e importadores informen sobre la cantidad y características de los bienes plásticos que produzcan.

Otro desafío de la industria es el de modernizar sus productos a fin de hacerlos más duraderos, resistentes y con insumos que fomenten la economía circular.

La economía circular es un nuevo enfoque introducido en la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Se trata de promover “cerrar el ciclo de vida” de los productos y volverlos a reinsertar en el ciclo productivo para introducirlos nuevamente a la industria y hacerlos útiles nuevamente. Es, en resumidas cuentas, dar valor a los residuos.

La ley busca la minimización de los residuos sólidos. Se dice que el problema es la disposición inadecuada de los residuos cuando no es del todo cierto. Con los residuos plásticos, el problema principal es su excesivo e innecesario consumo. Por ello, se promueve la minimización en el uso y residuos de estos bienes a fin de ser conscientemente eficientes en nuestro consumo.

4. Se fomentan nuevas tendencias en la fabricación de plásticos

Se han visibilizado nuevos conceptos en la elaboración de plásticos como “biodegradabilidad”, “compostabilidad” y “oxobiodegradabilidad” que hacen referencia a su descomposición. Ya hemos explicado la diferencia de estos tipos de plásticos anteriormente (http://www.actualidadambiental.pe/?p=50307) y por qué es importante tenerlo claro para saber su impacto en el ambiente.

Se creó un certificado de biodegradabilidad para asegurar que los productos fabricados en el Perú o los importados tengan las condiciones de degradación que correspondan a la clasificación de biodegradables y compostables. La ley no admite la fabricación de plásticos oxobiodegradables, pues su descomposición genera impactos más graves en los ecosistemas y en la salud de la fauna y de los humanos.

Las condiciones técnicas de degradabilidad son determinadas en las Normas Técnicas Peruanas de la INACAL, que orientarán la fabricación de plásticos. Sin embargo, el reto será subsanar los vacíos actuales que hay en el proceso de laboratorio para certificar y, más importante, supervisar el cumplimiento de estas condiciones.

5. Las municipalidades locales deberán asumir el reto de implementar la supervisión y fiscalización a nivel local

Hay distintas entidades que intervienen en el control sobre el cumplimiento de la ley. Desde el Minam, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Cultura, el Indecopi y los gobiernos locales.

Si bien algunos gobiernos locales han emitido ordenanzas para el control de los plásticos de un solo uso, no todos cuentan con capacidades para poder cumplir con las actividades de supervisión y fiscalización. Será importante ver de qué manera se crean mecanismos e incentivos para que los locales comerciales y los vecinos de los distritos puedan interiorizar el objetivo de la ley y adaptarse de manera más sostenible.

La propuesta de reglamento establece multas desde las 130 UIT hasta las 6 UIT en función del tipo de empresa que cometió la infracción.