Edwin Chota. Foto: Anouk García

• Reportaje de Ojo Público detalla la batalla de Edwin Chota contra los taladores ilegales y la inacción de las autoridades que conocían sobre las constantes amenazas de muerte contra los dirigentes indígenas. 

En setiembre de 2014 cuatro líderes de la Comunidad Nativa Alto Tamaya – Saweto en Ucayali fueron asesinados cruelmente. Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez iban a una reunión en la frontera con Brasil pero en el camino fueron interceptados por desconocidos, quienes no solo los asesinaron sino también los descuartizaron.

Si bien hasta hoy no se sabe con certeza el nombre de los asesinos, se sospecha de taladores ilegales de la zona, quienes fueron reiteradamente denunciados por Edwin Chota ante el Poder Judicial y Gobierno Regional de Ucayali. Pese a las evidencias de Chota, quien se dio el trabajo de fotografiar y georreferenciar el lugar del delito, arriesgando su vida, las autoridades no actuaron de inmediato, no fueron a la zona y más de una vez archivaron la denuncia. Han pasado cinco años y cinco meses, pero el crimen sigue impune.

Con el fin de resaltar la impunidad de este crimen y conocer la lucha legal de Edwin Chota contra los taladores ilegales, que duró incluso hasta unos pocos días de su muerte, el portal de investigación Ojo Público publicó un reportaje que detalla estos acontecimientos y resalta las carencias del Estado al momento de atender denuncias en la Amazonía.

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“El asesinato de los líderes ahéninkas expuso a un Estado indolente e ineficaz en la fiscalización del tráfico de madera y la protección de líderes indígenas. Durante seis años, Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, denunciaron a las mafias de la madera en la frontera de Perú y Brasil, pero nadie en ese tiempo ordenó una intervención fiscal en la zona. Chota incluso solicitó garantías para su vida, pero nunca se la brindaron”, señala el portal.

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Pintura representa las diversas amenazas de muerte que sufrieron los integrantes de la comunidad nativa. Ilustración: Enrique Casanto | Ojo Público

En el reportaje también se resalta que solo la Defensoría del Pueblo les prestó la debida atención en su momento y logró una reunión entre los dirigentes y la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, se detalla que solo después de los asesinatos, las autoridades retomaron la investigación por tala ilegal, además aceleraron el proceso para titular a la comunidad (después de 12 años) e incluso se comprometieron a atender diversas necesidades de la zona en temas de salud, educación, desarrollo, transporte, inclusión, entre otros.

“A más de cinco años de los asesinatos, los resultados no son significantes, dicen los actuales representantes indígenas. Dentro de los puntos prometidos, se encontraba, por ejemplo, la construcción de un camino peatonal que uniera a la comunidad Saweto con la brasileña de Apiucha. La obra consideró la instalación de un camino de 35 kilómetros, pero hasta hoy no se ha iniciado ninguna obra”, se lee en el reportaje.

Finalmente, Ojo Público destaca que el proceso “se encuentra en etapa acusatoria contra Segundo Atachi Félix, Josimar Atachi Félix y Hugo Soria Flores”, para quienes se ha pedido cinco años de prisión por el delito de tráfico ilegal de madera y 35 años por asesinato. Asimismo, el portal alerta que “en el proceso, y a pesar de las evidencias, los fiscales nunca incluyeron a los funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali que permitieron la comercialización de madera de origen ilegal, denunciado por los líderes de Saweto”.