Con el fin de constatar daños a la biodiversidad y recoger la versión de las poblaciones, el pasado 8 y 9 de julio, una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Cuninico y Puerto Alegría (Loreto), así como a Chiriaco (Amazonas), lugares afectados por derrames de petróleo en los últimos 20 años.

La visita fue solicitada a pedido de los afectados durante la audiencia “Afectaciones a derechos humanos por derrames de petróleo en Perú”, celebrada en su 158 Período de Sesiones en Santiago de Chile, en junio de 2016. Además del Comisionado Paulo Vannuchi, Relator para Perú, en la comitiva también estuvieron presentes la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello, y el Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores.

Según la CIDH, se pudo constatar que “las comunidades de Cuninico y Puerto Alegría no cuentan con acceso a agua potable”, solo consumen agua de lluvia no tratada. Asimismo, las poblaciones expresaron que el agua de los ríos está contaminada, por lo cual el número de peces ha disminuido y ya no están aptos para el consumo.

En la zona, además, “se habrían producido afectaciones a la salud de las y los habitantes de la zona, como cólicos, diarrea, afectaciones de piel, alergias, sangrados y mareos, así como altos índices de desnutrición”. A esto se suma la falta de atención médica adecuada e integral para estas afectaciones y la necesidad de capacitar a los educadores, así como mejorar la infraestructura educativa.

La población afectada también denunció que “los cultivos ya no producen lo mismo y que los árboles de plátano ya no producen suficiente comida para ellos”. Además, solicitaron de manera urgente que el Estado provea de agua potable, alimentación adecuada, apoyo para construir una piscigranja y atención de salud adecuada.

El reclamo de las poblaciones indígenas también llegó a Lima.

En Chiriaco no es distinta la realidad. Agua, alimento y salud adecuada, es la demanda de la población. También resaltaron que “en las actividades de remediación del derrame se habrían empleado niños y niñas para limpiar el petróleo del río” y que la investigación al respecto no ha avanzado, por lo que solicitan “una pronta y eficiente investigación y sanción, así como una reparación adecuada”.

Ante las demandas, los representantes del Estado señalaron para que para evitar más derrames, se están tomando algunas medidas, como la contratación de vigilantes y patrulleros en las zonas, así como el fomento del trabajo y la participación de las mismas comunidades. “En relación con estos incidentes, agregaron que desde su construcción (del Oleoducto) hasta 2017 el 62.63 % de los incidentes se han producido por hechos de terceros, el 26% por hechos naturales, 10% por corrosión , 1% por abrasión y 1% por falla de soldadura”, informó la CIDH.

La CIDH instó al Estado a continuar y ampliar el diálogo con las comunidades afectadas, con el fin de proteger el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos y de adoptar las medidas necesarias para proveer agua, alimentos y servicios de salud adecuados. Además, pidió que se redoblen esfuerzos de prevención de derrames, considerando además que dos días después de la visita sucedió otro incidente en Loreto.

DATOS:

* La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
* La CIDH tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
* La CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares referida a la situación de 38 comunidades ubicadas en las zonas de Marañón, Chiriaco y Morona como consecuencia de derrames de petróleo del oleoducto norperuano en zonas aledañas a sus comunidades. Dicha solicitud está actualmente en trámite.