Foto: Barbara Fraser

• Tras reunirse con afectados por derrames de petróleo en la costa y la Amazonía, delegación de la CIDH constató que aún hay sitios contaminados en Ancón.

Durante su visita a nuestro país, entre el 10 y 13 de octubre, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió con diversas autoridades nacionales para monitorear el “estado de la institucionalidad democrática y observar las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia de los derrames de petróleo”.

La delegación estuvo liderada por el vicepresidente y relator para Perú, comisionado Stuardo Ralón, la relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, e integrantes del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva.

Durante la visita, el grupo de la CIDH sostuvo un total de 24 reuniones en Lima y el Callao con autoridades del Sistema Electoral y de los diversos poderes públicos. Asimismo, con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, y representantes de pueblos indígenas afectados por los derrames de petróleo.

Derrames de petróleo

La CIDH informó que en su visita “recabó información sobre las afectaciones a los derechos humanos, en particular de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), derivadas de los derrames de hidrocarburos” y señaló que las respuestas estatales a dicha situación “han sido principalmente de tipo administrativo”.

Respecto a este tema, la organización se reunió con representantes de los pueblos indígenas, del Estado, la sociedad civil y grupos de pescadores. Además, la delegación visitó playas de Ventanilla y Ancón, donde “constató que aún permanecen rastros de hidrocarburos, así como las afectaciones que ello ha tenido en las comunidades y en el medioambiente”.

La CIDH y la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH (REDESCA) expresaron su preocupación ante afectaciones de dichos derrames. En particular, destacaron testimonios que “dan cuenta sobre graves impactos en los derechos a la salud, al medio ambiente, a la alimentación, al agua potable y a los derechos laborales de las comunidades afectadas, lo que, de la mano a la ausencia de una respuesta inmediata, las ha puesto en una alta situación de vulnerabilidad”.

En el caso de los pescadores afectados por el derrame frente al mar de Ventanilla, ellos “reiteraron la necesidad de que cualquier declaratoria de rehabilitación de las playas esté basada en estudios científicos que garanticen la seguridad de las comunidades, como también la de sus derechos de acceso a la información y participación en dichos procesos”.

Asimismo, la CIDH destacó “la urgencia de contar con la protección social necesaria para hacer frente a la pérdida indefinida de sus empleos y medios de vida; en particular, teniendo en cuenta la inequidad entre las comunidades afectadas y los actores empresariales en el contexto de las industrias extractivas en el país”.

Derrames en la Amazonía

La delegación también se reunió con representantes de pueblos indígenas de la Amazonía y territorios afectados por los derrames, quienes “reiteraron la necesidad de que el Estado de una respuesta eficaz a los mismos, con una perspectiva de interculturalidad y en observancia de los estándares aplicables a los derechos de los pueblos indígenas y otros colectivos históricamente discriminados”.

Por otro lado, los líderes indígenas, así como defensores ambientales denunciaron sufrir “estigmatización y criminalización” por oponerse a proyectos extractivos en el país. Además, la CIDH tomó nota del reclamo de las organizaciones que insisten en que “la negligencia y la omisión en el mantenimiento del Oleoducto Norperuano sería la principal causa de estos, pese a que gran parte de las afectaciones a oleoductos se han atribuido a hechos de terceros en los que en algunos casos se les habría señalado como responsables a integrantes de las comunidades afectadas”.

“Los derrames de petróleo en Perú son hechos reiterados que necesitan una atención prioritaria que garantice la aplicación de los estándares y recomendaciones interamericanos sobre empresas y derechos humanos contenidos en el informe Empresas y Derechos Humanos: estándares interamericanos”, explicó la organización.

En esta línea, agregó, “es urgente avanzar en la protección y reparación integral de las poblaciones afectadas por los derrames de petróleo, con especial atención a sus DESCA. Igualmente, se hace crucial la protección y no criminalización de las personas defensoras del ambiente y de quienes se oponen a los proyectos extractivos, así como indagar a fondo la responsabilidad de los actores empresariales en este contexto. Lo anterior, sumado a medidas para asegurar la debida diligencia en el marco de las actividades empresariales, garantizando la participación de las comunidades afectadas”.

Finalmente, la CIDH y REDESCA exhortaron al Estado a “realizar un diagnóstico integral sobre el impacto económico y social de los derrames, bajo un enfoque de derechos humanos que tenga particularmente en cuenta sus serios efectos en la salud de las personas afectadas”.

Asimismo, instó al Perú a crear un fondo de emergencia para atender las afectaciones de las comunidades y los pasivos ambientales, con el fin de dar una respuesta efectiva a los impactos que los derrames estarían produciendo. Estas acciones “deben enmarcarse dentro del respeto y garantía de los derechos de acceso a la participación, información y justicia en materia ambiental, para lo cual la Comisión y la Relatoría Especial urgen al Estado a respetar y garantizar los estándares interamericanos en la materia, así como a ratificar el Acuerdo de Escazú, como una medida adicional para avanzar en la protección de estos derechos”.

Dato:

• La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.