CIDH acepta denuncia contra el Estado por violaciones a los derechos humanos de pobladores de La Oroya
lunes 17 de agosto, 2009
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia contra el Estado peruano por supuestas violaciones a los derechos humanos contra pobladores de la ciudad de La Oroya, donde la empresa Doe Run administra un complejo metalúrgico.
Esta acción supone que la CIDH analizará si, con las omisiones que pueda haber tenido el Estado ante la excesiva contaminación ambiental en La Oroya, se han causado daños contra los derechos de sus habitantes.
Así, de ser probadas (como se indica en el documento del CIDH) “las supuestas muertes y/o afectaciones a la salud de las presuntas víctimas” como consecuencia de acciones y omisiones estatales, éstas podrían caracterizar “violación de los derechos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana”.
Además, la Comisión estudiará si el Estado ha cumplido con brindar acceso a la información sobre la situación ambiental de La Oroya y su relación con la salud.
Adicionalmente, se estudiará el por qué del retrazo para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional del 2006, donde se ordenan acciones de protección a la salud pública en La Oroya. Esta falta podría constituir, además, violaciones al acceso a la justicia y a la garantía judicial.
El pedido ante el CIDH fue formulado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDAH) y Earthjustice, y cuenta con el apoyo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Consultada, Astrid Puentes, codirectora AIDA, una de las organizaciones peticionarias ante el CIDH, indicó que la denuncia “responde a la falta de medidas del Estado peruano” en la ciudad de La Oroya: “Si bien existieron algunas acciones en La Oroya, éstas no han sido efectivas para mejorar la salud y el ambiente; como han declarado el Tribunal Constitucional Peruano e incluso el mismo Ministerio de Salud, y también menciona la Comisión”.
La admisión de la demanda por la CIDH se produce en circunstancias especiales. Días atrás, el presidente Alan García anunció la presentación de una propuesta “realista” al problema de La Oroya, e indicó que se viene analizando la posibilidad de ampliar el Plan de Adecuación Medio Ambiental (PAMA) que debe cumplir Doe Run.
¿POR QUÉ SE RECURRIÓ AL CIDH?
José Luis Capella, director del Programa de Defensa del Interés Ciudadano de la SPDA, señaló que una de las razones por las que se recurrió al CIDH fue porque se consideró que en la jurisdicción peruana se habían agotaron “todos los medios para que las instancias judiciales resuelvan el caso de la existencia de contaminación y las medidas que debe tomar el Estado”.
Indicó que los peticionarios consideraron que el Estado no cumplió con la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba establecer una serie de medidas preventivas a favor de la salud de los habitantes de La Oroya.
“La sentencia ordenó que el Ministerio de Salud tome ciertas medidas en torno a la salud pública; ordenó que se tomen acciones individuales a favor de las personas que ya tenían niveles de contaminación por metales pesados; encargó una emergencia ambiental… Sin embargo, quedó comprobado que la sentencia del TC no fue cumplida”, precisó el especialista.
Capella adelantó que el grupo de peticionarios ha sugerido “declarar en estado de emergencia a la ciudad de La Oroya para tomar medidas de salud públicas; realizar una atención integral a las personas afectadas; cumplir con los compromisos ambientales en los plazos establecidos y hacer cumplir las normas de impacto ambiental”.
RESPONSABILIDADES POR EL PAMA
De acuerdo a José Luis Capella, “el PAMA vigente no contempla prórrogas y ante incumplimiento, establece la imposición de multas y la ejecución de garantías financieras, que de no implementarse, reforzaría aún más el retardo injustificado de las acciones necesarias para controlar la contaminación, y la consecuente vulneración de los derechos humanos de los pobladores de La Oroya”.
“Por ello la decisión respecto al PAMA deberá considerar estas garantías exigidas e implementar finalmente, las garantías y medidas efectivas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de mejorar la salud y el ambiente en la ciudad, pero éstas medidas no se han cumplido” aseguró
Se ha informado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará vigilante al proceso de diálogo previo a una probable ampliación del PAMA a favor de Doe Run.
