Debido a las denuncias públicas de amenazas contra Edivar Carrasco Vásquez y la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lambayeque inició una investigación preliminar por el presunto delito de reglaje en agravio del defensor ambiental.

De acuerdo con el portal Wayka, la investigación fue dispuesta el 17 de febrero por la fiscal provincial Taide Cecilia Durand Tejada, luego de que la ONG Comisión de Derechos Humanos Bienestar Perú alertara en redes sociales sobre la presencia de personas sospechosas vigilando el local comunal. 

La comunidad, reconocida por su liderazgo en la conservación de la Reserva Ecológica Chaparrí, ha enfrentado constantes amenazas debido a su labor en la protección de este espacio de alto valor ecológico y cultural.

En respuesta, la Fiscalía abrió la carpeta fiscal 13-2025 para esclarecer estos hechos en el contexto de los ataques recurrentes contra defensores ambientales en Chaparrí.

Carrasco Vásquez, quien ha sido víctima de seis intentos de asesinato, ha denunciado reiteradamente amenazas en su contra. “La decisión de la Fiscalía es clave para esclarecer posibles vulneraciones a la privacidad, la libertad y otros derechos fundamentales. Además, permite argumentar que hay elementos suficientes para concluir que la vida de Edivar Carrasco está en peligro”, declaró a Wayka Jhefferson Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos Bienestar Perú.

La investigación, catalogada como compleja, tendrá un plazo máximo de ocho meses, conforme a la jurisprudencia establecida en la sentencia de casación 144-2012-Áncash de la Corte Suprema. Como parte de las diligencias iniciales, el 24 de febrero Edivar Carrasco rindió sus primeras declaraciones en la sede de la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lambayeque.

Comunidad campesina amenazada

En febrero de 2021, el Ministerio de Justicia activó el Procedimiento de Alerta Temprana del Protocolo para garantizar la protección de defensores de derechos humanos, tras un informe de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos y una solicitud de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH-Perú).

Este antecedente fue considerado por la fiscal Taide Cecilia Durand Tejada al abrir la investigación, en un contexto donde los comuneros de Chaparrí han enfrentado durante años amenazas vinculadas al tráfico de tierras. 

Un caso emblemático fue el asesinato de José Napoleón Tarrillo Astonitas, teniente gobernador del sector El Mirador, ocurrido el 30 de diciembre de 2017 en su vivienda.

Reserva Ecológica Chaparrí

La Reserva Ecológica Chaparrí, ubicada en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, es la primera área de conservación privada (ACP) del Perú, liderada por la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape. Con 34 412 hectáreas, es la segunda ACP más grande del país, después de Los Chilchos (46 mil hectáreas) en Amazonas.

Chaparrí es reconocida por su labor en la conservación de los bosques secos tropicales y la protección de especies emblemáticas como la pava aliblanca y el oso de anteojos. Es posible observar de cerca a estos osos, ya que una porción de su población en Chaparrí vive en semicautiverio. Además, en la reserva habitan zorros, roedores, colibríes y, en ocasiones, cóndores.

A pesar de su alto valor ecológico, Chaparrí continúa enfrentando constantes amenazas debido a la codicia de traficantes de tierras. Lamentablemente, no es la única ACP que enfrenta esta y otras amenazas. En los últimos años, varias ACP han enfrentado amenazas significativas. Por ejemplo, el ACP Lomas Cerro Campana, ubicado en La Libertad, ha sido afectado por la expansión urbana, minería no metálica, incendios y un turismo no controlado. Estas actividades han impactado tanto la biodiversidad como el patrimonio cultural de la zona.

En 2016, Mongabay Latam reportó que más de 70 áreas de conservación privada en la Amazonía peruana fueron invadidas por traficantes de terrenos, quienes lucran con el tráfico de tierras, la extracción ilegal de madera y el comercio de especies amenazadas.