Foto: Diego Pérez / SPDA

• Más de 120 mil agricultores de la Amazonía peruana podrían beneficiarse con las cesiones en uso para sistemas agroforestales y, a su vez, se lograría disminuir la pérdida de bosques amazónicos.

Uno de los grandes problemas que enfrenta la Amazonía peruana es la deforestación. Según el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB) del Ministerio del Ambiente (Minam), entre el periodo de 2001 y 2019, el promedio anual de pérdida de bosques húmedos amazónicos fue de 128 069 hectáreas (ha), y la pérdida acumulada de estos bosques fue de 2 433 314 ha, lo que equivale casi a la extensión del departamento de La Libertad. Las causas de pérdida de bosques contempladas en el monitoreo incluyen las generadas por acción humana (conocidas como deforestación), así como las de origen natural (vientos, derrumbes, entre otras).

En relación con las causas por acción humana, la “Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático” (ENBCC) del Minam considera entre las más relevantes y directas a la expansión agropecuaria como agricultura, ganadería y cultivos de coca lícitos e ilícitos; las actividades extractivas ilegales e informales como la minería ilegal; la expansión de infraestructura de comunicación como carreteras, e industrias extractivas como hidroeléctricas e hidrocarburos.

Entre las causas indirectas se contemplan factores como los demográficos (crecimiento poblacional), los factores económicos (pobreza, precio de oro, PBI, PEA, etc.), factores tecnológicos (escasa asistencia técnica, por ejemplo), factores políticos (tenencia de la tierra, titulación de esta y gobernanza forestal), así como los factores culturales (bajo conocimiento del uso de los recursos del bosque).

El papel de la agricultura familiar

De acuerdo con la ENBCC, la expansión agropecuaria a nivel nacional representó el 91.5 % de la deforestación total en los bosques amazónicos entre el 2001 y 2013, y según datos del PNCB, el grueso de la deforestación estaría ocurriendo en unidades o áreas menores a 5 hectáreas, en las cuales se realiza la tala y quema del bosque para su uso en estas actividades.

Los agricultores familiares son aquellos productores agropecuarios y forestales que en promedio manejan extensiones reducidas de tierra y tienen como principal fuerza de trabajo a los miembros del núcleo familiar. A nivel nacional la agricultura familiar representa el 97 % del total de unidades agropecuarias o áreas destinadas a la producción agropecuaria.

La evidencia que enmarca a los agricultores familiares como uno de los principales actores de deforestación en la Amazonía aún es debatida y requiere de una profunda comprensión de su interrelación con el entorno social, económico, cultural y ambiental, así como de sus principales estrategias de medios de vida y de acceso y manejo de los recursos naturales y económicos para el aprovechamiento sostenible de sus tierras (ICRAF, 2015).

Ello representa un punto de partida para fomentar un trabajo intersectorial y multinivel que incorpore a los agricultores familiares como aliados estratégicos del desarrollo sostenible de la Amazonía, pues manejan paisajes dinámicos que pueden incluir cultivos, pastizales, sistemas agroforestales, apicultura, crianza de animales menores, bosques primarios y bosques secundarios en regeneración o purmas, en los que la vegetación y el suelo se regeneran para un siguiente cultivo.

Foto: ICRAF

El potencial de las cesiones en uso para sistemas agroforestales

Las Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales (CUSAF) son un esquema jurídico y normativo previsto en la Ley 27963, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada en 2011, que busca formalizar las actividades productivas de los agricultores que ocupan tierras de dominio público con el fin de incorporarlos al sector forestal a través de la implementación de sistemas agroforestales y un manejo sostenible de dichas tierras que eviten la conversión de más bosques a tierras agrícolas.

Un punto destacable sobre las CUSAF es que pueden otorgarse a personas naturales asentadas en tierras de dominio público de hasta 100 hectáreas; es decir, este mecanismo incluye a los agricultores familiares que cumplan con las condiciones de elegibilidad y los requerimientos administrativos y responsabilidades para mantener el contrato, tales como mantener sistemas agroforestales que conserven el bosque, implementar prácticas de conservación de suelo y agua, entre otros compromisos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Midagri (ex-Minagri) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en los siguientes documentos:

• El “Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales”, aprobado por el Decreto Supremo 020-2015-MINAGRI.
• Los “Lineamientos para la elaboración de Declaraciones de Manejo en contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales”, aprobados por Resolución de Dirección Ejecutiva 163-2015-SERFOR-DE
• Los “Lineamientos para el otorgamiento de contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales», aprobados por Resolución de Dirección Ejecutiva 081-2017-SERFOR-DE.

En 2012, ICRAF estimó alrededor de 123 mil familias como potenciales beneficiarias de un contrato de CUSAF, asentadas en aproximadamente 1.5 millones de hectáreas de tierras de dominio público en la Amazonía peruana, superficie en la cual, con la implementación de CUSAF, se podría reducir la deforestación y contribuir con la restauración de bosques. Las familias identificadas se dedican a diversas actividades agropecuarias como el cultivo de café, plátano, maíz y cacao, la tenencia de aves y crianza de cuyes, ganado vacuno o porcino.

Según Valentina Robiglio, científica senior en sistemas de uso de la tierra de ICRAF, «el reto principal es que los agricultores familiares más vulnerables estén en condición de reducir su necesidad de convertir bosques para expandir sus cultivos a través del uso de prácticas de producción sostenible y agroforestería en el largo plazo. Esto se puede dar tomando en cuenta la heterogeneidad en sus aspiraciones, capacidades técnicas y activos, así como las oportunidades y dificultades que los diferentes contextos geográficos presentan».

Foto: ICRAF

AgroFor, una propuesta para los agricultores familiares de la Amazonía

El Instituto de Crecimiento Verde Global (GGGI), el Centro Internacional de Investigación Agroforestal (ICRAF) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), impulsan el proyecto AgroFor – Consorcio para la Promoción de Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales, que cuenta con el apoyo financiero de la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega (NICFI).

El objetivo de AgroFor es apoyar al Estado peruano en la construcción de las condiciones institucionales, legales, técnicas y financieras que permitan hacer de los contratos de Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales, o CUSAF, un esquema legal más atractivo para los agricultores familiares de la Amazonía, con el cual puedan mejorar sus medios de vida y acceder a mejores oportunidades comerciales.

[Ver además ► Organizaciones nacionales e internacionales se unen para enfrentar la deforestación en la Amazonía ]

Con el fin de definir estrategias apropiadas para los diferentes contextos que se presentan en el país, el proyecto AgroFor realizará pilotos en 3 departamentos amazónicos: San Martín, Loreto y Amazonas. Los departamentos en los que intervendrá el proyecto AgroFor se determinaron en base al tipo de superficie forestal y al potencial de mayor conservación de bosque a partir de CUSAF.

A través del desarrollo del marco habilitante (institucional, legal, técnico y financiero), se espera impulsar la implementación a escala de las CUSAF y, con ello, promover la reducción de la deforestación, la restauración y la mejora de los medios de vida de los agricultores familiares amazónicos. Para lograr estos objetivos, es importante el trabajo articulado de los diferentes sectores como el Midagri, el Osinfor, el Serfor, el Minam y los gobiernos regionales.

Foto: Diego Pérez / SPDA

La experiencia en San Martín

La región San Martín fue la primera en apostar por las CUSAF en 2018, cuando se otorgaron a personas naturales de las localidades de Progreso y Paraíso (provincia de Lamas) y de la localidad de Marisol (provincia de Mariscal Cáceres) en un total de 613.86 hectáreas divididas en 26 predios.

Este primer grupo de agricultores que accedió a las CUSAF para formalizar actividades agrícolas, forestales y pecuarias en favor de la recuperación de zonas deforestadas, generó una gran expectativa y nuevos inscritos. No obstante, hasta la fecha solo hay 33 contratos de CUSAF registrados en San Martín.

Según explica Patricia Torres, del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA, y quien está brindando asesoría técnico-legal para el fortalecimiento de las CUSAF, el modelo actual de este tipo de cesiones requiere ajustes en la parte legal para que sean accesibles y atractivos para los agricultores.

“Para su adecuada implementación, la normativa requiere autoridades que acompañen el proceso, transfieran capacidades y promuevan las ventajas técnicas, legales y económicas que reportan las CUSAF. Un escenario que contribuye a ello, es la experiencia en San Martín. En este sentido, a través de sus tres ejes de trabajo (institucional-legal, técnico y financiero), el proyecto busca ampliar el número de agricultores familiares que apuesten por las CUSAF”, precisa Torres.

Foto: ICRAF 

Un gran reto

Impulsar la implementación a escala de las CUSAF representa un gran reto en cuanto a la alineación de las políticas de agricultura, de titulación y de gestión forestal, pues requiere la participación de diversos sectores y niveles de gobierno, manifiesta Frida Segura, quien también forma parte del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA.

Para Segura, “hacer frente a la deforestación no es tarea de un solo sector ni entidad, puesto que sus causas están vinculadas con actividades que son promovidas por varios sectores como la agricultura, la construcción de carreteras, la minería, entre otras. Por tanto, las medidas para hacerle frente deben involucrar a todos los sectores comprometidos”.

Por su parte, Valentina Robiglio de ICRAF, considera que “cada uno de los agricultores enfrentará diferentes retos para cumplir con los requerimientos de las CUSAF, buscando aumentar su producción sin tener que expandir sus áreas cultivadas a través de prácticas agrícolas sostenibles que permitan la conservación del bosque. Todo ello implica para AgroFor un trabajo de innovación de los enfoques y modelos de asistencia técnica que se implementarán de la mano con los agricultores familiares”.

Finalmente, Aaron Drayer, representante de GGGI en Perú, resalta que el eje de trabajo financiero de AgroFor estará orientado a “identificar los mecanismos de inversión y de financiamiento adecuados que permitan que los agricultores familiares amazónicos, quienes no suelen estar asociados, encuentren incentivos del Estado y una oportunidad comercial en mejores mercados sostenibles, y no se limiten a vender a intermediarios que hacen acopio de café, cacao y otros de sus productos, lo que los tiene a merced de los precios por negociación”.

“Queremos mostrarles que la formalidad de las CUSAF da beneficios”, comenta Drayer y agrega que esta modalidad debe ser sencilla, accesible y mostrar sus beneficios para que los agricultores no lo vean como una “carga”, sino como una manera de mejorar sus medios de vida.