“Creo que el camino es prevenir. Hay distintos enfoques de intervención y entre ellos la prevención es el menos popular. Se trata de desarrollar una política que asegure la presencia del Estado donde se desarrollen actividades extractivas según el plan de desarrollo del país”, señaló el especialista César Guzmán-Barrón, respectro a cómo se deberían manejar los conflictos sociales en nuestro país.

En entrevista con El Comercio, el director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), afirmó además que en el caso de conflictos representativos como el de Conga y Las Bambas, parece no haber “un grado de entendimiento entre la ONDS y la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. No hay una política integradora, cada sector anda por su lado”.

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Asimismo, resaltó que un escenario ideal sería aquel donde haya un “pacto social” entre Estado, empresa y comunidades. Sin embargo, ello no puede darse si el Estado es percibido como un ente a favor de las empresas, ya que son los organismos estatales los que aprueban, por ejemplo, estudios de impactos ambientales cuestionables.

“Nuestra sugerencia es un tercero intermediario que sea ese puente que gane la confianza de todos, que no esté politizado y que dure en el tiempo. Estoy seguro de que debe pensarse en un nuevo diseño político con un ente independiente, autónomo, autónomo y profesional, con recursos de la cooperación técnica, que se encargue de la prevención y gestión de conflictos”, argumentó el especialista de la PCUP.

“Creo que el costo será mucho menor de lo que hoy cuestan las vidas y los millones de dólares que se pierden”, apuntó.

DATO:

• En el informe correspondiente a setiembre, la Defensoría del Pueblo registro 214 conflictos sociales, de los cuales 143 eran de naturaleza socioambiental.