Foto: Jaime Tranca / SPDA

• Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de CEPAL, Carlos de Miguel, explicó además que Perú pierde oportunidades al no adherirse a este tratado ambiental y de derechos humanos.

En el 2020 y 2022, el Congreso de la República rechazó ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado sobre transparencia, participación ciudadana, justicia ambiental y protección de defensores ambientales. En esas dos ocasiones, los opositores al acuerdo tenían como base dos argumentos principales: el acuerdo “quitará soberanía” a nuestro país y “atentará contra la inversiones”.

Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de CEPAL, rechaza estos dos argumentos y recuerda que el mencionado tratado internacional tiene fines de carácter ambiental y de derechos humanos. Asimismo, afirma que el Perú, al no ratificar este acuerdo, está perdiendo oportunidades.

“Perú pierde oportunidades, pierde la posibilidad de un reconocimiento internacional de su compromiso con los principios de derecho, de democracia ambiental, de protección del medio ambiente y de construcción de un desarrollo sostenible”, sostuvo Carlos de Miguel, quien participa en el Primer Foro Anual de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y El Caribe, el cual se realiza en Quito (Ecuador).

“Los países que han ratificado el Acuerdo de Escazú están trabajando en planes de acción, de implementación, y ya están recibiendo apoyo tanto de la cooperación e incluso de la CEPAL. Un elemento fundamental de este acuerdo es que ayuda a construir confianza y ese fortalecimiento del Estado de derecho, y eso es central en la construcción de un desarrollo económico con inclusión social y protección ambiental”, explicó el especialista, en conversación con Actualidad Ambiental.

[Ver además ►¿Por qué el Acuerdo de Escazú no compromete la soberanía nacional?]

El evento sobre defensores ambientales que se realiza en Quito, del 22 al 23 de noviembre, es un espacio de reflexión y diálogo respecto a la situación de cientos de personas que defienden el ambiente y su territorio en medio de ataques, amenazas y que anhelan la protección de sus y autoridades.

En el encuentro organizado por CEPAL, donde participan representantes de los Estados miembros y signatarios del Acuerdo de Escazú, se presentan además experiencias y buenas prácticas relacionadas a la protección de defensores ambientales. Asimismo, es un espacio para escuchar los testimonios de personas amenazadas por diversas actividades ilegales.

Foto: Andina

Soberanía e inversiones

El representante de CEPAL explicó además que si Perú ratifica el Acuerdo de Escazú no perderá su soberanía ni la Amazonía. Este argumento es “completamente falso, irreal, no tiene nada que ver con el acuerdo, y un acuerdo internacional no puede quitar soberanía al país”.

Respecto a la presunta traba de inversiones, Carlos de Miguel señaló que este tratado ambiental no se centra en este tema, “no entra a discutir si es que hay que rechazar o aprobar inversiones”. “Lo que el acuerdo busca es que en los procedimientos para avanzar en las inversiones se hagan de forma correcta, siguiendo el debido proceso, las reglas institucionales que tenga cada país -por ejemplo la licencia ambiental-, que se haga la consulta previa en los países donde corresponda, y que las buenas inversiones continúen su curso, se hagan y ayuden a desarrollar al país”.

“El Acuerdo de Escazú de ninguna manera frena las inversiones que hagan bien las cosas. Lo que busca es hacer buenas inversiones que no tengan conflictos, que mitiguen la conflictividad socioambiental y que, al final del camino, todos en el país, los inversores, el Estado y comunidades salgan beneficiados”, concluyó.