Familiares de las víctimas brindaron una conferencia de prensa. Foto: Impronta

• Familiares de los cuatro líderes indígenas asesinados en el 2014 afirman que, tras la sentencia de 28 años de prisión para los responsables, aún temen por sus vidas.

A mediados de este mes, y tras más de ocho años de espera, el Poder Judicial sentenció a los responsables del asesinato de cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, ubicada en la provincia de Padre Adab (Ucayali).

Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo fueron asesinados en setiembre de 2014, cuando iban a una reunión con líderes indígenas de Brasil. Por este caso, los madereros Hugo Soria Flores, Euricio Mapes Gomez, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Felix fueron sentenciados a 28 años de prisión.

Ante esta sentencia, los familiares de las víctimas se pronunciaron y afirmaron que “ninguna pena de cárcel o compensación económica nos devolverá a nuestros muertos, a los padres de nuestros hijos”. Consideraron además que, aunque esta pena es importante “es también una muy corta para el tremendo daño que sus asesinos han causado a nuestras familias, a nuestra comunidad y a nuestro país”.

“Los líderes ashéninkas asesinados, nuestros esposos y nuestro padre, no querían ser mártires. Solo buscaban justicia para nuestros territorios que estaban siendo invadidos por taladores ilegales, los que se han llevado nuestros árboles de caoba y de cedro, los que se acaban nuestros peces y quienes ahuyentan a nuestros animales con el ruido de sus tractores”, señalaron los deudos.

Como se recuerda, Edwin Chota y sus hermanos indígenas habían denunciado en reiteradas ocasiones a los madereros ilegales que extraían recursos de sus territorio, y además esperaban titular su comunidad para tener mayor seguridad sobre este espacio. Sin embargo, a cambio recibieron amenazas directas que concluyeron con la muerte de los cuatro líderes ashéninkas.

Foto: SPDA

“Ocho años después, ocho años sin ellos, seguimos teniendo el mismo problema de tala y algunas de nosotras hemos tenido que salir de nuestra comunidad de Alto Tamaya Saweto por seguridad y para lograr justicia por sus muertes”, agregaron los familiares de las víctimas que además piden al Estado “cumpla con su obligación de darle pensión por orfandad retroactiva a nuestros hijos, un compromiso que fue prometido desde el primer día y que luego de 8 años no se ha realizado”.

Finalmente, solicitaron al Estado mayor protección porque temen por sus vidas. “Si los taladores mataron a cuatro de nosotros por pedir que no talen, ¿cómo van a reaccionar ahora que han sido sentenciados? Nuestros esposos habían denunciado con nombre y apellido a los que terminaron siendo sus asesinos mucho antes de que los mataran. Es por eso que tememos por nuestras familias, nuestra comunidad, donde no existe paz”, concluyeron.

Dato:

• De acuerdo con Global Forest Watch, en los últimos dos años se han registrado 4138 alertas de deforestación dentro de los linderos de la comunidad.
• Según Global Witness, en el Perú se han asesinado a 51 defensores ambientales desde el 2012 hasta el 2021. En 2022 fueron asesinados otros 8 protectores más.