Foto: Anouk García

• La Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de Ucayali ha pedido 35 años de cárcel para los cinco acusados. Ninguno está detenido.

Luego ocho años de ocurrido el asesinato de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo el 1 de setiembre del 2014  —quienes cumplían un rol activo en la comunidad de Saweto para la defensa de los derechos colectivos frente a una mafia de traficantes de madera que operaba en la frontera de Perú y Brasil—, el próximo 20 de junio empezará el juicio oral contra el brasileño Eurico Mapes Gómez y a los hermanos Segundo y Josimar Atachi Féliz como autores materiales del crimen. Así como a José Carlos Estrada Huayta Hugo Soria Flores como instigadores del delito.

Para los cinco, la Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de Ucayali ha pedido 35 años de cárcel. A la fecha, ninguno se encuentra detenido.

Lucha por los derechos colectivos

Entre los años 2008 y 2014, Edwin Chota presentó al menos tres denuncias y varias cartas ante la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Gobierno Regional de Ucayali donde detallaba las actividades que realizaban los taladores en Saweto. Asimismo, en los documentos informó las amenazas que padecía los integrantes de su comunidad e incluyó las coordenadas de los sectores donde se extraía la madera de manera ilegal e identificó con nombres completos a quienes realizaban hostigamiento y la devastación.

Luego de seis años de gestiones consiguió, por fin, que representantes del Organismo Supervisor de Recursos Forestales y Fauna Silvestre (Osinfor) realizaran una evaluación en campo. Él participó en la diligencia, desarrollada entre el 25 y 29 de agosto de 2014. Este fue el último trabajo que Chota realizaría.

En julio del 2015, casi un año después de la muerte de Edwin Chota, la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto fue titulada por un área de 78 129 hectáreas dividida en dos sectores. Este derecho permitió a la comunidad que madereros ilegales y concesionarios forestales dejaran de operar en su territorio por lo menos por tres años, pero la falta de control por parte del Estado permitió que el bosque comunal vuelva a ser amenazado por los taladores y un grupo creciente de cocaleros y narcotraficantes.

Según Mongabay Latam, la deforestación generada por el narcotráfico y los taladores ilegales en la región de Ucayali continúa siendo avasalladora. De acuerdo con el último informe de la Gerencia Regional Forestal de Fauna Silvestre (Gerffs) del Gobierno Regional de Ucayali, este departamento registró 31 543 hectáreas de pérdida de cobertura boscosa en el 2021 por causa de actividades ilegales.

Después de los bosques de producción permanente, las comunidades nativas representan la segunda categoría territorial con mayores índices de deforestación. El desbosque en ambos espacios representa el 75.13 % del total registrado en Ucayali el año pasado.

Asimismo, en los últimos 20 años, detalla el informe, los pueblos indígenas de la región amazónica han perdido más de 100 mil hectáreas de bosques, según cifras de la Gerffs. Fue durante el 2019 (8 216 hectáreas) y 2020 (9 701 hectáreas) que la depredación forestal en Ucayali llegó a sus niveles más altos. La escalada de desbosque, se aprecia en el estudio, empezó en el 2008, año en que Edwin Chota presentó su primera denuncia frente a la tala indiscriminada en su comunidad.