Foto: Antonio Melgarejo

En setiembre de 2014, un asesinato conmocionó a todo el país y el extranjero. Cuatro líderes indígenas ashéninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto (Ucayali) fueron asesinados. Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo caminaban para encontrarse con sus similares brasileños, pero en el camino fueron atacados con armas de fuego.

Por este hecho, tras años de espera por parte los familiares de las víctimas, fueron condenados los hermanos Josimar y Segundo Atachi, además José Carlos Estrada, Hugo Soria y Eurico Mapes. La sentencia se dio en febrero de 2023, pero fue anulada en agosto del mismo año. Finalmente, tras nuevas audiencias, en abril de 2024 se dictó la sentencia en primera instancia: 28 años y 3 meses de prisión efectiva.

La defensa de los implicados apeló ante dicha decisión. Por ello, el próximo miércoles 9 de abril, a las 10 a. m., se realizará la audiencia de apelación de segunda instancia en la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

Organizaciones civiles e indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) han advertido que la impunidad en este caso podría sentar un peligroso precedente, ya que desalentaría las denuncias ante casos similares.

Aidesep destacó que este juicio no solo busca justicia para los familiares de las víctimas, sino que también es una oportunidad para fortalecer la protección legal de los pueblos indígenas frente a las mafias de la tala ilegal.

“Exigimos justicia para nuestros hermanos. Su asesinato no solo fue un ataque contra ellos, sino contra todos los pueblos indígenas que defendemos nuestro territorio de las actividades extractivas y del crimen organizado. Durante años, hemos enfrentado la impunidad, la corrupción y la indiferencia de un sistema que no protege a quienes luchamos por el bosque y la vida. No podemos permitir que estos crímenes queden en el olvido. Exigimos que se garantice una sentencia firme y que se reconozca el daño irreparable que se ha causado a nuestras familias y pueblos indígenas”, expresó Miguel Guimaraes, vicepresidente de Aidesep.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales han expresado su respaldo a los familiares de las víctimas y han llamado a las autoridades judiciales a actuar con la debida diligencia, ya que desde el asesinato de los líderes de Saweto en 2014, los ataques y amenazas contra los líderes indígenas que defienden sus territorios han aumentado. Desde el 2013 hasta la fecha se han registrado al menos 35 asesinatos.

Foto: Jaime Tranca / Actualidad Ambiental

Caso emblemático

Tras conocer la sentencia en primera instancia, Rocío Trujillo, asesora legal de Aidesep, resaltó que el caso Saweto es importante no solo porque busca otorgar la justicia que tanto han esperado los familiares de las víctimas, sino también porque “va a permitir visibilizar cuál será el camino de los más de 30 defensores asesinados, cómo va a ser este proceso penal”.

Según Trujillo, este caso también debe servir para que la justicia peruana realice cambios estructurales porque “no podemos permitir que sigan habiendo denuncias penales que se demoran más de una década. Eso también es permitir que continúen los asesinatos contra líderes indígenas”.