• Poder Judicial anuló la sentencia de 28 años de prisión para los responsables del asesinato de los cuatro dirigentes de Saweto (Ucayali) en el 2014.
• Viudas de las víctimas llegaron a Lima para expresar su malestar y pedir apoyo a las autoridades y organizaciones de derechos humanos.

 

El 1 de setiembre de 2014, hace nueve años, los líderes indígenas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, fueron asesinados cuando se dirigían a una reunión con sus colegas de Brasil. Las víctimas recibieron disparos de perdigones y, además, sufrieron la mutilación de sus cuerpos.

Los cuatro indígenas ashéninkas eran reconocidos por defender su territorio, buscar su titulación y, además, porque habían denunciado la invasión de madereros ilegales. Ellos pertenecían a la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

Después de ocho años y medio de estos asesinatos, las viudas e hijos de las víctimas creyeron que por fin habían conseguido justicia. En febrero de este año, el Poder Judicial sentenció a 28 años y 3 meses de prisión a los madereros Hugo Soria Flores, Euricio Mapes Gomez, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Felix, quienes fueron declarados culpables de homicidio doloso.

Sin embargo, el pasado 29 de agosto, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali anuló la sentencia en primera instancia, lo cual “ha sido un duro golpe para las familias y el movimiento indígena, que se sienten desprotegidos por el Estado frente a la defensa de sus territorios de las economías ilegales”, según publicó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Tras este fallo, Yusen Caraza, abogado defensor de los familiares de las víctimas, manifestó que “los jueces de Ucayali nos han dicho que todo regresa nuevamente a primera instancia, y se va a comenzar un nuevo juicio oral”. Asimismo, indicó que “existen responsabilidades fiscales y jurisdiccionales” en el proceso, lo cual le dio argumentos a esta anulación de sentencia. Entre estas acciones que afectaron el proceso, agregó el abogado, figura la incorporación irregular de un testigo protegido y la ausencia del fiscal (solo estaba presente su adjunto) en algunas audiencias.

En conferencia de prensa, Jorge Pérez Rubio, presidente de Aidesep, señaló que la anulación de esta sentencia que lograron en primera instancia “es un gran revés frente a la búsqueda de justicia” y que esto les da a entender “que hay un escaso compromiso de parte de la justicia peruana para poder detener y castigar a los responsables, nos da a entender que el camino de la impunidad cada vez se va haciendo más ancho”.

Además, resaltó que este no es el único caso que está relacionado al asesinato de defensores ambientales. “Esto viene sucediendo en el país en los últimos veinte años, aproximadamente, en donde más de 25 líderes indígenas han sido asesinados por defender sus territorios frente a distintos tipos de invasiones. Y las invasiones se dan básicamente por las personas que quieren aprovechar los recursos forestales, los recursos mineros, entre otros”.

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“Hay que mencionar que la justicia aquí es bastante flexible, bastante laxa, y muchos de los casos están quedando en total impunidad”, agregó e indicó que hasta el momento los familiares de las víctimas siguen en abandono.

Por su parte, Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), indicó que tras este fallo se sienten con “muy poca esperanza” pero esperan que el nuevo proceso se reinicie pronto.

“Nosotros vemos con mucha preocupación y lamento que, después de nueve años de proceso, nueve años de lucha, de visibilizar la lucha de los defensores territoriales, la lucha de los defensores de la vida, del bosque, de los ríos, quede nuevamente en la impunidad”, dijo el dirigente de ORAU, agregando además que esta decisión es “dar un camino libre para que nos sigan asesinando, un camino libre para los madereros ilegales, un camino libre para la actividad ilegal”.

“Vamos a seguir muy vigilantes con nuestras organizaciones indígenas representativas de la Amazonía. Hacemos un llamado al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público, que cumplan y que no decepcionen nuevamente a los pueblos indígenas amazónicos. Hacemos también un llamado a la solidaridad a la comunidad internacional porque nuevamente el Estado nos ha demostrado que la justicia para los líderes amazónicos no existe en el Perú. Esperamos que nos sigan apoyando y solidarizándose con la lucha que emprendemos”, concluyó.

Viudas e hija aún esperan justicia

En la conferencia realizada en el local de Aidesep, la viuda de Edwin Chota, Julia Pérez, manifestó que se encontraba “muy molesta” porque a pesar de ya pasaron nueve años, aún no han podido conseguir la justicia que tanto desean.

“He venido para conseguir justicia. Estoy muy molesta al no conseguir esta justicia que tantos años he esperado. No son pocos meses, son nueve años. Estoy muy descontenta con todo lo que viene pasando. O sea, para los que cometen delitos, para ellos sí hay justicia, pero no para los inocentes, para los defensores no hay justicia. He venido hasta aquí para hacer escuchar mi voz. Se aprovechan porque yo no cuento con dinero. Los que cuentan con dinero tienen justicia, pero los que no contamos con dinero no alcanzamos la justicia. Estoy muy decepcionada. Quiero justicia y espero el apoyo de cada uno de ustedes”, declaró la lideresa indígena de Alto Tamaya-Saweto.

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Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos, también expresó su descontento con este nuevo fallo del Poder Judicial, además pidió apoyo porque tras la muerte de su esposo han quedado desprotegidas y abandonadas.

“Estoy muy resentida como pueblo indígena, como ashéninka. Como soy pobre para mí no hay justicia, y eso me duele. Me molesta que no tenga ese apoyo. En el Perú somos olvidados como ashéninkas, somos ignorados. Me siento bien apenada que el juez no nos haya apoyado”, señaló.

“Venimos asumiendo nuestra responsabilidad como mujeres, criando a nuestros hijos, de los cuatro fallecidos, nos dejaron con nuestros hijos chiquitos. No hay quién les busque los alimentos y eso nos duele. Como ashéninka me siento humillada, siento como si no existiera en el Perú. […] Todos tenemos derechos, todos sentimos, somos de carne y hueso. Sentimos la sangre que se ha derramado en Saweto”, agregó Rengifo.

Por su parte, Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima, resaltó que tanto ella como sus compañeras llegaron a Lima para “conseguir justicia”, “vengo por esa justicia que no he podido alcanzar. Mis hijos sufren porque ellos han quedado desde muy pequeños. ¿Quién piensa en nosotros que nos hemos quedado viudas? ¿Quién piensa en nosotros? Estoy muy molesta. Pido a cada uno de ustedes que me apoyen, ayúdennos a conseguir esta justicia que queremos”.

Finalmente, Lina Ruiz, la hija de Francisco Pinedo, indicó: “En verdad me siento muy triste y me siento de rabia por lo que pasó [la anulación de la sentencia]. Me duele mucho. Tanto sufrimiento de los nueve años. No hay justicia para nuestros padres. Mucho sufrimiento y el juez no nos hizo caso. En cambio, para el asesino sí hay justicia porque él tiene la plata, pero para nosotros como indígenas no tenemos justicia”  

Volver a empezar

El abogado Yusen Caraza explicó que tras la anulación de la primera sentencia ahora tendrán que iniciar de nuevo el proceso judicial, y que “el camino es bastante amplio”; sin embargo, resaltó que las viudas “no se quieren rendir, están agotadas, pero van a continuar, claman justicia. Como parte legal, vamos a seguir acompañando”.

“Cuánto más deben esperar estas familias para poder obtener esa palabra mágica que tanto se ha repetido, que es justicia. ¿Qué tanto cuesta llevar un proceso penal limpio, justo? ¿Qué tanto cuesta tener una sentencia condenatoria? Cuesta el dolor de todas estas familias. Cuesta el dolor de estas familias que se quedaron sin su líder, sin su padre, sin el esposo”, mencionó Caraza.

El abogado también explicó que en esta visita a la capital peruana se reunirán con diversas autoridades para pedir el apoyo que los lleve a conseguir la justicia que han buscado en casi una década.

Finalmente, dijo que en la actualidad los familiares de las víctimas se encuentran expuestas a peligros y “nadie las está apoyando, por eso vamos a tener que solicitar una reunión con el Ministerio de Justicia. Queremos que nos atiendan, queremos que nos escuchen”.

Poder Judicial necesita nuevo enfoque

Respecto al giro que ha tenido este caso relacionado con la muerte de dirigentes indígenas, Katherine Sánchez, abogada del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, se refirió a la demora que ha tenido el proceso en primera instancia y explicó que esto es un indicador para determinar que el Poder Judicial debe resolver estos casos bajo un enfoque de derechos humanos.

“Toda la demora que se ha generado en este proceso en la primera instancia, y lo que se viene ahora, vulnera y revictimiza a las familias de estas personas defensoras asesinadas. Eso resalta la necesidad de que el Poder Judicial resuelva estos casos bajo un enfoque de derechos humanos, que evite la revictimización y que ponga como eje central a las personas, y no a las formalidades. Es necesario que empecemos a hablar de un fuero de derechos humanos que pueda resolver los asesinatos de personas defensoras”, explicó la especialista de la SPDA.

“Esto es necesario porque solo así vamos a poder atender una pregunta clave que en el caso Saweto no se dio con la primera sentencia, que es aclarar si estas personas fueron asesinadas o no como consecuencia de su labor como personas defensoras. Esta pregunta es muy importante porque es la que nos da pie a la reparación integral. Es un derecho que tienen todas las personas, familiares de los defensores y defensoras, pero además solo así podemos hablar de que se cumple también con el derecho a la verdad, que además es un derecho colectivo que todos los peruanos y peruanas tenemos”, agregó Sánchez.