Reproducimos el artículo publicado en el diario Houston Chronicle a propósito del intento de expulsión del Perú del sacerdote Paul Mc Auley.

Religioso ecologista británico lucha contra su expulsión de Perú

Por CARLA SALAZAR © 2010 The Associated Press

Un religioso británico ecologista, a quien el gobierno ha expulsado de Perú alegando que sus actividades atentan contra el orden interno, lucha legalmente por permanecer en el país donde alzó su voz para defender el medioambiente y los derechos de los indígenas.
El hermano Paul Mc Auley, de 62 años, de la orden católica Hermanos de La Salle, tiene hasta el miércoles para abandonar el país, luego que el viernes la Dirección General de Migraciones y Naturalización comunicó la cancelación de su permiso de residencia por realizar «actividades contrarias a su calidad migratoria y actos que ponen en riesgo la Seguridad del Estado, el Orden Público y la Defensa Nacional».
«Estamos apelando… En el Palacio de Justicia ya hay una acción de hábeas corpus y una acción de amparo» presentados, dijo Mc Auley en conversación telefónica con la AP. Dijo desconocer el motivo por el cual el gobierno canceló intempestivamente su permiso de residencia, tras 20 años de residir en Perú.
En septiembre pasado el gobierno le había renovado el permiso por un año.
Mc Auley preside la asociación civil Red Ambiental Loretana, fundada el 2004, que defiende los derechos indígenas, la protección del medioambiente, y los derechos humanos en la ciudad selvática de Iquitos, a 1.010 kilómetros al noreste de Lima.
El religioso asegura que su rol es básicamente el de un «educador», y reconoce haber participado en algunas marchas y manifestaciones pacíficas de la población sobre los temas que defiende. En febrero pasado presentó dos pedidos ante la Fiscalía de Medioambiente para que verifique la contaminación del río Tigre por la empresa argentina Pluspetrol, pero a la fecha no ha obtenido respuesta, según dijo.
El jefe del gabinete, Javier Velásquez, dijo el lunes que el gobierno no puede «aceptar que extranjeros puedan encubiertamente seguir soliviantando a la gente justamente para que quebrante los valores democráticos».
Consideró que por su condición de religioso, las expresiones y actitudes de Mc Auley pueden llegar a ser peligrosas.
«La palabra de una autoridad religiosa tiene que ser obviamente bien prudente porque puede generar cualquier explosión social que nadie lo espera», comentó.
El gobierno ha emprendido una intensa campaña de captación de inversión privada abriendo las puertas a las actividades de exploración petrolera, gasífera y minera en gran parte de la Amazonia peruana.
Esa posición lo ha enfrentado a organizaciones indígenas que defienden sus tierras ancestrales y su derecho a ser consultados sobre cualquier tema que les concierna.
El 5 de junio del 2009 una protesta de nativos amazónicos contra dos decretos sobre los que no habían sido consultados y que consideraban permitían la venta de sus territorios, provocó violentos enfrentamientos con la policía que terminaron con la muerte de 23 agentes y 10 civiles, así como un policía desaparecido.
«Estamos en un contexto en el Perú muy especial, en donde no hay momento en la historia de la amazonia en donde haya tantos proyectos, tan grandes y que están planteándose o realizándose de forma simultánea», dijo Mariano Castro, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
«Creo que, efectivamente, personas como el hermano Paul sean incómodas en este escenario», agregó.
La noticia sobre su expulsión generó cuestionamientos de la organización Amnistía Internacional, que en una carta remitida al ministro del Interior, Octavio Salazar, le pidió reconsiderar la medida.
«Amnistía Internacional ve con mucha preocupación la actitud del gobierno del Perú en relación con los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Perú y de las personas que trabajan para protegerles», anotó.
«La cancelación de la residencia del Hermano Paul McAuley parecería ser un paso más en un campaña de amedrentamiento por parte del gobierno hacia las comunidades indígenas y los defensores de los derechos humanos que trabajan con ellos», sostuvo.
____
Colaboró con esta información el periodista Frank Bajak de AP Bogotá.