Foto: SPDA
* Especialista de la SPDA, Carlos Trinidad, realizó un análisis jurídico a la Ley 30723, que promueve carreteras en la Amazonía de Ucayali y que pone en riesgo a los indígenas en aislamiento voluntario. Según el asesor legal, las leyes declarativas son una llave que permite la activación de diversos procesos administrativos.
El pasado 22 de enero, el Congreso de la República promulgó la Ley 30723, que declara de interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali.
Antes de la promulgación, organizaciones ambientales, indígenas y organismos del Estado como el Ministerio de Cultura (Mincul) y el Ministerio del Ambiente (Minam) se opusieron a la aprobación de esta norma porque consideraban que pondría en riesgo a diversas áreas protegidas y, en especial, a indígenas en aislamiento voluntario. Sin embargo, algunos defensores de la ley, afirmaron que la norma solo era “declarativa” y que no propiciaba la ejecución de obras como carreteras, por lo cual, no representaba riesgo alguno.
[Descarga el análisis jurídico de la Ley 30723]
Al respecto, Carlos Trinidad, asesor legal del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, señala lo contrario. Según el especialista, si bien “las normas declarativas requieren de actos administrativos posteriores para cumplir con los objetivos de interés público que justificaron su aprobación, estas sí generan algunos efectos inmediatos”.
“Estas normas no sólo activan una red de procedimientos posteriores, sino que constituyen mandatos al Poder Ejecutivo, para que este priorice la ejecución de una determinada obra o infraestructura, ante la imposibilidad del legislador de proponer alguna iniciativa de gasto en la ejecución del presupuesto”, explica.
Trinidad Alvarado advierte además que “la Ley 30723 es una suerte de llave ‘formal’ que permite la activación de diversos procesos administrativos específicos destinados a la habilitación de infraestructura vial, como el procedimiento de expropiación o el traslado de comunidades nativas”.
Además agrega que “esta ley surge en un contexto de falta de uniformidad de las políticas estatales para proteger a las áreas naturales protegidas y los derechos de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, frente a proyectos de infraestructura vial o terrestre”.
Cabe destacar que la norma ha sido rechazada por diversas organizaciones, en especial las indígenas, y ha generado la aparición de tres proyectos de ley que piden su inmediata derogación. Marco Arana (Frente Amplio), Tania Pariona (Nuevo Perú) y Patricia Donayre (Peruanos por el Kambio), son los congresistas que están fomentando esta derogación.
Lee el análisis jurídico en línea:
Análisis Jurídico a La Ley 30723 Que Fomenta Carreteras en La Amazonía de Ucayali by spdaactualidad on Scribd
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