Carreteras en la Amazonía: conoce los acuerdos de la primera jornada de Sesiones SPDA

Foto: Jhonny Salazar / SPDA

12 participantes de diferentes sectores se reunieron el pasado 18 de setiembre para buscar soluciones frente a los problemas que se generan en torno a proyectos de carreteras y trochas en Loreto.

El pasado miércoles 18 de setiembre, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental desarrolló el primer evento denominado Sesiones SPDA, un espacio de diálogo donde representantes de diversos sectores exponen su visión sobre un determinado tema ambiental, plantean propuestas de solución y se comprometen a realizar acciones concretas.

En la primera entrega, Sesiones SPDA reunió a 12 especialistas, quienes dialogaron en torno a la construcción de carreteras en Loreto, con el fin de analizar la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos en la Amazonía.

Los especialistas César Ruiz Agüero, coordinador e inspector de obras del Gobierno Regional de Loreto (Gorel); Andre Pezo del ARA – Loreto; y Daniel Castillo Soto del Programa Nacional de Conservación de Bosques, conformaron la primera mesa de diálogo que buscó responder la interrogante: «¿Qué obstáculos impiden que se lleven a cabo proyectos de carreteras de forma sostenible?».

Ellos concluyeron que el principal obstáculo es la falta de planificación, así como la falta de un Plan Vial Departamental que pueda guiar las inversiones aprobadas por el Gobierno Regional de Loreto (Gorel). “En promedio los proyectos viales para su puesta en ejecución pueden tardar entre 8 a 10 años. Con la ausencia de un plan vial que oriente estas inversiones estos proyectos no se llegan a ejecutar”, detalló César Ruiz Agüero, coordinador e inspector de obras del Gorel.

Foto: Jhonny Salazar / SPDA

Señalaron que otro obstáculo se da por la falta de información y el desconocimiento de los suelos y realidad de las comunidades, convirtiéndose en un problema al momento de orientar las inversiones. Los expertos resaltaron que desde la perspectiva de las comunidades existe una ausencia del Estado. «Tenemos que generar información que oriente los procesos para que sean participativos y disminuir esta brecha», aseguró Andre Pezo del ARA-Loreto.

Por su lado, Daniel Castillo resaltó que faltan criterios técnicos de priorización para proyectos. «Estos criterios deben dejar de lado los temas políticos y deben dar el verdadero soporte en estos temas», mencionó.

Además, llamó la atención sobre el desconocimiento de los funcionarios públicos en lo que respecta a la normativa sobre gestión ambiental y deforestación. «Los proyectos que se han venido ejecutando como la carretera Yurimaguas – Jeberos no han contado con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debidamente aprobado por la autoridad competente, ni con Autorización de Desbosque. Muchas veces los funcionarios técnicos desconocen la normatividad», aseguró Castillo.

Participantes de la mesa de diálogo del primer bloque de Sesiones SPDA. Foto: Jhonny Salazar / SPDA

Durante el segundo bloque del programa Sesiones SPDA se invitó a César Barreto Escobedo, ingeniero de proyectos de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC); Otto Luna Echegaray, representante del Consorcio Saramiriza; y Mariana Montoya, directora de la WCS, a que respondan la siguiente interrogante: ¿Cómo mejorar la gestión de información para conocer los impactos de los proyectos de carreteras en Loreto?».

«La comunicación de cada proyecto con todos los actores debe darse desde las fases iniciales. No debemos esperar a que el proyecto esté casi listo para recién comunicar cuáles son los impactos. Tiene que haber un acompañamiento social y técnico», indicó César Barreto. «Hay que trabajar en plataformas donde se integre toda la información. Desde proyectos sociales, productivos, y de esta manera conocer qué va a ocurrir ahí», agregó.

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Los invitados del segundo bloque debían responder la interrogante de ¿cómo mejorar la gestión de información para conocer los impactos de los proyectos de carreteras en Loreto? Foto: Jhonny Salazar / SPDA

«La información no está integrada de tal manera que permita al usuario a acceder de manera fácil. Además, esta debe involucrar a la sociedad civil, a las comunidades nativas, etc. Se tiene que empezar a superponer la información para empezar a definir un trazo que evite todos los problemas (…), existe información pero dispersa», indicó Otto Luna Echegaray, representante del Consorcio Saramiriza.

Una postura similar fue planteada por Mariana Montoya, directora de la WCS. «Se pueden difundir los criterios de priorización de los proyectos de carreteras y estos deben responder a las necesidades de la gente. Tienen que ser procesos más transparentes», mencionó. «Tenemos miradas muy individuales, no se tiene una mirada en conjunto del territorio. Ahí es donde la información se vuelve importante», agregó.

Foto: Jhonny Salazar / SPDA

La mesa de diálogo del tercer bloque estuvo conformada por Pedro Belber, especialista ambiental del Serfor; Andrea Domínguez de la Clínica Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); y Melina Tamara, responsable de la Unidad de Gestión Ambiental del Sernanp. Ellos buscaron soluciones en torno a la pregunta: «¿Con qué herramientas podemos aportar para gestionar la información y enfrentar los obstáculos en torno a proyectos de carreteras en Loreto?».

Respecto a las herramientas tecnológicas, Domínguez resaltó que estas permitirán tener «información sistematizada respecto a dónde existen áreas naturales protegidas, dónde existen diferentes derechos a comunidades. (…) Es necesario que esta información pueda estar abierta al público». También resaltó la importancia de reconsiderar dónde se debe iniciar la evaluación ambiental en los proyectos y que esto vaya de la mano con la generación de herramientas que muestren las consecuencias del incumplimiento a la regulación ambiental. «Esto se encuentra en la legislación, pero de manera dispersa», indicó Domínguez.

Foto: Jhonny Salazar / SPDA

Finalmente, el último bloque fue liderado por Raquel Soto, directora de la Dirección de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC); Isabel Calle, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA; y Rafael Pezo, director regional de transportes y comunicaciones del Gorel. Este espacio sirvió para resumir las principales conclusiones y acciones que se podrían implementar en un corto a mediano plazo.

«Hay muchos mecanismos que están regulados en las normas, pero necesitamos fortalecer la articulación. Se necesita que se transparente la priorización sobre una plataforma de un equipo de trabajo preparado», resaltó Raquel Soto.

Isabel Calle, directora de la SPDA, resaltó el reto que representa plantear procesos adecuados en un escenario político vinculado a casos de corrupción. «¿Qué criterios establecemos para la priorización de proyectos de infraestructura? Necesitamos criterios de transparencia, si no lo hacemos creemos que hay otros intereses de por medio. Además, necesitamos criterios de sostenibilidad ambiental. Los proyectos tienen que ser sostenibles y responder a estándares», precisó Calle.

Foto: Jhonny Salazar / SPDA

«Hoy estamos hablando de comunidades indígenas. Tenemos que entender que infraestructura en la Amazonía tiene que ver con afectación de derechos humanos. La inversión tiene ir acompañada de un crecimiento ambiental y social adecuado», agregó Isabel Calle, directora del programa Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA.

Finalmente, Rafael Pezo, director regional de transportes y comunicaciones del Gorel priorizó la elaboración de un manual en los tres niveles de competencia (nacional, regional y local) que permita trabajar de manera precisa. «También tenemos que tener claro los criterios de priorización, cada gobernante tiene su propio criterio. (…) Es necesario articular el trabajo que ahora está muy desordenado», mencionó.

Los resultados se verán plasmados en una hoja de ruta que finalmente deberá ser aplicado en un corto o mediano plazo. Tanto UTEC, como la SPDA, harán seguimiento a las ideas desarrolladas.