Carlos Chirinos

En entrevista con Actualidad Ambiental, Carlos Chirinos, consultor en temas de Derecho Ambiental y docente de Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya, resaltó la importancia del fortalecimiento Sistema de Fiscalización Ambiental debido a que legitima al Estado y puede prevenir conflictos socioambientales.

“Pienso que el Estado debe reforzar el sistema de revisión y fiscalización de EIAs con urgencia y aprovechar la facultad que tiene el Ministerio del Ambiente para revisar a discreción los EIAs de proyectos de gran envergadura y potencial impacto en la política ambiental”, sostuvo el especialista.

Chirinos también trató temas como el proyecto Minas Conga, la minería informal en Madre de Dios, el futuro de la OEFA, el OSINFOR, entre otros.

¿Cómo ve la relación que hay entre las políticas públicas y la cuestión ambiental en el Perú?
Tradicionalmente la relación ha sido muy tensa y compleja, primero porque subsiste la resistencia de algunos sectores en entender el tema ambiental como un soporte del crecimiento económico y se presenta ante la opinión pública desde la perspectiva del conflicto. En segundo lugar, porque resulta difícil engarzar sistemáticamente la cuestión ambiental en una estructura tradicionalmente sectorial como la peruana. De hecho, la creación del Ministerio del Ambiente es un avance sustantivo en el empeño por superar el modelo de coordinación de la gestión ambiental y por racionalizar las competencias en esta materia. El temor que existe es no darse cuenta de que esto es un proceso gradual, y se caiga en la tentación de que el nuevo Ministerio del Ambiente debe abarcarlos todo, sin hacer explícita una estrategia o plan de acción que involucre necesariamente tanto a los sectores como a los gobiernos regionales y locales.

Pero más allá de lo institucional, que es importante por cierto, ¿ve usted que el tema ambiental adquiera relevancia política?
Por supuesto que sí. Claro que la respuesta pasa por la percepción que cada uno tiene del tema ambiental. Si la entendemos como una variable fundamental del desarrollo sostenible, mi percepción es que está marcando la pauta del actual gobierno y está sirviendo de vehículo para definir buena parte de sus líneas matrices. Es un hecho que situaciones como la del proyecto minero Conga y sus implicancias ambientales en relación con el agua han servido para que el gobierno explicite aspectos importantes de lo que será su política de Estado. Por ejemplo, el principio “oro si y agua también”, tiene que ver con la priorización de un criterio tecnológico para la predicción del daño y con la necesidad de hacer esfuerzos por compatibilizar intereses económicos y sociales, cuando esto sea posible. Alguien podrá cuestionar que estas precisiones se hagan en el contexto de un proyecto específico, pero pienso que eso no debe sorprendernos, más aún cuando se trata de un gobierno que ha reformulado sus posturas político-económicas en función a los compromisos asumidos durante su campaña electoral, por lo que la gente le exigirá, por un tiempo, precisiones en la cancha. Puede aprovecharse el momento para establecer un “antes y después” respecto al tema ambiental, pasando por su presencia como parte de la agenda de debate público hasta llegar al tema de los cambios institucionales y normativos.

¿Y cuáles serían estas precisiones?
Lo que me queda claro es que se han dado cuenta de que “el diablo no está en los detalles”, sino que “está en los extremos”. Entonces, mensajes como “oro si y agua también” y la oportuna y reflexiva intervención del Ministro del Ambiente tiene que ver con la búsqueda permanente de puntos intermedios y no dejarse llevar por posiciones extremas, de uno u otro lado, que sustentan posiciones de fuerza, que en política no llevan a nada bueno. En ese sentido, la revisión de los EIA y la exigencia de mayores precisiones en los estudios de aguas resultan oportunas y necesarias. De otro lado, hay también una crítica al actual Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, al precisarse que la sustentabilidad del desarrollo pasa por la generación de recursos financieros con respeto al ambiente y las poblaciones locales, pero también por la sustentabilidad del gasto. Este punto debe formar parte del análisis de conjunto y donde el Estado debe realizar sus mayores esfuerzos.

Pero hay un tema de desconfianza que no parece estar siendo trabajado y que subsiste de los gobiernos anteriores. Nadie cree en los EIAs ni en los procesos de consulta que se han dado.
Eso es cierto, pero en lo particular me genera más desconfianza una política del “perro del hortelano”, que es excluyente y soberbia, en comparación con la del “el agua sí y el oro también”. Mi impresión es que el actual gobierno tiene claro ese problema. Pero hay que tomar algunas medidas concretas para aminorar el efecto desconfianza. Pienso que el Estado debe reforzar el sistema de revisión y fiscalización de EIAs con urgencia y aprovechar la facultad que tiene el Ministerio del Ambiente para revisar a discreción los EIAs de proyectos de gran envergadura y potencial impacto en la política ambiental. Esa es una carta que el Ministerio no juega aún. Existen sistemas muy modernos y eficientes de revisión de EIAs, como el que en su momento propuso la UNOPS a pedido del gobierno del Perú y que merecen ser implementados. De otro lado, ante la desconfianza que ha podido generar el actual régimen, lo que se observa es que el gobierno ha dado evidencias de no cambiar radicalmente el modelo económico y financiero y ello por una razón práctica y no ideológica: los resultados en el Perú son positivos. Sin embargo, no podemos ser injustos en negarles una seria preocupación por los desprotegidos del sistema que son la gran mayoría de peruanos, lo que se concreta en una nueva institucionalidad y políticas orientadas a proteger y brindar oportunidades a los más necesitados y asumir premisas claras de inclusión social con desarrollo.

¿Por dónde ve usted que el gobierno cojea en lo ambiental?
Mi impresión es que el proyecto que se está gestando en el Perú, que no es extremista, requiere de un sistema de fiscalización más potente y predecible, que sancione y corrija las infracciones o incumplimientos sociales y ambientales de las empresas –cualquiera sean éstas- y sancione y corrija la extracción informal y destructiva de los recursos naturales, como el caso del oro en Madre de Dios, que es realmente un crimen. Obviamente, deben acompañarse tales medidas de mecanismos efectivos de disuasión de la minería y la extracción forestal informales, que tienen un efecto muy fuerte en la desinstitucionalización del país. Se ha hecho un esfuerzo interesante con la creación del OEFA, pero la realidad es que no se está apoyando ni financiera ni técnicamente, lo cual constituye un error muy grande. Como siempre se ha dicho respecto a la institucionalidad ambiental en el Perú, esta debe tener “dientes” y en eso hasta ahora se ha avanzado poco.

Pero a nadie le gusta ser fiscalizado y eso no genera adherencias a los gobiernos. En la práctica ya se descabezó al OEFA y al OSINFOR. ¿Acaso el actual gobierno no quiere fiscalizar?
Al margen de las razones por las cuales se renunció a los presidentes de ambas instituciones, mi preocupación radica en la falta de reflejos para resolver este vacío de poder. No debemos olvidar que un buen sistema de fiscalización es un factor de legitimidad del Estado, un catalizador formal de conflictos y un instrumento efectivo de apoyo a la implementación de políticas públicas. Lo que la población reclama son mecanismos claros y transparentes de fiscalización. Ello podría evitar potenciales conflictos, siempre, claro, que se fortalezca la institucionalidad, independencia e imparcialidad de estas organizaciones. En efecto, a nadie le gusta que se le pongan límites y mucho menos que se le sancione, pero es esto sumamente necesario para construir ciudadanía responsable, sobre todo en el Perú.

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Foto: Reuters