Tras emitir un informe sobre la «Gran Marcha Nacional por el Agua», realizada en febrero del 2012, el presidente de la Misión de Observación Internacional para dicha manifestación, Pedro Arrojo Agudo, expresó su preocupación por la ley que exime de responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o muertes durante actos de servicio.
En carta enviada al Presidente de la República, Ollanta Humala (Ver carta), Arrojo calificó a la ley 30151 como una «licencia legal para matar». «No amparar la vida de las personas que ejercen derechos democráticos, como el de manifestación, supone una trasgresión de los derechos humanos que conmueve y conmoverá más aún a la opinión pública internacional si, como nos tenemos, llega a haber heridos graves e incluso muertos, al amparo de esta ley», señaló.
Arrojo recordó también que durante las manifestaciones contra el proyecto Conga en el 2012 se perdieron cinco vidas, las cuales aún permanecen en investigación. Por ello, agregó, la mencionada ley promoverá la impunidad en casos como este.
Ante los conflictos sociales, Arrojo recomendó al presidente Humala que se impulse una Iniciativa de Diálogo Nacional por el Derecho al Agua «que permita abrir un proceso de diálogo social en torno a los conflictos existentes, y en particular en torno al de Conga. Los promotores de esta iniciativa deberían ser instituciones y entidades no involucradas directamente en los conflictos abiertos, y que tengan alto prestigio moral en la sociedad peruana».
El informe sobre la «Gran Marcha Nacional por el Derecho al Agua» realiza un análisis de la manifestación, desde su inicio en Cajamarca, hasta su culminación en la ciudad de Lima. En este documento se resalta la respuesta pacífica de la marcha, tanto de la población como de los agentes del orden, y hace énfasis en «el evidente bloqueo mediático» y en la provocación de algunos que intentaban criminalizar la protesta.
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Foto: Archivo SPDA
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