Debido a los actos de violencia de la semana pasada en las inmediaciones de la laguna El Perol, en el marco de las protestas contra el proyecto minero Conga de Yanacocha, la Defensoría del Pueblo reiteró que «toda discrepancia sobre el futuro de un proyecto empresarial minero se debe tratar mediante los procedimientos legales y de los mecanismos de diálogo».

Según investigaciones, anunció la Defensoría, los manifestantes habrían participado en la destrucción de una antena de telefonía móvil, quemado una caseta de la empresa Yanacocha y privado de su libertad durante más de quince horas a un trabajador de la empresa Seguritas S.A.

“Los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a manifestarse públicamente cuando consideren que sus derechos pueden verse afectados o amenazados. Sin embargo, el ejercicio de este derecho es incompatible con todo acto de violencia, especialmente con aquellos que ponen en riesgo la integridad y libertad de las personas, la tranquilidad social y la propiedad”, dijo el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega.

Vega también señaló que el Ministerio Público debe esclarecer la forma en que ocurrieron los hechos e individualizar a sus autores. «La impunidad, en este caso como en otros, debilita a la autoridad pública, refuerza la idea errónea de que se puede recurrir a la violencia y deja sin sanción a los autores de los delitos», acotó.

Finalmente, en relación a las fuerzas del orden, el funcionario recordó que “toda intervención para restablecer el orden público, en caso que fuere necesaria, deberá hacerse en el marco estricto del respeto a los derechos fundamentales”.

Los dirigentes que lideran las protestas contra Conga anunciaron que en los próximos días reanudarán las marchas contra dicho proyecto de Yanacocha.

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Foto: Peru21