Escrito por Ramiro Escobar La Cruz para CDKN
América Latina lucha por encontrar su ruta no sólo hacia Durban, Sudáfrica, donde se realizará la próxima ‘Cumbre del Clima’ (28 de noviembre al 9 de diciembre), sino hacia una posición más o menos consensual en el escenario de las negociaciones climáticas, que acaban de tener logros modestísimos en la reciente reunión previa convocada por la ONU en junio pasado en Bonn, Alemania. Los acuerdos salen con fórceps, mientras la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) advierte que, en el 2010, los gases invernadero, atribuidos al uso energético, alcanzaron su mayor nivel histórico. ¿Qué tiene que pasar para que los Estados apuesten en serio por la mitigación del calentamiento global?
Copenhague, Cancún, Durban…¿Habrá una próxima estación sin que los 193 países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) adopten o la prolongación del Protocolo de Kioto o un nuevo instrumento legal, y global, que frene –detenga, neutralice o al menos alivie- la creciente amenaza del ‘efecto invernadero’? Cada vez que uno lee las noticias sobre el tema, por un lado tiende a deprimirse, pero también a confundirse por el “laberinto del proceso climático”.
Dicho título, acuñado por la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN, por sus siglas en inglés), parece describir bien lo que ocurre con todos los implicados y, más en concreto, con América Latina, que difícilmente encuentra un santo y seña, una causa plenamente común, como si ocurre, por ejemplo, con el continente africano. En parte por el distinto perfil político y económico de nuestro barrio regional, pero también porque, en el escenario tumultuoso de las negociaciones, no tenemos aún una voz de real peso.
Ellos sí, nosotros no
En la reciente reunión realizada en Bonn, se avanzó en negociar la gobernanza de los fondos de la ONU (provenientes del Fondo del Clima creado en Cancún 2010) y también en el diseño de lo que sería el Centro de Red y Tecnología, dos asuntos que competen a los países llamados “en vías de desarrollo”, como son casi todos los de la región (aun cuando Brasil, México y Argentina ya están en el G-20). No somos grandes emisores de gases invernadero (GEI), pero sí nos hacen falta dinero y tecnología,
¿Para qué? Para mitigar los efectos del calentamiento global y/o adaptarnos a los mismos. De allí que revistan de interés para esta parte del mundo otros dos temas puestos sobre la mesa negociadora de la ciudad de Beethoven (Bonn): las Acciones Adecuadas de Mitigación (NAMAs, por sus siglas en inglés) y los Programas de Acción para la Adaptación Nacional (NAPAs, también por sus siglas en inglés). La alta vulnerabilidad climática que nos envuelve convierte a estos laberínticos temas en sumamente vitales.
La situación de Honduras (lugar preferido de huracanes) y Perú (escenario privilegiado para el “Fenómeno El Niño”), por citar dos casos conocidos, son una prueba de por qué tendrían que voltear hacia acá los fondos, la tecnología, el mayor esfuerzo para mitigar y adaptarse. Pero también emerge acá, de los recovecos de la discusión, algo apuntado por Sam Bickersteth, director general de CDKN: cómo integrar las políticas climáticas con “la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y el desarrollo humano”.
Acá puede aparecer un primer bache para la negociación conjunta regional. Esos tres elementos, que generarían la aprobación de cualquier Jefe de Estado, pueden ser leídos de distinta manera, dependiendo dónde se pare uno. Un país como Brasil, que ya es miembro del grupo denominado BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), y una inevitable potencia emergente, puede poner reparos a asumir compromisos obligatorios de reducción de emisiones de GEI. Está en pleno despegue mundial y no le convendría.
De hecho, ese fue uno de los saldos de la reunión en Bonn, donde China y la India, otros BRICS, se unieron a esta negativa, con el manido argumento de que fueron los países ricos los que provocaron el calentamiento global, durante siglos, por lo que son ellos los que tienen que asumir el costo, legal y real, de las restricciones. Lo triste es que, en el otro lado, países como Japón, Rusia, Canadá, o hasta Estados Unidos (que no ha ratificado Kioto) se escudan en esa negativa para tampoco asumir más obligaciones.
En otras palabras: unos se niegan porque esos compromisos anti-GEI neutralizarían su ‘modernización’. Otros por una suerte de sensación de sentir que “porque sólo ellos”. En el medio, o en el fondo, yace un concepto maltratado de “desarrollo”, insuficientemente sacudido hasta ahora, que sigue imaginando el futuro como una proliferación de fábricas, megaciudades, artefactos. Cosas indispensables, sin duda, pero que también neutralizan la posibilidad de re-pensar qué es realmente “calidad de vida”
Otros laberintos
Pero los baches para una posición común no terminan allí. Como explica Eduardo Calvo, un científico peruano que es miembro del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, en “Latinoamérica el común denominador es querer un segundo período del Protocolo de Kioto”, pero difícilmente va a haber una “posición común”. México, verbigracia, ha conformado el denominado “Grupo de la Integridad Ambiental” y tiene ahí como aliados a Corea del Sur, Suiza, Liechtenstein y Mónaco.
Este grupo reclama un “paquete equilibrado” en las negociaciones (que incluya todas las dimensiones del problema climático) y además, dada su pequeñez, tiene más posibilidad de flexibilidad y de cabildeo. Las islas caribeñas (si pretendemos que Latinoamérica integre también a El Caribe) integran la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés) y están también los países de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), donde incluso Bolivia tiene una posición peculiar (1).
Estos países atribuyen la mayor responsabilidad histórica a los países del norte, aunque convendría señalar que Venezuela, gran productor de hidrocarburos, no parece muy interesado en una negociación que, de manera oblicua, cuestione el excesivo uso de combustibles fósiles. Numerosos países latinoamericanos pertenecen al G-77 más China (el G-77 es un reflejo, todavía vivo, de lo que fue el Movimiento de los Países No Alineados), cuyo problema mayor es el tamaño del grupo (son 131 países en realidad). Como el resto de grupos donde navegan los países de nuestra región, aboga por un segundo período de Kioto y sobre la necesidad de ajustar los mecanismos de financiamiento para los países menos desarrollados. Perú, por su parte, también participa del Grupo de los Países Más vulnerables, en donde también está Colombia. El laberinto, como se ve, es complicadísimo, y la puja por ganar espacio también.
A eso se suman la profusión de reuniones, de investigaciones científicas que se requieren, de expertos legales, todo lo cual insume un costo que debe ser asumido por países de menos recursos. Aunque algunos ya sean de PRM (Países de Renta Media), la necesidad de una mayor cooperación, en el tema climático y en otros, es vital. No con el propósito de depender, sino de crear amplios consensos, donde se distingan las “responsabilidades compartidas pero diferenciadas”, sin caer en la demagogia.
Tomando posición
Debe aceptarse, entre otras cosas, que nuestra mayor fuente de emisiones de GEI proviene de la deforestación, que también transitamos a un mayor uso de energía (hay que ver el crecimiento de estos factores en Brasil, por ejemplo) y que nuestro horizonte de “desarrollo” no debería ser ciego ante las alteraciones ambientales y la pobreza que eso acarrea. También debería bajarse el tono de denuncia, sobre todo si se reconoce que algunos países –Venezuela y Bolivia- son grandes productores de hidrocarburos.
Siguiendo a Calvo, el hecho de que la costarricense Christiana Figueres sea la actual secretaria de la CMNUCC también dice algo de la significación de América Latina, pero hace falta ser más “proactivo”. Lo peor sería escudarse en el enredo, en las posiciones cerradas. Difícilmente habrá una posición sólida, sin fisuras, pero al menos que camine hacia salvar no solo a Kioto sino a todo el planeta del despeñadero.
(1) Recuérdese que Bolivia fue el único país que no aceptó los acuerdos de Cancún, debido a que consideró que estos violaban el reglamento de las Naciones Unidas.
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Foto: Thomas Müller / SPDA
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