• El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de asegurar el cierre de brecha de titulación, y el reto de garantizar el saneamiento integral y eficaz de los territorios indígenas.

Pese a ser un país que alberga 55 pueblos indígenas y 2257 comunidades nativas reconocidas hasta la fecha, las políticas públicas durante años han excluido a estas poblaciones. En Perú, 625 comunidades nativas aún esperan acceder a un derecho necesario para tener garantías legales sobre el territorio que habitan ancestralmente: la titulación. Con esta gran deuda histórica llegó el país al Bicentenario, pese a que en mayo de 2019 el Gobierno de turno anunció la promesa de llegar a esta fecha con la brecha en cero.

¿Qué avances deja el Gobierno saliente?

Si bien no se cumplió con la meta trazada el 2019, el anuncio del compromiso permitió alertar sobre esta deuda pendiente.

Desde entonces, se dieron importantes pasos para avanzar con la titulación, como la aprobación del primer lineamiento sobre demarcación de comunidades nativas, la conformación de una comisión multisectorial a cargo de este tema, la identificación de comunidades pendientes de titular y con territorios a sanear, y la interoperatividad de los sistemas de catastro nacional. Además, se mejoró la coordinación entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales.

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“El Gobierno saliente ha identificado el número de comunidades pendientes de titular, así como aquellas que tienen títulos de propiedad no inscritos en registros públicos o que cuentan con un título insuficiente al no estar georreferenciado. Este segundo grupo no puede ser insertado en el nuevo sistema de catastro hasta que ello ocurra”, señala Katherine Sánchez, abogada del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

¿Por qué es tan importante priorizar este tema?

La titulación de los territorios es una de las principales demandas de los pueblos indígenas. Es como la llave que muchas veces necesitan para acceder a otros derechos colectivos. Por ejemplo, las posibilidades de implementación de servicios o infraestructura básica de salud o educación son mayores si cuentan con territorios saneados.

Asimismo, contar con un título les da mayores opciones para el desarrollo de actividades vinculadas al manejo forestal comunitario, el reconocimiento o inscripción de conocimientos tradicionales, entre otras opciones. En contraste a esto, la falta de un título de propiedad coloca a las comunidades en un estado de mayor vulnerabilidad, pues quedan a merced de invasiones y actividades ilegales.

“Nosotros como pueblos indígenas estamos muy preocupados por el nivel de deforestación que hay en los territorios indígenas sin titular, realizado por personas ajenas a las comunidades, básicamente relacionados con el cultivo de coca, con la extracción de madera y otras actividades ilegales”, denuncia el líder indígena Jorge Pérez.

La preocupación de la que habla no es para menos. Como se recuerda, en abril de 2020 Arbildo Meléndez, indígena Cacataibo de la comunidad nativa de Unipacuyacu fue asesinado por defender su territorio y buscar la titulación de este, un pedido que llevaba sin ser atendido por el Estado por más de 20 años.

“El tema de titulación de comunidades nativas es un tema que demora mucho en llevarse adelante”, lamenta Jorge Pérez y agrega que “este nuevo Gobierno tiene la tarea de revisar profundamente el proyecto PTRT3, asimismo de asignar recursos a la titulación de comunidades nativas, de tal manera que se les brinde la seguridad jurídica territorial a las comunidades nativas lo más pronto posible”.

Los retos que deberá asumir el nuevo Gobierno

“El nuevo Gobierno no solo tiene como reto asegurar el cierre de brechas de titulación de comunidades nativas sino también garantizar el saneamiento integral y eficaz de estos territorios”, comenta la especialista de la SPDA. Y es que, cuando se habla de seguridad territorial, la titulación es solo un primer paso.

En el contexto actual, en el país es necesario que se empiecen a tomar en cuenta otros dos procedimientos adicionales a la titulación: la georreferenciación y la ampliación. Lo primero, resulta necesario para evitar la superposición de derechos y conflictos limítrofes, al existir comunidades tituladas en épocas en que se empleaban mecanismos de tipografía clásica y, por lo tanto, no pueden ser incluidas en el sistema de catastro digital.

El segundo procedimiento, se trata de la emisión de un título sobre una extensión de territorio que se otorga como un adicional a una comunidad ya titulada. Esto, ante la necesidad verificada de una comunidad que debido al crecimiento de su población ya no posee tierras suficientes para satisfacer sus necesidades, por lo que requiere más espacio.

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La meta de cierre de brecha actual solo contempla la titulación, pero al no bastar esta para garantizar la seguridad jurídica territorial de los pueblos indígenas en Perú, el nuevo Gobierno tiene el gran reto de trabajar también estos temas.

“Si bien aspirábamos como país a cerrar esta brecha al celebrar nuestro Bicentenario, no es menos cierto que incorporar este compromiso en instrumentos de gestión pública nos permite planificar adecuadamente acciones y presupuesto específico para cubrir esta deuda histórica. La experiencia anterior construyó una plataforma que el nuevo Gobierno debe continuar o repotenciar para no retroceder en el tiempo”, afirma Katherine Sánchez.

Por su parte, el líder indígena Jorge Pérez advierte que aún hay un problema “muy grande de falta de voluntad política y gestión de parte del Estado para cumplir con las demandas indígenas”, por lo que exhortan tanto a los gobiernos regionales como al Gobierno central a “dar todas las condiciones para cerrar estas brechas”.

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