Foto: CEPAL
- Del 19 al 21 de abril de 2023, se llevó a cabo la segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú en Buenos Aires, Argentina.
Escribe: Fátima Contreras / Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA
El Acuerdo de Escazú es un instrumento de derechos humanos ambientales elaborado para y por América Latina y el Caribe. A la fecha, se encuentra en vigor con 15 países parte, quienes han ratificado el acuerdo y vienen participando en los espacios de deliberación y decisión para la implementación de los estándares que se desarrolla en el tratado.
Perú no forma parte del grupo de países implementadores porque el Congreso de la República no ha ratificado el Acuerdo de Escazú a pesar de ser un compromiso pendiente luego de su suscripción. Sin embargo, tampoco ha estado presente como un país observador, lo que nos invisibiliza y nos da un mensaje contradictorio sobre la prioridad que brinda a los derechos humanos ambientales.
La COP2 del Acuerdo de Escazú convocó a delegaciones de 20 países, entre los países parte y países observadores, expertos y expertas de distintos organismos internacionales económicos, así como a miembros de la sociedad civil de los países de la región de América Latina y el Caribe. Los puntos de agenda clave de esta reunión fueron la presentación del índice del Plan de Acción para personas defensoras de América Latina y el Caribe, y la elección de los miembros del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
Desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) brindamos el siguiente balance destacando los avances, los desafíos y los puntos pendientes para continuar con el proceso de implementación de este tratado:
1. El Acuerdo de Escazú ya cuenta con los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento
Este órgano subsidiario está regulado en el artículo 18° del Acuerdo de Escazú, en donde indica que tiene carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo para examinar el cumplimiento del acuerdo. Los expertos y las expertas del comité podrán formular recomendaciones a los países para superar desafíos nacionales y potenciar sus esfuerzos.
Así, durante esta reunión se eligieron a los miembros del comité luego de un proceso de selección de los países que conforman la mesa directiva.
Los miembros de este grupo son: Eduardo Acuña (Chile), Mariana Benglio (Uruguay), Andrés Napoli (Argentina), Félix Wing (Panamá), Carole Stephens (Jamaica), Rita Joseph-Olivetti (Granada) y Patricia Madrigal (Costa Rica). Los cuatro primeros integrantes conformarán el Comité por 4 años consecutivos y los tres últimos, por 6 años consecutivos.
El Perú aún no ratifica el acuerdo y ello está en manos del Congreso. Foto: Escazú Ahora
2. El desafío de garantizar la participación inclusiva en el proceso de implementación
Durante la COP 2 de Escazú, el público tomó la palabra para dar a conocer a los países y a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien actúa de secretaría del Acuerdo de Escazú, la necesidad de optimizar y fortalecer sus mecanismos de participación.
De acuerdo con la CEPAL, recibieron alrededor de 500 solicitudes del público para participar en la COP2, y aprobaron 350 registros. Sin embargo, resulta indispensable que la participación activa del público no sea restrictiva y, por el contrario, garantizar que haya representación del público, de organizaciones indígenas y personas defensoras, puesto que son actores clave para el proceso de discusión.
3. Asuntos pendientes de cara a los próximos espacios de negociación
Uno de los primeros puntos pendientes y prioritarios para la implementación del Acuerdo de Escazú es la aprobación del índice de Plan de Acción para personas defensoras de derechos humanos ambientales.
Este plan fue una decisión de los Estados parte en el primer Foro de defensores y defensoras ambientales en el marco del Acuerdo de Escazú, llevado a cabo en noviembre de 2021 en Quito (Ecuador).
Según lo establecido en la COP2, esta propuesta será sometida a consulta pública por dos meses, de manera que sea presentada en el Segundo Foro de defensores y defensoras que se llevaría a cabo en Panamá en noviembre de este año.
Finalmente, los representantes del público solicitaron incluir la elaboración del Plan de Género en el marco del Acuerdo de Escazú como un punto de agenda en la siguiente COP que se llevaría a cabo en Santiago de Chile, en abril del próximo año.
Sin duda alguna, la implementación del Acuerdo de Escazú ya ha empezado y viene generando espacios de cooperación y colaboración entre países de la región.
Mientras Perú no ratifique el acuerdo no podrá participar activamente en estos espacios. Esto es lamentable y, en definitiva, un retroceso luego de haber impulsado la elaboración del Acuerdo de Escazú con la visión de que América Latina y el Caribe cuente con un primer tratado ambiental que ponga en agenda la protección y defensa de los derechos ambientales de las personas, particularmente, de los más vulnerables.
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