Ayer en conferencia de prensa, los comisionados Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja presentaron un Informe en Minoría de la Comisión Especial que investigó los sucesos de Bagua, del pasado 5 de junio del año pasado.
En el informe se concluye en que el operativo policial del 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo “fue mal planificado, equívoco, improvisado e irresponsable”.
Se indica, además, que la operación de desbloqueo de la carretera Fernando Belaunde, en Bagua “tenía objetivos políticos y de imagen que iban más allá que lo que corresponde a un operativo de desalojo de civiles” y por esto, “fue extremadamente desproporcionado, introduciendo elementos de riesgo innecesarios”.
Más extractos del informe:
“(…) existen responsabilidades en los altos mandos a cargo del operativo, pero no puede negarse la grave responsabilidad, por acción u omisión, de las autoridades a cargo del sector Interior y del sector Defensa”.
“El operativo policial del 5 de junio del 2009 en la Curva del Diablo fue mal planificado, equívoco, improvisado e irresponsable. Pudo y debió evitarse y nada hay que justifique la contundencia con que se planeó y llevó a cabo”
“Las autoridades civiles, militares y policiales que intervinieron de una u otra manera en la definición del carácter del operativo no tomaron en cuenta la moral, la capacidad de resistencia y la cultura de aquellos a quienes se pensaba imponer un desalojo humillante, sin entender los manifestantes indígenas estaban allí por razones trascendentes para su vida”
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PATRICIA WIESSE RISSO CALIFICA INFORME EN MINORÍA DE BAGUA
RESUMEN
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Perú: Informe Bagua en Minoría: Los puntos sobre las íes. Patricia Wiesse Risso miembro del Instituto de Defensa Legal . Si se tuviera que calificar con una palabra el Informe en Minoría de la …www.servindi.org/actualidad/24491
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Si se tuviera que calificarlo con una palabra, diria: RIGUROSO. No diria objetivo, porque sabemos que la objetividad no existe, diría que es IMPARCIAL.
Ha tomado en cuenta valiosos testimonios que el anterior Informe no recogió y, a partir de ese material, hace un análisis coherente y sólido de los hechos que intenta desentrañar LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO, así como las motivaciones de los pueblos indígenas. Aborda las raíces del conflicto y no se corre de las precisiones.
Es rico en información y revela detalles que no se conocían. Nada es “relleno” en este documento.
NO HAY «AZUZADORES»
El Informe oficial estaba plagado de acusaciones contra los supuestos azuzadores “que manipularon a los indígenas y los llevaron a radicalizar sus medidas de lucha”. Al revisar el punto sobre las causas en el Informe en minoría queda claro que hubo una motivación de los pueblos indígenas que querían frenar el recorte de sus derechos territoriales. los indígenas sabían exactamente por qué estaban luchando: el conflicto fue el remate de un ciclo en el que se produjeron choques constantes entre visiones de desarrollo divergentes. Unos valoran su territorio por encima de todo y los otros la posibilidad de generar riqueza a partir de la inversión de las empresas extractivas, DESESTIMANDO LOS DERECHOS INDIGENAS. Si a esto se suma la imposición de una legislación inconsulta e inconstitucional, la chispa se prende.
Los ex comisionados hacen un minucioso recuento del progresivo deterioro de la seguridad jurídica de los territorios indígenas que viene de la época de Fujimori, cuando se eliminaron garantías como la inalienabilidad e inembargabilidad de las tierras comunales. Se introdujo en la normatividad nociones amenazantes como el concepto de tierras en abandono, promoción de la parcelación o enajenación de las tierras colectivas. Paralelamente, el proceso de titulación de las tierras comunales se detuvo casi por completo, mientras se priorizó la titulación de parcelas individuales.
15 AÑOS DE SERUCHO A TERRITORIOS INDIGENAS
La amenaza pasó de latente a real cuando varias de las áreas identificadas como posibles reservas territoriales se convirtieron en lotes petroleros o en zonas de extracción forestal. Los últimos quince años han sido de zozobra al encontrarse rodeados o encima de concesiones petroleras y gasíferas. No existen territorios indígenas sin lotes superpuestos. 75% de su territorio ha sido concesionado, sin ningún procedimiento de consulta. (Póngase usted en su lugar).
Según señala el Informe, no existió mayor azuzador de las tensiones que el artículo El perro del hortelano, escrito por el presidente García en tres entregas durante los meses de octubre y noviembre del 2007. Una posición polarizada en contra de la propiedad comunal, considerándola un estorbo que frena la entrada del libre mercado.
LA ESTOCADA FINAL: 100 DECRETOS LEY LESIVOS A LOS INDÍGENAS DEL EJECUTIVO
A fines del año 1997, el Congreso le delega facultades al Ejecutivo para que legisle y se pueda implementar el TLC con Estados Unidos. Ni corto ni perezoso, expidió 99 decretos sin que las comisiones del Congreso encargadas de su revisión los conocieran. (El paquetazo del TLC se le llama con ironía y sin pizca de nostalgia). Los ex comisionados sostienen que se legisló sobre puntos que no tenían que ver con el tratado sino con los recursos de la región amazónica. AIDESEP analizó un total de 34 decretos donde sus intereses se veían afectados.
Juristas y ONGs especializadas en el tema han detectado múltiples violaciones constitucionales en dichos decretos. El territorio se volvía vulnerable, se podía embargar y ya no era imprescriptible porque legalizaba las invasiones. Las comunidades no controlarían el agua y los bosques y estos inmensos pulmones se podrían recalificar como tierras agrícolas privatizables.
El Informe hace mención nada menos que a 15 textos de especialistas que profundizan en las implicancias jurídicas de las normas que desencadenaron las protestas indígenas, y contiene un buen análisis.
SE PUDO EVITAR …PERO QUESQUÉN HIZO DE DIABLO
El 9 de agosto del 2008 se inicia la primera movilización que culmina con la derogatoria de los decretos 1015 y 1073. En el Congreso se formó una comisión especial encargada de buscar soluciones definitivas al problema suscitado. Su propuesta fue que se debían derogar 10 decretos más. Para los ex comisionados, si se hubiera tomado en cuenta el informe de esta comisión, se podría haber resuelto el conflicto.
A fines del 2008, el entonces presidente del Congreso, Velásquez Quesquén, y el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, firmaron un acta donde se ratificaba la voluntad del Congreso de debatir el pedido de derogatoria de los decretos, cosa que no hicieron. La responsablidad del actual Primer Ministro queda resaltada. La pita se estiró hasta abril del 2009, fecha en la que se reinicia la protesta. Lo que hizo el gobierno en ese lapso de tiempo fue, mas bien, insistir con mucha fuerza en la tesis de que los decretos eran imprescindibles.
El Informe hace especial hincapié en el lamentable papel que cumplió la ministra Mercedes Araoz . Sostiene que mintió al reiterar hasta el cansancio que sin el DL 1090 el TLC “se caería”.
También deja al descubierto la maniobra de la mayoría del Congreso que, un día antes de los sucesos, aprovecha la tardanza del grupo nacionalista y acuerda postergar el debate que pudo haber derogado el decreto sobreprotegido por la ministra. Una burla más sí importa.
EL CENEPA (LA CORDILLERA DEL CÓNDOR) ES UN POLVORÍN
Antes de analizar los imperdonables errores del operativo, Manacés y Gómez afirman que los awajún y wampis no fueron manipulados ya que tenían sobrados motivos para unirse a la protesta, algo que no se menciona ni por asomo en el Informe oficial y que enfoca desde otro ángulo el conflicto.
En el Cenepa existen tres problemas no resueltos. El primero tiene que ver con el enfrentamiento entre las comunidades y las mineras de la Cordillera del Cóndor. El segundo con la concesión del lote 116 a la empresa petrolera HOCOL, que se superpone a casi un centenar de comunidades awajún-wampis. El tercero saca algunos trapitos al aire y se refiere al recorte del parque nacional Ichigkat Muja a favor de la minera Afrodita que se opuso desde un inicio a la propuesta de su creación porque había adquirido algunas concesiones a través de un irregular lobby con las Fuerzas Armadas y la Cancillería peruana. Es por eso que las comunidades del Cenepa fueron las primeras en desplazarse a la Estación 6. Para ellas los decretos no eran una futura amenaza sino que plasmaban una temida realidad.
OPERATIVO DECIDIDO EN LO ALTO
Los dos ex comisionados regresaron a la zona, recorrieron los alrededores de la Curva del Diablo y subieron al cerro donde ocurrió el enfrentamiento para reconstruir los hechos y posteriormente analizar el enfrentamiento, apoyándose también en fotos y videos. Hasta este momento, no existe una mejor reconstrucción del fatídico operativo. Sobre el mismo, Mercedes Cabanillas declaró ante la Comisión que hubo una presión de los empresarios del sector hidrocarburos “que venían a tocar las puertas gubernamentales” porque tenían sus instalaciones cercadas. Debido a ese apremio ella decide, el 2 de junio, efectuar cambios en los altos mandos policiales. Se necesita ser muy ingenuos para no darse cuenta que los recambios estaban relacionados con el giro en el manejo del paro indígena.
SEGUIDILLA DE ERRORES
Cinco errores garrafales y una seguidilla de horrores Se menciona la declaración del presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas, Oswaldo Bautista, que ha sostenido que las pruebas de absorción atómica practicadas a los 4 indígenas fallecidos en la Curva establecieron que estos no habían disparado armas de fuego. Los fiscales han determinado que todo el armamento incautado pertenecía a la DINOES. Se hace énfasis en que las armas de fuego fueron arrebatadas a los policías durante el enfrentamiento cuerpo a cuerpo que tuvo lugar luego que los primeros tiros de bala efectuados por la policía tuvieran consecuencias letales, ocasionando dos muertos y tumbando a Santiago Manuin.
Los ex comisonados descartan la versión de Muguruza sobre “una emboscada”. Sostienen que ello implicaría que los indígenas aguardaban a los policías en el cerro y con armas. Por el contrario, en la madrugada solo había dos pequeños grupos de vigilancia en el cerro y, en ese momento, los grupos se encontraban preparando el desayuno.
SANGRE DERRAMADA EN ESTACIÓN 6 FUE GATILLADA POR INTENTONA DE DESALOJO DE CARRETERA
En este punto existe coincidencia con el Informe oficial: lo ocurrido en la Estación 6 tuvo su origen en el operativo de desalojo de la carretera y que la población sobrepasó a sus líderes. Ambos son categóricos cuando sostiene que lo ocurrido en la Estación 6 , que terminó con la muerte de 12 policías, viola el derecho a la vida y sacude la conciencia. A renglón seguido agregan que este hecho no puede desligarse de la intervención armada en la Curva. Mencionan que la respuesta cultural respondió a la lógica corporativa que manda actuar contra los responsables que dañaron “a uno de los nuestros”. Por eso no hubo represalias contra los empleados de la empresa ni otros pobladores.
RESCATE DE ESTACIÓN 6 ABORTADO
Pocos conocen que existió un plan de rescate para la estación 6.
BALA EN BAGUA GRANDE Y BALA EN BAGUA CHICA
Lo que ocurrió en las dos Baguas fue pobremente mencionado en el Informe oficial que hizo referencia solo a los actos vandálicos. Sin embargo, los cinco civiles muertos no ocuparon un espacio entre sus páginas. Por eso, el capítulo dedicado a relatar y analizar lo ocurrido en esas dos ciudades cobra especial relevancia.
CONTINÚA ZOZOBRA JURÍDICA INDÍGENA Y REBELDÍA GUBERNAMENTAL A RECOMENDACIONES
Para los ex comisionados las razones que fundamentaron el conflicto siguen inalteradas. Se mantienen las condiciones de inseguridad jurídica para los pueblos indígenas ya que el gobierno está ignorando olímpicamente las recomendaciones de las cuatro Mesas de Trabajo que presentaron sus resultados. Tampoco se ha debatido la Ley de Consulta, pese a todas las presiones recibidas..
No es un Informe que lance acusaciones sin ton ni son, tampoco señala responsabilidades penales. Se pronuncia en forma responsable solo sobre lo que le consta.
Dice lo que los otros no han dicho. No se lava las manos.
bertoldoybertoldino@gmail.com