Autoridades acuerdan medidas a favor de los defensores ambientales en Madre de Dios

Foto: Jaime Tranca / SPDA

  • Uno de los acuerdos es elaborar medidas para fortalecer el Plan Restauración, activo desde junio del 2021, con el fin de reducir el avance de la minería ilegal en la zona de La Pampa.

 

Tras el reciente asesinato de Juan Julio Fernández Hanco, defensor ambiental y hermano de Germán Fernández, uno de los coordinadores del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, este viernes 25 de marzo representantes del Gobierno Regional de Madre de Dios, sociedad civil, la Prefectura Regional de Madre de Dios y Defensoría del Pueblo se reunieron para llegar a acuerdos sobre cómo ofrecer una mayor protección a los defensores y, además, lograr disminuir la violencia en la región. 

Avances en el caso Juan Fernández

Respecto a la investigación del asesinato de Juan Fernández, el representante de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios, Guimo Loaiza Muñoz, indicó que se ha identificado al autor del crimen, pero que todavía no se ha logrado su detención. “Con el avance de las investigaciones se puede lograr su detención preventiva. Además, se nos informó que en estos días se ha logrado la detención de tres personas en La Pampa durante un operativo, pero esto es muy aparte al caso del señor Fernández”, precisó.

Asimismo, aseguró que tanto Germán Fernández como su familia tienen actualmente garantías otorgadas y la policía está realizando patrullaje con el fin de evitar nuevos ataques. 

Foto: Gobierno del Perú

Cambios y medidas en el Plan Restauración 

El congresista por Madre de Dios, Eduardo Salhuana, quien también participó de la reunión este viernes en las instalaciones del cuartel Fuerte Pachacútec, fue enfático en señalar la gravedad del ataque a un defensor ambiental y se comprometió a trabajar en una propuesta para disminuir la violencia en la región

Asimismo, resaltó su preocupación en el desarrollo del Plan Restauración (enfocado en acciones de restauración en áreas impactadas por la minería ilegal) sin la participación de las autoridades regionales y locales. 

Por su lado, Guimo Loaiza Muñoz detalló que actualmente el Plan Restauración hace incidencia en solo uno de sus ejes: seguridad a través de las interdicciones. “Los otros cinco (ejes) no se han podido informar porque están a cargo de otros ministerios. Lo que sí se ha pedido es mayor presencia policial, porque ocurren muertes a diario en la zona. Se sabe que en el kilómetro 68 hay un puesto de control controlado por personas que se dedican a la minería ilegal. Hay policías cobrando cupos en la zona, y se estima que desde el km 68 al km 115 se han vuelto a ubicar los ilegales, ya que acabado el Plan Mercurio retornaron al lugar. Por eso los concesionarios cercanos a la Reserva Nacional Tambopata han pedido más intervención policial, porque no pueden acceder a sus predios por temor a represalias”, alertó Loaiza.

Consultado sobre la efectividad del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, Loaiza indicó que todavía no se ha logrado garantizar la vida de las personas. “Definitivamente debe fortalecerse (el mecanismo) sobre todo darse las garantías. Hemos pedido, por ejemplo, que las patrullas de las carreteras estén próximas a las viviendas de las personas que tengan garantías para que puedan acudir de manera inmediata. Este lunes habrá una reunión con el Minjusdh donde esperamos hablar sobre el tema, finalizó. 

Como se recuerda, el último domingo Juan Julio Fernández fue hallado muerto de dos impactos de bala en la vivienda de su hermano, Germán Fernández, miembro del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata. Con su muerte asciende a 14 los defensores asesinados durante la pandemia según registros recogidos por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) de organizaciones indígenas y el Estado Peruano. Dos días después se supo de los asesinatos a tres líderes indígenas que luchaban por la defensa de su territorio en el distrito y provincia de Puerto Inca, Huánuco, frente al avance de la minería ilegal.



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